Por Carla Valero
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Panamá sigue siendo un país muy vulnerable al lavado de dinero por su proximidad fronteriza con Colombia, por la flexibilidad de sus leyes ALD y por ser el segundo país con más compañías offshore del mundo, según el informe anual internacional sobre la estrategia de control de narcóticos (INCSR por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EE.UU.
A pesar de reconocer sus avances en la colaboración con EE.UU, el informe indica que Panamá debería continuar con sus esfuerzos para implementar sus leyes.
Estas valoraciones de EE.UU coinciden con la opinión de expertos panameños, que dijeron que si bien Panamá cumple a grandes rasgos con la mayoría de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y tiene en su poder la correcta legislación y organismos para llevarla a cabo, su principal problema es la implementación de las mismas.
Para Gustavo Cárdenas, ex director de la Sección de Investigación de Lavado de Dinero de la Policía Técnica Judicial de Panamá, el problema de la falta de cumplimiento al que apunta el informe reside en la implementación de la normativa. “Panamá tiene las leyes adecuadas para el combate del blanqueo de capitales, en la parte preventiva y represiva, pero debe de poner más en práctica lo que ya existe por escrito”.
Para Cárdenas, “la dejadez que existe por parte de las autoridades y la falta de coordinación entre los diferentes organismos es la que no deja implementar la mayoría de leyes que ya existen por escrito”.
Problemas en sectores no bancarios
A grandes rasgos, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado a fines del 2006, excepto en el sector de las finanzas y en el sector de valores, la cultura del cumplimiento de las instituciones encargadas de reportar está demasiado focalizada en los reportes de transacciones por encima de US$10.000 en vez de centrarse más en implementar políticas de control internas integrales y mecanismos de detección.
Según el informe, en el ámbito de la Superintendencia de Bancos, Panamá debería introducir una mayor guía para que las instituciones financieras ejercieran sus procesos de diligencia debida. Así, siguiendo las recomendaciones de GAFI, el organismo debería suministrar mayor clarificación a los bancos sobre la obligación de realizar monitoreo de transacciones sospechosas y la conservación de archivos de las mismas.
Además, legislación actual panameña da poca cobertura al lavado de dinero en cuanto a las obligaciones de diligencia debida con el cliente.
En resumen, el sector de la banca tiene adecuados programas anti lavado pero la Superintendencia de Seguros y el Banco Hipotecario Nacional, una entidad autónoma que se dedica al financiamiento de préstamos hipotecarios, no los tienen cuando se trata de proporcionar el adecuado desarrollo de controles y procedimientos.
Para este sector el informe del FMI recomendó a los dos organismos reguladores implementar requerimientos de identificación para el cliente, diligencia debida, controles internos y políticas para detectar casos de lavado de dinero.
La financiación del terrorismo asociada al lavado
En relación a la financiación del terrorismo, Panamá sólo cumple parcialmente con las medidas relacionadas al terrorismo. A pesar de que el país ratificó el convenio de las Naciones Unidas (resolución 1373 del 28 de septiembre de 2001) contra el crimen organizado y la financiación del terrorismo, no lo han implementado completamente.
El informe del FMI dice que el país cumple con el convenio porque ha tipificado como delito la financiación del terrorismo. Pero todavía no se ha hecho efectiva la ampliación de los delitos precedentes en los que se pueden confiscar bienes de delitos relacionados con el lavado de dinero.
Según las recomendaciones de GAFI, la financiación del terrorismo debería considerarse no sólo como un delito independiente, sino como delito precedente asociado al lavado de dinero y por lo tanto se debería permitir la confiscación de los fondos de una persona cuando esté acusada por delitos de financiación de terrorismo.
Lo que sí se cumple en buena parte es el reporte de transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo, acto que está recogido por la legislación de Panamá bajo el decreto legislativo 12-2005.
En cuanto a la UAF, la mayor parte de su objetivo está cumplido aunque en la parte de implementación, según Cárdenas, “quizás faltaría un poco de independencia y más cooperación internacional”, dos de las armas más efectivas para luchar contra las operaciones de lavado de dinero.
“Si en Panamá el gobierno creara una oficina independiente equipada con los recursos necesarios para las investigaciones del blanqueo de capitales, con una estructura integral, y conexiones con otros países, que cubriera la información de inteligencia o de prevención y represión entre otras, se daría un gran paso para el combate”, dijo Cárdenas.
El informe recomienda reforzar la protección de la información que se reporta a la UAF y despertar la sensación del riesgo de delitos de lavado entre las agencias gubernamentales, otras entidades y la población en general.
Según el informe del INCSR, la financiación del terrorismo es un delito en Panamá según el decreto 22 emitido en junio de 2003 dentro de la Ley 50 la cual también da a la UAF la responsabilidad para prevenir este tipo de delitos. A pesar de esto, EE.UU considera que las fuerzas de seguridad públicas y el sistema judicial tienen recursos limitados para detener a los terroristas.
Otros sectores a mejorar
Hay sectores en los que existe poca supervisión por parte de los órganos competentes y que deberían mejorar, como son el de las aseguradoras y los préstamos, que no tienen que cumplir con la normativa de identificar al cliente y el almacenamiento de datos del cliente.
Los abogados, los contables y los comerciantes de piedras preciosas no están cubiertos por ninguna regulación. En este sentido, Panamá tiene una escasa base legal y de implementación para medidas preventivas, lo cual ha sido criticado por GAFI, excepto en el tema del reporte de transacciones donde sí está cumpliendo.
En cuanto al sector casinos, el informe del FMI dijo que el tope a partir del cual se puede identificar a los clientes en los casinos es mayor que el de US$ 3,000 recomendado por GAFI. Además, la cantidad de reportes de transacciones sospechosas presentados de los casinos es muy bajo y ni siquiera existe en el sector de los agentes inmobiliarios y las promotoras.
Por otro lado, según la legislación vigente en Panamá, las compañías de seguros, los asesores financieros, y las asociaciones de préstamos y ahorros tienen escasa obligación de poner atención a las transacciones gran valor e inusuales, lo cual según el informe debería mejorarse.
Uno de los sectores en los que Panamá más debe esforzarse es el controversial sector de las remesas de dinero, en el cual el país ni siquiera ha implementado una normativa que regule y supervise el sector, una recomendación realizada por GAFI en el informe del 2001.
En cuanto al informe del INCSR, EE.UU considera la Zona Libre de Colon como una de los lugares más utilizados para lavar dinero dentro del país. Según el reporte, la Zona sirve como punto de partida de mercancías compradas con dinero procedente del narcotráfico a través del mercado negro de pesos en Colombia.
Tanto el informe del FMI como el del INCSR describen a Panamá como zona muy vulnerable para cometer todo tipo de actividades ilícitas. El país tiene una localización geográfica ideal para el tráfico de drogas y las operaciones de lavado de dinero, además de una gran actividad bancaria que representa la base del sector de la economía del país.
Todos estos factores más el hecho de la pasividad por parte de las autoridades a la hora de aplicar las leyes, actúan como freno para que Panamá no pueda obtener una mejor valoración en los informes de observación de los organismos internacionales.
