Por Verónica Moyano
Por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se encuentra en tratamiento en el senado mexicano la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos cuyo objeto es el de regular la industria del juego de manera tal que no resulte vulnerable para la corrupción y el lavado de dinero.
Por tratarse de una industria millonaria, que en la práctica ha demostrado en todo el mundo ser especialmente atractiva para que las organizaciones criminales infiltren el dinero sucio producto de sus actividades delictivas es que, organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han advertido la importancia de generar un marco regulatorio específico para el sector que contemple dicho riesgo.
En este sentido en muchos países se ha dado sanción a leyes específicas en el sector con apartados dedicados a prevenir el riesgo concreto de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y en muchos otros, como en el caso de México, nuevas reglamentaciones se encuentran en estudio.
Los casinos, por definición del GAFI, deben aplicar las normas de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo ya que si bien en su operatoria diaria ofrecen apuestas por entretenimiento, también tienen relevancia financiera por el tipo de operaciones que realizan como: cobros y pagos de importantes sumas en efectivo, otorgamiento de crédito a sus clientes, movimientos con tarjetas de crédito, débito, prepagas y travellers checks, entre otras.
El Proyecto mexicano
Este proyecto de ley, que intenta sustituir a la ley vigente desde 1947, define las bases y límites a juegos y sorteos “en todas sus modalidades” –incluidos los organizados por instituciones educativas, religiosas y partidos políticos-.
– La nueva ley, de ser aprobada, fija en 21 años la edad mínima para participar en juegos y sorteos y reconoce el derecho a la autoexclusión, mecanismo mediante el cual a una persona con ludopatía manifiesta en forma voluntaria, se le impedirá ingresar a los casinos.
– Propone crear una nueva autoridad con la facultad de regular, vigilar, certificar y sancionar a los involucrados en la industria del juego. Dicha autoridad será el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un organismo público descentralizado con autonomía de gestión directiva y administrativa, cuyo titular dependerá directamente del secretario de Gobernación, quien lo podrá nombrar “por tiempo indefinido” y remover libremente.
– Si bien los permisos actuales mantendrán su vigencia, en el proyecto se advierte que los nuevos se otorgarán sólo por un plazo mínimo de un año y máximo de 10, cuya renovación irá de 10 a 15 años.
“Los permisos no son transferibles y no se podrá vender un permiso sin la autorización del instituto, se vigilará que en los convenios de permisionarios con operadores no se traslade la propiedad y el control del permiso al operador, quedando esto último estrictamente prohibido. Para dar de alta un convenio con un operador, éste deberá tramitarse ante el instituto por el permisionario y no por el operador” –advierte el documento del proyecto.
Contra la corrupción y el lavado
Entre los objetivos de la nueva ley está la prevención, el control y el combate los efectos negativos de los juegos y sorteos. Entre los efectos negativos se encuentran la realización de “operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), posibles riesgos de ludopatía, mafias y crímenes, y afectaciones en la familia”, de ahí la necesidad de generar acciones para combatir el fenómeno criminal.
“Dado que la naturaleza de las actividades de juegos y sorteos atrae actividades delictivas, como es el lavado de dinero, se deberán establecer mecanismos que permitan acciones de coordinación con la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, Unidad de Inteligencia Financiera y con la Secretaría de Economía” – puntualiza el documento.
En la nueva ley se especifica que los casinos o casas de apuestas deberán notificar a Hacienda cuando un jugador gane o pierda más de 40 mil pesos. También prevé la creación de un padrón de jugadores por casino, no obligatorio.
Según analiza la directora general de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, quien trabajó en el proyecto, la falta de procesos o de medidas concretas determinadas por la justicia en relación a casos de funcionarios implicados en tramas de corrupción en el sector casinos, se hace necesario que una nueva ley contemple la posibilidad de llevar adelante acciones para combatir la corrupción de los servidores públicos.
“Dada la percepción que sobre el tema de los juegos y sorteos se tiene en el país, la incorporación de un apartado dedicado a servidores públicos que transgredan la ley constituiría un mensaje importante en pro de la legalidad en el desarrollo en la industria del juego” – manifestó la funcionaria.
En relación a ello, en el capítulo “De control y vigilancia” de la nueva ley, se establece que el personal del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos participará regularmente en cursos de capacitación, será certificado y sometido a exámenes de control de confianza
En caso de aprobarse, la Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables entrará en vigor a los 60 días de su publicación –mismo plazo para el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos–, cuyo reglamento se publicará a su vez en un plazo no mayor a seis meses.
