Por Bruce Zagaris*
El 1 de marzo de 2009, la Ley de Impedimento del Abuso de Paraísos Fiscales (The Stop Tax Haven Abuse Act – S. 506 y H.R. 1265) fue presentada en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto contiene importantes normas sobre transparencia corporativa y antilavado de dinero (ALD), y por lo tanto es importante para los profesionales vinculados con las políticas internacionales de cumplimiento.
La Ley de Impedimento del Abuso de Paraísos Fiscales (STHAA, por sus siglas en inglés) incorpora nuevas herramientas de control para reducir las pérdidas de ganancias a través del uso de paraísos fiscales extranjeros.
El proyecto incluye nuevas presunciones legales para superar las barreras extranjeras de secretismo, medidas especiales para luchar contra aquellos que impiden el control fiscal por parte de EE.UU., disposiciones que consideran a las compañías extranjeras como empresas locales cuando son controladas por personas jurídicas estadounidenses, y esta redacción eliminaría el vacío existente respecto de los impuestos sobre dividendos y una mayor obligación de información para las transacciones offshore.
El artículo 203 es de particular interés para los profesionales ALD. El proyecto apunta a los fondos de riesgo, los fondos de bienes privados y a los agentes de constitución de empresas, asegurando que estos grupos conozcan a sus clientes y no acepten o transmitan fondos sospechosos hacia el sistema financiero de EE.UU.
En 2002, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. propuso regulaciones ALD para estas compañías, pero retiró las propuestas en 2008 sin dar explicaciones.
El artículo 202 del proyecto obligaría al Departamento del Tesoro a emitir regulaciones ALD finales para las compañías de inversión no registradas dentro de los 180 días de la promulgación del proyecto.
El artículo 203 incorporaría a los agentes de constitución de compañías a la lista de personas sujetas a las obligaciones ALD. También obligaría a las personas vinculadas al negocio de constitución de compañías y otras entidades, tanto offshore como de los 50 estados, a conocer la identidad de la persona para quien están creando la entidad. El proyecto también instruye al Departamento del Tesoro para que elabore regulaciones antilavado de dinero para este grupo. En 2006, FinCEN declaró ante el Congreso que estaba analizando la elaboración de esas regulaciones.
El artículo 203 ayudaría a lograr algunos de los objetivos de la Ley de Transparencia de la Constitución y de Asistencia al Control Legal (ITLEA, por sus siglas en inglés), que el senador Carl Levin y el entonces senador Barack Obama presentaron el 1 de mayo de 2008, y que fue presentado nuevamente en 111ro. período legislativo del Congreso. Ese proyecto busca impedir que las compañías estadounidenses sean utilizadas para cometer terrorismo, lavado de dinero, evasión fiscal y otros delitos.
Si llegara a ser promulgado, el proyecto ayudaría a cumplir las obligaciones de los EE.UU. de acuerdo con la Recomendación 34 del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En 2006, el GAFI calificó a los EE.UU. como no cumplidor de esa recomendación y le solicitó que solucionara ese problema dentro de los dos años de su reporte.
La ITLEA y la STHAA.
Es importante comparar las disposiciones ALD y de transparencia corporativa de la ITLEA y la STHAA. Algunas de las características de la ITLEA incluyen:
-Estados Unidos debería obtener una lista de los dueños beneficiarios de cada corporación o sociedad de responsabilidad limitada creada bajo sus leyes, asegurar que esta información sea actualizada anualmente y entregar esta información a las autoridades de control civil o criminal ante la presentación de una orden judicial.ç
-Las corporaciones y las sociedades de responsabilidad limitada con dueños beneficiarios no estadounidenses otorgarían una certificación de que un agente estatal de constitución de compañías ha verificado la identidad de esos dueños. Se aplicarían sanciones civiles y criminales sobre aquellas personas que a sabiendas dieran información falsa sobre la propiedad beneficiaria o que intencionalmente no entregaran la información sobre la propiedad beneficiaria a un estado.
-La Oficina de Responsabilidad General (GAO, por sus siglas en inglés) estaría obligada a reportar e identificar cuáles Estados no cumplieran con ello para que en el futuro el Congreso pudiera establecer en qué momento debería tomar qué medidas, por lo que los Estados tienen hasta octubre de 2011 para requerir la información sobre la propiedad beneficiaria de las corporaciones y las sociedades de responsabilidad limitada constituidas bajos sus leyes, y el Secretario del Tesoro estaría obligado a emitir una regla mediante la cual se obligara a los agentes de constitución de compañías a establecer programas ALD para asegurar que no estén creando corporaciones u otras entidades para criminales o individuos sospechosos.
Claramente, la STHAA tiene un enfoque distinto para cumplir con las obligaciones ALD y de transparencia corporativa de Estados Unidos. En lugar de promulgar una legislación amplia, los autores de la STHAA están tratando de encargar a FinCEN la tarea, aún cuando FinCEN no ha mostrado ningún entusiasmo al respecto. La cantidad importante de agentes de constitución de compañías, de abogados involucrados y de operaciones de fondos de riesgo afectados harían que la obligación en sí misma fuera una tarea titánica a ser realizada, haciéndose necesario un aumento importante de los recursos de FinCEN.
No obstante, como los EE.UU. aspiran a tener un rol de liderazgo en las políticas antilavado de dinero, de transparencia corporativa y de regulaciones financieras, crece la presión en los EE.UU. para contar con una legislación ALD más fuerte.
La inclusión de las disposiciones ALD en la STHAA también refleja la cada vez mayor interacción entre las leyes impositivas internacionales y las de antilavado de dinero. La Ley de Control del Fraude y el Recupero de 2009 (FERA, por sus siglas en inglés – S. 286) fue aprobada por el Comité Judicial el 5 de marzo y fue incluida en el calendario legislativo del Senado. El párrafo 2(g) de la FERA penaliza al fraude impositivo internacional como un delito distinto de lavado de dinero.
El Secretario del Tesoro Timothy Geithner le informó el 3 de marzo al Comité de Medios y Formas de la Cámara que la administración Obama apoya totalmente a la STHAA. Las disposiciones sobre transparencia corporativa reforzada, incrementaron las disposiciones de reporte y las nuevas referidas al antilavado de dinero ampliarían de manera significativa el ámbito de aplicación de las normas ALD de los EE.UU.
*Bruce Zagaris es socio de la firma de abogados Berliner Corcoran and Rowe, LLP, en Washington, D.C. y es miembro de la junta asesora editorial de Moneylaundering.com y Fortent Inform. Asimismo, es editor jefe de International Enforcement Law Reporter.
