Las autoridades paraguayas y los técnicos de organismos multilaterales internacionales iniciaron las jornadas de la comisión de trabajo para elaborar un plan nacional en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de desarrollar una estrategia nacional que aumente la efectividad de las acciones de combate de esos delitos.
En el desarrollo del proyecto participan representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos (SIB), Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), la Comisión Nacional de Valores, fiscales del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Aduanas y técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También participan representantes del sector financiero.
“Es la primera vez que se diseña una política de Estado para combatir el lavado de dinero. Nunca antes se pensó en una estrategia país, pero hoy hay una necesidad muy grande en el sentido de bajar en el campo de la práctica efectiva, eso en relación a todas las recomendaciones y las leyes que tenemos aprobadas”, expresó el titular de la Seprelad, Óscar Boidanich.
Por su parte, el superintendente de bancos, Nelson Valiente, explicó que “el objetivo es marcar una hoja de ruta o una planificación de acciones a seguir en el mediano y largo plazo a fin de fortalecer nuestros sistemas preventivos de lucha contra el lavado de dinero”.
Entre los objetivos principales del plan estará la creación de mecanismos efectivos de intercambio de información y cooperación interinstitucional, para lograr un mejor análisis de los datos.
Al mismo tiempo, la nueva estrategia nacional buscará ajustar la estructura antilavado paraguaya a las nuevas recomendaciones emitidas por el grupo de Acción Financiera (GAFI) el pasado mes de febrero. Está previsto que el grupo de trabajo finalice el plan antilavado en abril del próximo año y se espera que sea convertido en política de estado el mismo año.
Otras iniciativas latinoamericanas
En Latinoamérica ya son varios los países que han elaborado este tipo de estrategia nacional, luego de la Tercera Ronda de Evaluaciones del GAFI. El primero fue Perú, que en junio de 2011 creó la Comisión Ejecutiva Multisectorial que contó con técnicos de 19 instituciones para elaborar el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
En una entrevista exclusiva con Lavadodinero.com, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú, Sergio Espinosa, explicó que para la elaboración del Plan se partió “desde un diagnóstico de riesgo (…) para determinar cuáles son los problemas del país, y sobre ese análisis lo que hemos hecho es discutir sobre cuáles son las vulnerabilidades y las debilidades, sobre las acciones que se proponen, definir los responsables para cada acción, los plazos adecuados, y lo que estamos haciendo ahora que es el presupuesto de cuánto costará todo esto”.
En junio de este año, el gobierno de Uruguay presentó la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que contempla el esfuerzo conjunto de diversos entes y organismos multidisciplinarios, que tendrán objetivos comunes y un plan de acción detallado para enfrentar la legitimación de activos y el financiamiento del terrorismo en base a una estrategia basada en el riesgo.
Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos (SNA), explicó que la estrategia busca principalmente atacar la base económica de las organizaciones criminales, porque “el crimen organizado no comete crímenes pasionales, generalmente; la única forma de atacar estas organizaciones es privarlas del elemento económico que ha sido su motivación para conformarse y delinquir. No se desbaratan las organizaciones criminales solamente poniendo preso a alguno de sus integrantes, ni en Uruguay ni en ningún lado”.
En mayo de 2010, el gobierno de Ecuador anunció la elaboración de un plan para coordinar las acciones en contra de la legitimación de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades anunciaron que con esta estrategia –que fue luego presentada ante el GAFI- se intentarían solventar algunas de las deficiencias detectadas por los técnicos del organismo, con la intención de que el país fuese removido de la lista negra.
