La familia Pinochet enfrenta más problemas y procesos en las cortes chilenas. Deben pagar fianzas para no ser detenidos en los próximos días por evasión fiscal.
La justicia chilena ordenó el lunes el procesamiento de varios integrantes de la familia y allegados del ex dictador chileno Augusto Pinochet en el marco de la investigación del caso de lavado en el Riggs Bank de Washington.
Según la resolución, el procesamiento se debe a “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas”; y a “omisión maliciosa de declaraciones”.
Carlos Cerda, el juez a cargo de la causa procesó por evasión impositiva de varios millones de dólares a la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, al igual que cuatro de sus hijos, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio; la esposa de Marco Antonio, Soledad Olave; la ex secretaria personal de Pinochet, Mónica Ananías; y su ex albacea, Oscar Aitken.
Además, Cerda procesó a Augusto Pinochet (h), sus hermanas Lucía, Jacqueline y María Verónica por falsificación de pasaportes.
Cerda se hizo cargo del caso contra Pinochet y su familia luego de que Sergio Muñoz, el juez original a cargo de la investigación, fuera designado ministro de la Corte Suprema de Chile a finales del año pasado.
Prisión para familiares
Lucía Hiriart, Marco Antonio Pinochet, Mónica Ananías y Oscar Aitken ya obtuvieron la libertad bajo fianza tras ser procesados anteriormente como cómplices de fraude al fisco.
Pero si el resto de los encausados no paga una fianza establecida por el juez para otorgarle libertad condicional, quedarían detenidos en los próximos días.
Según el fallo, el juez Cerda establece que la esposa del ex dictador y su hija Lucía perjudicaron al estado chileno entre los años 2000 y 2005 por unos US$900.000 cada una, mientras que Marco Antonio evadió unos US$250.000 entre 1999 y 2004. En el caso de su hija Jacqueline, el monto evadido asciende a US$50.000. Mientras que la otra hija, María Verónica debe unos US$1.000; la esposa de Marco Antonio, Soledad Olave, US$70.000; la ex secretaria del ex dictador Mónica Ananías, US$180.000; y el ex albacea Óscar Aitken, unos US$3,4 millones.
Los fondos ocultados por el ex dictador y su relación con Aitken habían sido descubiertos en una investigación realizada por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU. La investigación se centró en la relación que banco Riggs mantuvo con embajadas, diplomáticos y políticos extranjeros en la capital estadounidense.
Tras los informes del senado de EE.UU., el juez Muñoz comenzó su propia investigación en Chile en agosto de 2004, para determinar si Pinochet y sus familiares y allegados habían cometido algún delito bajo la justicia chilena.
La situación del ex mandatario
En el caso Pinochet mismo, ya se encontraba procesado por haber presentado declaraciones “maliciosamente incompletas”; confección y uso de cuatro pasaportes falsos; falsificación de dos certificados atribuidos a la Subsecretaría de Guerra, y elaboración y extensión de una declaración jurada falsa- el Servicio de Impuestos Internos calcula que debe unos US$2,7 millones al fisco chileno.
Se encuentra en libertad provisional luego de haber pagado una fianza de unos US$12.000. La defensa apeló al procesamiento y está pendiente una decisión de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Paralelamente, otro tribunal aceptó la solicitud que realizó el juez Muñoz poco tiempo antes de ingresar a la Corte Suprema, de que el ex gobernante sea despojado de su fuero para investigar la utilización de fondos reservados en beneficio propio y de su familia, por una suma de unos US$2 millones. Resolvió desaforar a Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos.
En la solicitud, el juez acusó a Pinochet del traspaso de fondos desde las cuentas de la Casa Militar en el banco Riggs a sus cuentas personales y de sus allegados.
El avance de la causa con un nuevo juez
Cerda tomó una serie de medidas en este caso, como por ejemplo, la designación de peritos arquitectos para que le informen el valor que tuvo la construcción de propiedades por parte del ex dictador.
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (
En anteriores resoluciones, el juez Cerda ya había establecido que entre 1999 y 2004 el ex dictador había perjudicado al fisco en más de US$2,5 millones, provenientes de operaciones financieras realizadas en más de 150 cuentas bancarias asociadas a él, su familia y colaboradores cercanos o empresas ligadas. Sólo en el extranjero, precisó Cerda, Pinochet obtuvo ingresos por más de US$25 millones.
Ver causa por evasión fiscal (2MB)
Ver causa por falsificación de pasaportes
Ver sección de Lavadodinero.com sobre el caso
