Los dos poderosos senadores estadounidenses que han estado haciendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) agudas, y poco comunes, preguntas sobre su efectividad a la hora de rastrear los fondos de los terroristas nuevamente han alzado su voz. Esta vez están cuestionando si una ley federal que prohíbe a las compañías estadounidenses llevar a cabo negocios en países señalados como de ayuda a terroristas debería ampliarse para incluir las subsidiarias extranjeras de estas compañías.
Los senadores Charles Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Congreso, y Max Baucus, miembro del panel, le pidieron el 19 de febrero a OFAC si tenía ese poder. El 22 de diciembre, ambos congresistas enviaron una aguda carta cuestionando la capacidad de OFAC para detectar y bloquear fondos de los terroristas de una manera efectiva. El director de OFAC, Richard Newcomb, todavía no ha respondido.
La más reciente iniciativa liderada por los senadores busca determinar el nivel de escrutinio que OFAC descarga sobre las compañías que utilizan sus filiales extranjeras para lograr beneficios económicos en países que son objetos de programas de sanciones por parte de EE.UU.
Los senadores también le han pedido a Halliburton, General Electric y ConocoPhillips, cuyas subsidiarias llevan a cabo negocios en Irán y Siria -dos países sancionados por OFAC-que respondan varias preguntas.
“OFAC es responsable de imponer las sanciones contra países que respaldan el terrorismo y nuestra investigación determinará si están cumpliendo con sus responsabilidades. Si estas compañías están yendo por la puerta trasera para invertir en países terroristas, el Congreso debe tomar medidas para cerrar, bloquear y sellar inmediatamente esas puertas”, dijo Grassley en la declaración.
Filiales extranjeras de compañías estadounidenses tienen permitido llevar a cabo negocios con países señalados por OFAC cuando la subsidiaria es independiente de la compañías matriz. Según los senadores, la subsidiaria de Halliburton con operaciones en Irán, Halliburton Products and Services, Ltd., consiste solamente de una casilla de correo en las Islas Caimán, y funciona bajo el nombre y logo de Halliburton cuando vende sus productos en Irán.
General Electric Hydro, filial de General Electric, vende productos en Irán, y Conoco, Ltd., de ConocoPhillips, invierte en una planta de gas natural en Siria.
OFAC juega un papel clave
OFAC juega un papel clave dentro de los esfuerzos para bloquear y congelar el dinero de los terroristas y de las drogas. Después del 11 de septiembre, una enorme presión recayó sobre los hombros de OFAC para reformar sus procedimientos y contribuir más en la lucha contra la financiación del terrorismo. Desde entonces, ha emitido una decena de listas de terroristas “designados” y otros narcotraficantes.
Una vez que se emiten las listas, las instituciones financieras, negocios e individuos de EE.UU. están obligados a dejar de hacer negocios con las entidades y personas en las listas y a bloquear todos los activos con los que cuentan.
OFAC impone penalidades monetarias a personas y compañías estadounidenses que se encuentra han violado sus regulaciones. En abril de 2003 OFAC comenzó a publicitar sus penalidades y anunció que impuso multas a The New York Yankees, Playboy, Wal-Mart y otras entidades menos conocidas por violar sus programas de sanciones.
No todos los programas de OFAC tratan sobre terroristas y narcotraficantes. También reflejan las presentes creencias políticas y diplomáticas de EE.UU. En febrero, OFAC anunció planes para mutar a una pareja de Michigan por un total de US$15.000 por viajar a Cuba en 2001 para entregar medicina a unas monjas católicas. También prohibió la práctica de una organización sin fines de lucro de Nueva York “Send a Piano to Havana”, y dijo que el grupo no podía seguir enviando pianos, y parte de pianos, a 90 escuelas de música en Cuba.
Recientemente dijo a una sociedad de ingenieros en Nueva Jersey -Institute for Electrical and Electronic Engineers-que su práctica de editar papeles académicos para Irán estaba sujeta a multas de hasta US$500.000 y penas de 10 años en la cárcel porque proveer tal servicio para gente en un país en la lista negra era inadmisible.
