El consejo de abogados y sociedades legales de la Unión Europea (CCBE) se opuso a la propuesta de la Comisión Europea para una Tercera Directiva sobre el Lavado de Dinero, y está luchando para que se elimine el requisito que obligaría a los abogados a presentar informes de actividad sospechosa.
En los comentarios publicados el 9 de noviembre, la CCBE, que representa a más de 700.000 abogados de Europa a través de sus asociaciones nacionales de abogados y sociedades de leyes, dijo que no ha transcurrido suficiente tiempo desde que los estados miembros de la Unión Europea fueron obligados a implementar la Segunda Directiva sobre el Lavado de Dinero de 2001 y el momento en que se propone la tercera.
“La propuesta de una tercera directiva creará aun más confusión en lo que respecta a la implementación de la segunda directiva, y podría hacer perder la oportunidad de corregir los problemas que surgieron de la segunda”, dijo Hans-Jürgen Hellwig presidente de CCBE.
Bajo la segunda directiva, los estados miembros fueron obligados a incorporar nuevas obligaciones antilavado de dinero en sus legislaciones nacionales para el 15 de junio de 2003. Un año después –y con demandas pendientes por parte de la Unión Europea contra una docena de sus miembros por no haber cumplido con la segunda directiva—la Comisión Europea propuso la tercera, que incorpora financiación del terrorismo y mayores obligaciones antilavado de dinero a una gran variedad de profesionales.
En sus comentarios, CCBE reiteró su preocupación con respecto a las obligaciones impuestas sobre abogados en la segunda directiva, particularmente la obligación de reportar transacciones sospechosas. La organización dijo que los requisitos de la directiva de 2001 para que los abogados reporten sospechas relacionadas con sus clientes quebranta “la esencia de la relación abogado/cliente” y es una “violación de un derecho fundamental”. La organización reconoció sin embargo que cuando un abogado ofrece asesoramiento legal sobre lavado de dinero para sus clientes, está participando en una ofensa y debería ser penalizado.
La CCBE también criticó que la Comisión Europea no haya producido un informe, como lo exige el Artículo 2 de la directiva de 2001, sobre el impacto de las provisiones de la directiva en los abogados , dentro de los tres años de la fecha en que entró en vigor la directiva. Según la CCBE, no se estima que el informe se llegue a publicar para esa fecha (diciembre de 2004).
