Por Carla Valero
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Ángel Arroyo, funcionario del servicio de Inteligencia Criminal de Renta Pública del Departamento del Tesoro de EE.UU. considera necesario que Panamá tome precauciones y establezca las estructuras necesarias para monitorear e identificar las transacciones sospechosas en los negocios monetarios.
“Las casas de remesas son negocios legales, pero se pueden manipular, y hay personas que utilizan ese sistema [para lavar dinero] para no tener que ir a los bancos”, dijo Arroyo en el XI Congreso Hemisférico para la prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo que se celebró en Panamá la semana pasada.
Según la directora de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), Mayling González, “el Sr. Arroyo se refiere … a que tenemos que implementar en la ley la figura del oficial de cumplimiento para todas las remesadoras, algo que hoy en día corresponde al criterio de cada empresa”.
Además, dijo Gonzalez, “otra de nuestras debilidades es la falta de recursos en el MICI, la preocupación por la capacitación y la falta de personal porque somos una unidad pequeña”.
Arroyo puso como ejemplo a EE.UU., que destina muchos recursos para combatir este tipo de actividades, actualizando la Ley del Secreto Bancario y las leyes antilavado, y dijo que “hay que regular de igual forma a los negocios de remesas que al sistema bancario”.
Tomás Abraham, gerente de “Pronto giros” reconoce que “tenemos que mejorar los controles y hacerlos más eficientes pero las remesadoras en Panamá no son el objetivo principal de un lavador porque es un sector que está muy vigilado tanto el origen como el destino de las operaciones”.
Las obligaciones de los remesadores
En Panamá, el MICI es el órgano que regula el sector de las casas de empeño, las financieras y las remesas, y según la Ley Financiera 42, aprobada en octubre de 2000, los negocios de servicios monetarios tienen que reportar al Departamento de Empresas Financieras del MICI:
- Información sobre todas las operaciones que superen los US$10,000 en efectivo o en cheque durante un mes.
- Información sobre cualquier cliente que envíe o reciba más de US$1,000 en una única operación.
- Cualquier operación o actitud sospechosa que se realice según criterio del empleado.
Las empresas de remesas deben enviar dentro de los cinco primeros días de cada mes, todos los formularios con información del cliente con el nombre completo, la dirección, el teléfono, el número de pasaporte y el monto de fondos enviados o recibidos. Una vez recopilados en el MICI, miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) deben recogerlos en un plazo máximo de los 10 primeros días de cada mes para investigarlos.
A pesar de estos requisitos, según Abraham “las operaciones sospechosas no se producen con frecuencia ya que Panamá … la media de envíos por persona es de unos US$ 200”.
Según la Ley 42, el MICI también tiene capacidad sancionadora y las multas por no reportar pueden oscilar entre los US$10,000 y US$50,000, aunque según González, “por el momento no hemos reportado a la UAF ninguna actividad asociada al lavado de dinero”.
Las remesadoras bajo control con auditorias
En Panamá existen 8 empresas principales de servicios monetarios que vienen sirviendo desde los años 90. No existe límite de monto para hacer una transacción y durante el 2006 el sector de las remesas alcanzó los US$120 millones. El primer destinatario de las remesas de Panamá es Colombia, país que recibió US$500 millones en 2006, y el primer destino de procedencia de remesas es EE.UU. con US$12 millones.
Para que puedan operar legalmente, las casas de remesas en Panamá tiene que estar autorizadas por el MICI, organismo que realiza una auditoria anualmente para determinar si cumplen o no con la legislación y si tienen toda la documentación en regla.
Según González, “esa auditoria tiene como objetivo asegurar la transparencia del negocio”. Para ello, los auditores vigilan que los formularios estén completados de forma correcta con la identificación del que remite y del que recibe, se hacen verificaciones de los libros de contabilidad, se vigila que se remita la información periódicamente.
También se observa que cumplan con el capital que se les exige y que no haya caducado la licencia del contrato.
Según Judith Miranda, de Universal de Giros, “estamos muy controlados, tenemos reglas y una legislación y vivimos bajo el parámetro de conozca a su cliente. Además, el cliente tampoco quiere problemas y acepta de buen grado los controles”.
