Por Brian Monroe.
El problema es de números. El precio del oro ha aumentado de US$ 700 por onza a finales de 2008 hasta US$ 1.587 por onza en julio de 2011. Esto es atractivo para miles de inversionistas… y también para los lavadores de dinero.
Las oportunidades de ganancias han generado un enorme crecimiento del mercado de compra y venta del oro. No obstante, la falta de regulación y controles en la industria genera un elevado riesgo para las instituciones financieras que mantienen cuentas de estas empresas.
En Estados Unidos la situación no es diferente. Miles de pequeños negocios que compran y venden oro han surgido para tomar ventaja del “boom”. Sin embargo, el número de inspectores del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés) encargados de regular el sector sigue siendo el mismo: menos de 400.
Algunos de los comerciantes que entran al creciente mercado del oro implementan controles para combatir a los lavadores de dinero, pero con pocos conocimientos sobre los requerimientos de cumplimiento y reporte antilavado (ALD), afirman algunos profesionales de la industria.
Bajo la Ley Patriot USA, los negocios que anualmente compran y venden más de US$ 50.000 en metales preciosos deben colectar información sobre sus clientes, reportar transacciones superiores a US$ 10.000 y designar un oficial de cumplimiento para implementar procedimientos ALD. Aunque explícitamente no se requiere la presentación de reportes de actividades sospechosas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha exhortado a los negocios a hacerlo.
Pero muchos de los negocios que compran oro “ni siquiera tienen requerimientos de conozca su cliente”, afirma John Walsh, director ejecutivo de la firma SightSpan. Cuando son informados acerca de los requerimientos legales, los dueños de alguno de los negocios “dicen que ellos pensarán al respecto y que luego me avisaran. Pero ahora que ellos lo saben, esto es ceguera voluntaria”, dijo Walsh, quien es asesor de comerciantes de piedras preciosas en temas ALD.
Los agentes del servicio de rentas internas creen que la proliferación de compradores de oro es una “preocupación” y están discutiendo cómo pueden manejar más adecuadamente los recursos de la agencia, indicó un funcionario del Departamento del Tesoro, que pidió no ser mencionado.
Los representantes de dos empresas con sede en Florida que se dedican a la compra de oro indicaron que no tenían conocimientos de los requerimientos sobre colectar datos de sus clientes. Uno de los individuos, quien empezó el negocio del oro el año pasado en su casa, dijo que pensaba que el único requerimiento legal era “reportar sus ingresos al IRS”.
El crecimiento del número de compradores de oro ha sido sustancial y ha impactado ampliamente las operaciones de las joyerías, según Cecilia Gardner, directora ejecutiva del Comité de Vigilancia de Joyerías que tiene sede en Nueva York. Mientras algunas empresas que negocian con metales preciosos han hecho esfuerzos para cumplir con las regulaciones de la Ley Patriot USA , muchos negocios que han sido lanzados recientemente no lo hacen, aseguró Gardner.
El riesgo del lavado
Debido a que los metales preciosos pueden ser usados para lavar dinero a través de las subfacturación o precios falsos, los examinadores bancarios estadounidenses les han exigido a las instituciones financieras considerar de “alto riesgo” a estos clientes, aseguró Walsh. Un banco con el que él ha trabajado fue golpeado por los reguladores por la forma como calificaba el riesgo de las cuentas de las empresas de esta industria.
El oro es también un medio para ocultar los pagos de drogas, ya que puede ser fácilmente fundido y pintado para lucir como algo de menor valor que puede ser enviado a nivel internacional sin levantar sospechas, alertó David Tilzer, ex funcionario de la División Antilavado del IRS en Nueva York.
Para los comerciantes de metales preciosos y las joyerías en general, la supervisión ALD es relativamente nueva, ya que el IRS comenzó a examinar a estas empresas en 2010, aunque los requerimientos de la Ley Patriot USA entraron en vigencia en el año 2006. Cualquier política o proceso para regular a los compradores de oro tendría que esperar hasta que el IRS fuese capaz de analizar sus recursos para efectuar una primera ronda de examinación.
Sin embargo, es poco probable que el IRS pueda penalizar a estos negocios, ya que no tienen que registrarse como negocios de servicios monetarios ante la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) y pueden “aparecer y desaparecer” de manera rápida.
