Por: Fernando Martínez
Legisladores paraguayos intentan poner más torniquetes al financiamiento de campañas electorales por parte del crimen organizado, lo cual se constituye como uno de los principales retos del mundo antilavado. El parlamento de este país aprobó reformas a la ley de financiamiento político, que se espera entre en vigencia antes de las elecciones municipales, a celebrarse en noviembre de este año.
La intención es ejercer más control y tener penalidades para las organizaciones políticas y candidatos que sean financiados o patrocinados por el narcotráfico, la evasión de dinero y el lavado de dinero durante las campañas electorales, en una nación en donde está muy presente en el debate político guerras de acusaciones sobre la presencia de la “narcopolítica” en el estamento gubernamental y legislativo.
La clave de la legislación es que los partidos políticos y los grupos electores no pueden aceptar contribuciones o donaciones de personas acusadas o condenadas por hechos punibles, como el lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.
Se establece además que las donaciones que sobrepasen los diez salarios mínimos no se hagan en efectivo, sino a través de instrumentos financieros como cheques.
El proyecto incluye sanciones pecuniarias para los aspirantes a cargos de representación popular que reciban donaciones de personas involucradas en hechos ilícitos, es decir, que estén imputadas.
Desde el inicio del proceso de selección de candidatos (internas) se deberá abrir una cuenta corriente donde serán depositados los ingresos para las campañas políticas. Se solicita para un mejor control, que cheques emitidos a favor de una campaña o una actividad proselitista, desde las cuentas de partidos políticos, sean nominales y no al portador.
Todos los paraguayos electores pueden exigir información detallada del financiamiento de los partidos políticos y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en colaboración con otras instituciones, es el ente que deberá controlar las actuaciones vinculadas con esta modificación legal.
Rendición de cuentas
La reforma de esta ley también incluye aspectos vinculados con la rendición de cuentas: Se reduce de 40 a 30 días, el periodo para presentar los documentos que avalen los aportes y gastos realizados en la campaña electoral.
Es obligación elevar al TSJE, la cuenta documentada y detallada de los gastos e ingresos en el proceso de campaña, además se debe anexar un informe acerca de las contribuciones o donaciones recibidas para su financiamiento con indicación de su origen y monto.
Hay que agregar al rector electoral una lista de las personas físicas o jurídicas que hayan realizado aportes económicos en el periodo, detallando datos de identificación tributaria y monto y fechas de aportes.
Para que esté vigente para la próxima cita comicial a Cámara de Senadores debe discutirla en forma inmediata, y debe ser promulgada por el Ejecutivo antes del 10 de marzo.
No es suficiente
Expertos antilavado consultados por Lavadodinero.com consideran una “buena intención y un esfuerzo interesante la aprobación de este cuerpo legal”, pero consideran que no es suficiente con reglamentar que los partidos rechacen dinero de factores que han estado vinculados con el crimen organizado, pues existen estructuras fachada en donde los criminales es esconden para poder tener inherencia en campañas y luego en la eventual administración de los candidatos que apoyan.
Prosiguen indicando que estos torniquetes al crimen organizado en campañas electorales son necesarios, pero técnicamente dejan muchos vacíos por donde fácilmente se pueden colar los criminales, recordando que a través de fundaciones, ONGs y otras estructuras legales, pero manejadas por el crimen organizado, son vía tradicionales para lavar dinero y luego ostentar el control político.
“Las personas condenadas o vinculadas con el narcotráfico y otros hechos delictivos, suelen tejer redes para desaparecer del espectro público, en este caso, no solo para lavar dinero sino para tener incidencia en el poder gubernamental a través de contrataciones, suministros y hasta repercusión en los cuerpos policiales, en caso de que se trate de gobernadores que manejen efectivos de seguridad oficiales”, insistió una fuente que prefirió el anonimato.
Un flagelo mundial
Es sabido que las organizaciones criminales, en su búsqueda de nuevos canales donde introducir el producto de sus actividades delictivas ha concentrado su atención en los sectores de poder como la política, donde encuentran un interesante marco protector frente a los controles y que a su vez también pudiera permitirles un mayor poderío en sus actividades.
En los últimos tiempos, la mayoría de los países del mundo que se atienen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) concentra sus esfuerzos en reformas en sus legislaciones donde se distingue a las Personas Expuestas Políticamente (PEP´s) y partidos políticos entre los sujetos obligados con mayores responsabilidades en función del ALD y CFT, para evitar que las organizaciones criminales tengan acceso a una situación de poder tal que imposibilite el accionar de las autoridades para evitar, detectar y castigar sus actividades.
La situación de los partidos políticos y su financiamiento es objeto de consideración especial en este sentido, debido a que no en todos los países dicha actividad se encuentra regulada bajo una estricta política ALD y CFT.
Sin embargo, mientras el debate de la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados en la prevención del flagelo mundial que significa el lavado de activos continúa, la realidad es que los criminales siguen utilizando al sistema político para blanquear el dinero sucio producto de sus actividades.
