Por Brian Monroe
Algunos ejecutivos bancarios y oficiales de cumplimiento han perdido el sueño en los últimos meses por una norma de la ley de lavado de dinero de Estados Unidos que permite a los fiscales federales solicitar severas sanciones monetarias civiles.
La medida, incluida en el Titulo 18 USC Sec. 1956(b), es raramente utilizada pero ha sido invocada por el Departamento de Justicia en algunos casos resonantes en los últimos meses. En Octubre, por ejemplo, los fiscales federales mencionaron que solicitarán la aplicación de sanciones por US$300 millones al Lloyds TSB Bank PLC y al Bank of Cyprus, acusando a las dos instituciones extranjeras de haber ayudado a lavar fondos procedentes de un importante fraude con títulos valores.
La norma, de carácter civil, fue un tema clave en la 13ra. Conferencia Anual Internacional de Money Laundering Alert realizada en Hollywood, estado de Florida. Muchos de los más de 1.000 profesionales de cumplimiento que asistieron a la conferencia expresaron su preocupación acerca de la fuerza de esta disposición.
Ello se debe a que la norma, que fue promulgada en 1986 y reforzada por la Ley Patriot en 2001, permite a los fiscales solicitar sanciones tan elevadas como el valor de los bienes involucrados en las transacciones criminales y la carga de la prueba es menor con relación a la disposición penal de la ley de lavado.
“Enfrentar una demanda civil o una acusación de lavado de dinero es el último riesgo que quieren tener las instituciones financieras”, explicó Juan Llanos, director de cumplimiento de Unidos Financial Services Inc., un negocio de servicios monetarios de Nueva York. “Es mucho peor que una palmada en la muñeca dada por un regulador y puede sucederle a cualquiera. Los bancos no pueden ignorar los casos civiles que se están llevando a cabo actualmente, de lo contrario, pagarán el precio”.
Aun cuando las facultades civiles de las leyes de lavado de dinero de EE.UU. han estado vigentes durante décadas, parecería que el gobierno está más deseoso de utilizarlas contra las instituciones financieras involucradas en casos importantes, dijo Richard Wichmann, gerente de privacidad de la oficina de Miami de Assurant Solutions, compañía proveedora de seguros. “Que los fiscales federales sólo puedan recurrir a la preponderancia de la evidencia para comenzar una demanda civil es un tema preocupante”, expresó el experto al hablar en la conferencia en Florida. “Eso podría facilitarles la tarea”, para iniciar un caso contra una institución financiera local o extranjera.
Pero los funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano que expusieron en la conferencia explicaron que ellos no aplican los procedimientos civiles a menos que el banco local o extranjero cometa errores antilavado de dinero flagrantes.
“Para la mayoría, las instituciones financieras están haciendo un trabajo realmente bueno”, afirmó Richard Weber, jefe de la división de decomiso de bienes del Departamento de Justicia. “No vamos a ir atrás de un banco por una sola transacción sospechosa o por no haber presentado un reporte de operación sospechosa”.
El Titulo 18 USC Sec. 1956(b) también otorga jurisdicciones a los tribunales de distrito sobre los individuos e instituciones financieras extranjeros cuando las transacciones son realizadas en suelo estadounidense, como fueron los casos del Lloyds y el Bank of Cyprus.
Una oficial de cumplimiento de un importante banco en España con cuentas corresponsales en Estados Unidos indicó que teme que las instituciones como la de ella podrían verse obligadas a retirarse del mercado estadounidense si los fiscales federales siguen presionando a los bancos extranjeros. “Es frustrante… tenemos que elaborar nuestros programas ALD, pero luego tenemos que modificarlos dependiendo del humor del mes de las autoridades estadounidenses. No podemos ignorar los temas en los que se están focalizando”.
El Titulo 18 USC Sec. 1956(b) fue utilizado por primera vez en Diciembre de 1992 contra el Norwest Bank en la ciudad de Billings, estado de Montana, y la institución pago US$327.712 en sanciones.
La norma también fue utilizada contra el American Express Bank International (AEBI) en Noviembre de 1994. El gobierno presentó una demanda que buscaba hacer responsable al AEBI por cinco transacciones criminales de lavado de dinero de sus ex empleados que involucraban la suma de US$7 millones. La ley fue aplicada por primera vez en un caso contra un banco extranjero en 1998, cuando el Bancomer, S.A. pagó multas de más de US$21 millones.
