Por Rachael Lee Coleman
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Criminales “sedujeron” a un número indeterminado de mujeres – la mayoría de las cuales son inmigrantes ilegales – de otros estados y países para prostituirse en seis burdeles de Memphis, Tennessee, y compartieron las ganancias – un negocio lucrativo hasta que 150 oficiales de control legal realizaron una redada en sus “albergues amorosos” a comienzos de la semana pasada.
Un gran jurado federal acusó a 10 hombres, incluyendo a cuatro hermanos, el pasado lunes, por lavado de dinero, albergar a inmigrantes ilegales e inducir a mujeres a ejercer la prostitución – cargos que culminaron luego de una investigación interagencias que duró dos años.
Según la acusación con 15 cargos, los hombres persuadieron a las mujeres para trabajar para ellos en Memphis y hasta les pagaron el traslado desde Nueva York, Illinois, Georgia, México, Republica Dominicana y Colombia.
Los fiscales alegan que los hombres distribuían tarjetas comerciales dentro de la comunidad hispánica de la ciudad con números de teléfonos celulares necesarios para ubicar los burdeles. Les cobraban a los clientes US$30 en el domicilio por 15 minutos de servicios sexuales. A cambio del pago, le entregaban a los clientes “fichas”, como cadenas o fichas de poker, para mostrarle a las prostitutas que habían pagado por sus servicios.
El Fiscal Federal David Kustoff no informó cuántas mujeres estaban involucradas o cuánto dinero generaba la empresa. Sin embargo, el escrito de acusación indica que los acusados y sus coconspiradores “ dividieron el dinero por partes iguales” y lo usaron para “ampliar la conspiración” pagando alquileres, servicios de luz y gas, facturas de teléfonos celulares y los gastos de traslado de las prostitutas.
La vocera del Departamento de Justicia de EE. UU. Leigh Anne Jordon no hizo comentarios sobre la condición de las mujeres, ninguna de las cuales fue acusada.
“Esta fue una operación masiva”, dijo My Harrison, agente especial a cargo en la Agencia Federal de Investigaciones (por sus siglas en inglés, FBI), que investigó el caso junto con la Oficina de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (por sus siglas en inglés, ICE) y el Departamento de Policía de Memphis.
Los acusados – Raúl Santillán León, Raymundo Flores, Fernando Reyes Santillán, Ramiro Sánchez García, Cristóbal Flores, Diego Cortes Barrientos, Rafael Cortes Barrientos, Eliseo Cortes Barrientos, Rodolfo Cortes Barrientos y Martín Moreno – no son los primeros en enfrentar cargos de lavado de dinero por estar a cargo de una red de empleo ilegal.
También este año, los fiscales federales acusaron a al menos tres grupos separados que explotaban a inmigrantes ilegales de lavado de dinero.
En abril, un gran jurado federal en Cleveland acusó a una agencia de empleo temporario, HV Connect Inc., y a nueve individuos del sudeste asiático y el norte de África de albergar a inmigrantes ilegales del norte de África, enviándolos a trabajar a empresas agrícolas en Ohio y por el lavado de US$5,3 millones de fondos procedentes de esa actividad. Esa misma semana, otro trío se declaró culpable de albergar y explotar inmigrantes ilegales de Indonesia en sus tres restaurantes en Baltimore.
En septiembre, los líderes de la red nacional empleados temporales con sede en Florida confesaron que explotaron a 550 trabajadores ilegales de Europa del este y lavaron US$20 millones en una ardid que defraudó al gobierno de EE.UU. en cerca de US$6 millones en impuestos.
Jordon dijo que el caso de los burdeles “todavía continúa”, agregando que “realmente fue un esfuerzo local y federal el ir detrás de estos sujetos”.
