Una comisión parlamentaria del bloque europeo dio el primer paso en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo, mediante la aprobación el pasado 21 de febrero de un proyecto de ley que de ser ratificado por el Consejo de la Unión Europea contemplará nuevos procedimientos contra las personas expuestas políticamente y los beneficiarios finales de las empresas.

     La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aprobó una serie de enmiendas entre las que destacan la obligación que tendrían los 28 países miembros del bloque de publicar los registros de nombres de los titulares beneficiarios y directores de las empresas, fundaciones y fideicomisos, además de garantizar que los datos estén disponibles para las personas que cumplan con un proceso de registro en línea.

     Otra de las medidas obligaría a la Comisión Europea compartir una lista de personas políticamente expuestas (PEP) nacionales con las instituciones financieras y otros sujetos obligados del bloque.

     Además, la reforma plantea una ampliación de la definición de lavado de dinero para incluir la conversión intencional o transferencia de bienes con el propósito ocultar fondos ilícitos o evitar la confiscación.

     Estas medidas se corresponden con los esfuerzos del Reino Unido, que anunció en octubre del año pasado que publicará una lista de los titulares de las empresas que tengan más del 25% de las acciones.

     Los legisladores también pidieron que los Estados miembros deben exigirle a las instituciones financieras examinar operaciones inusuales grandes sin ningún propósito aparente o que pidieran violar las leyes de impuestos. Este tipo de operaciones deberán ser reportadas “sin demora” a las unidades de información financiera de todas las naciones de la UE. 

     El proyecto aprobado por la comisión europea contempla medidas en el sector de los casinos, quienes deben presentar reportes de operaciones sospechosas. En el caso de las transacciones que superen los € 2.000 deberán cumplir con la debida diligencia y la política de conozca a su cliente. Sin embargo, cada nación podrá excluir de la reglamentación a las actividades de juego no directamente relacionadas con los casinos.