Por Verónica Moyano
La rigurosidad con la que Estados Unidos sanciona a aquellas entidades de servicios financieros que violan las restricciones a las transacciones comerciales con países designados como Cuba, Irán, Sudán y Myanmar le ha significado a importantes instituciones financieras internacionales millonarias multas e inhabilitaciones en reiteradas ocasiones.
En la última semana, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) anunció la aplicación de una multa por U$S 25 millones contra la gigante firma de consultoría Price Waterhouse Coopers (PWC) por ocultar información de uno de sus clientes.
Además de la millonaria multa, PWC fue sancionada con una suspensión de dos años donde la firma no podrá realizar servicios de consultoría regulatoria a instituciones financieras supervisadas por el NYDFS.
La maniobra
La sanción surge de una auditoría realizada por el ente supervisor estadounidense donde se constató que la firma de consultoría había entregado un informe alterado sobre sanciones y cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero de uno de sus clientes, el Bank of Tokyo Mitsubishi.
Un año de investigación del departamento de servicios financieros reveló la evidencia de que PwC alteró un informe de “revisión histórica de transacciones” que envió a los reguladores sobre las transferencias electrónicas del banco con la entidades y países sancionados.
De acuerdo con el NYDFS, el despacho de consultores consintió en eliminar, bajo presión de su cliente, advertencias a reguladores sobre esquemas empleados por el banco para “falsificar información sobre transferencias para Irán, Sudán” y otras entidades sujetas de sanciones por Estados Unidos.
Según palabras del Superintendente del NYDFS, Benjamin M. Lawsky, “cuando los ejecutivos de los bancos presionan a un consultor para darle cal blanca a un pretendido informe objetivo para el regulador – y el consultor lo acepta. Ello puede herir gravemente el corazón de nuestro sistema prudencial de supervisión”.
El banco japonés había sido sancionado en 2013 por las autoridades estadounidenses con una multa de 250 millones de dólares por haber llevado a cabo transacciones ilegales con Irán entre 2002 y 2007.
Gracias a la ayuda de la firma consultora, los nombres de algunos clientes iraníes del banco japonés pudieron evitar ser “detectados”. Según trascendió, algunos fragmentos y párrafos enteros desaparecieron entre un informe y otro.
En el comunicado, el ente regulador, sostiene que existe evidencia de que el director de PWC manifestaba una mayor preocupación por la satisfacción del cliente que por la necesidad de un trabajo de investigación objetivo.
En este sentido, la empresa no infringió ninguna ley pero no mostró la integridad ni los objetivos que se esperaban de ella que, precisamente debería prestar un servicio orientado al asesoramiento de sus clientes en función del cumplimiento y las mejores prácticas en relación a los estándares internacionales y no facilitándoles mecanismos de ocultamiento y violación de los mismos.
Ante la sanción impuesta, la firma PWC aceptó pagar la multa y separó de su gabinete de asesoría a los principales responsables de la situación a la que llegó la firma frente al ente regulador estadounidense. Por otra parte, la consultora acordó implementar una serie de cambios en sus procedimientos para ayudar a abordar los conflictos de interés.
En la misma línea
En ente regulador bancario de Nueva York no solo fue centro de las noticias en la última semana por la multa impuesta a PWC ya que también se conoció que el banco británico Standard Chartered aceptó pagar una multa de $300 millones de dólares impuesta por el organismo por no haber realizado mejoras en sus controles para detectar lavado de dinero.
La multa que deberá afrontar en banco británico tiene su origen en una sanción impuesta por Nueva York en el año 2012, cuando le aplicó una multa por 340 millones de dólares por violar el embargo de transacciones con clientes iraníes, conminándolo en esa oportunidad a mejorar su sistema de detección de operaciones sospechosas, cosa que el banco incumplió.
Por tal motivo es que en la actualidad, el banco deberá pagar 300 millones de dólares adicionales, quedando a su vez suspendido para realizar ciertas operaciones de compensación de dólares sin la aprobación del estado de Nueva York.
“Si un banco no puede cumplir con sus compromisos, habrá consecuencias“, dijo Benjamin M. Lawsky. “Esto es particularmente cierto en un área tan grave como el cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero, que es vital para ayudar a prevenir el terrorismo y los abusos de los derechos humanos“, agregó el Superintendente del NYDFS.
La entidad bancaria ha decidido aceptar las imposiciones del ente regulador para evitar mayores complicaciones a futuro.
