Por Colby Adams y Brian Monroe.
Tres grupos intergubernamentales cuestionaron la efectividad de los controles antilavado de dinero en relación a las abusivas figuras políticas que roban el dinero de sus países. El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas reportaron conjuntamente que 74 de las 124 jurisdicciones examinadas no han cumplido con las recomendaciones ALD para detectar la “cleptocracia” de las personas expuestas políticamente (PEP).
El reporte de los organismos indica que las instituciones financieras y las agencias encargadas de regularlas pueden estar siendo deficientes en el cumplimiento de los controles.
En otro reporte emitido por separado el pasado 29 de julio, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) alertó a los bancos y a otras empresas que los funcionarios públicos pueden explotar las “ventajas naturales” de sus posiciones para legitimar dinero a través de sus instituciones.
Las tres organizaciones recomiendan exigirles a las instituciones financieras revisar sus cuentas de PEPs anualmente, intercambiar reportes de operaciones sospechosas relacionados a las cuentas de las figuras políticas y eliminar la distinción entre PEPs extranjeros y locales.
“Más orientación específica puede requerirse porque hay desafíos relativos al constante problema de los PEPs, que no se ven con el narcotráfico y el crimen organizado”, indicó Vincent Schmoll, administrador principal del GAFI, organismo que espera publicar durante los próximos 6 meses una guía sobre cómo identificar esos fondos.
El caso del dictador nigeriano Sani Abacha, quien extrajo bienes de su país y los trasladó a bancos de Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido, ilustra lo difícil que puede ser impedir que figuras poderosas abusen del poder de sus posiciones, indicó Schmoll.
“Incluso si todos los países receptores de los fondos de Abacha tuviesen todas sus leyes de PEP al día y hubiesen identificado al beneficiario final, no hubiesen tenido una forma de retornar el dinero a sus víctimas”, dijo el experto.
En los casos cuando los funcionarios corruptos extranjeros ejercen poder directamente sobre el banco, “la parte más difícil del proceso de lavado de dinero que es introducir el dinero en el sistema bancario, está prácticamente hecha”, precisó Fred Abrams, un abogado neoyorquino especializado en recuperación de bienes. Pavlo Lazarenko de Ucrania y Zine El Abidene Ben Ali de Túnez ambos utilizaron estos medios para el lavado de fondos que robaron de las arcas del estado, dijo.
Los reportes surgen justo cuando el GAFI revisa sus 49 Recomendaciones ALD / CFT, incluyendo una posible propuesta de que las instituciones financieras tomen “medidas razonables” -incluyendo la debida diligencia ampliada- para monitorear más adecuadamente a los PEP domésticos.
En su reporte, que fue emitido como parte de la Iniciativa Para la Recuperación de Activos Robados (STAR por sus iniciales en inglés), la ONU y el Banco Mundial recomendaron que el GAFI adopte la definición de persona expuesta políticamente bajo la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción (UNCAC por sus iniciales en inglés).
A diferencia de la actual definición de PEP usada por el GAFI, la UNCAC explícitamente incluye en la definición tanto a los políticos locales, como los extranjeros, así como cualquier individuo o compañía “claramente relacionada” a ellos, incluso puede ser un funcionario de jerarquía media o baja.
Que distintas definiciones de PEP hayan sido adoptadas por las organizaciones y jurisdicciones ha sido frustrante para los agentes de cumplimiento de las leyes. “Todos no han podido acordar la misma definición”, indicó Abrams.
Una recomendación hecha por los organismos –para exigirles a las empresas identificar a sus dueños- está bajo consideración como parte del proyecto de ley consignado en el Congreso de Estados Unidos el pasado 02 de agosto. La medida, que obligaría a quienes crean las empresas a colectar información sobre el dueño beneficiario final, es al menos la tercera ley que analizan los congresistas desde 2007.
Las debilidades explotadas por los funcionarios corruptos han contribuido a tener un escuálido record en la lucha contra la cleptocracia. De los US$ 20.000 millones a US$ 40.000 millones robados de los países en vías de desarrollo, solo US$ 5.000 millones han sido confiscados y repatriados durante los últimos 15 años, según el reporte de STAR.
Un reporte emitido el 02 de mayo por “My Private Banking”, un portal web dedicado a investigaciones para gerentes adinerados, encontró que de los US$ 140.000 millones que se piensa que tienen los 25 más conocidos dictadores del mundo, solo 5% de los bienes han sido congelados con menos del 3% retornado a los gobiernos.
Para algunas jurisdicciones
En algunas jurisdicciones, la atracción de flujos de efectivo ha llevado a que se “hagan la vista gorda” o den abiertamente la bienvenida a los fondos corruptos extranjeros, como fue el caso de una ley de 1996 aprobada por la República de Seychelles que garantizó la inmunidad de enjuiciamiento y decomiso de activos a personas que invirtieran al menos US$ 10 millones a nivel local. “A pesar de que eliminaron rápidamente la ley, el espíritu y la intención todavía estaban allí”, según una persona que ha trabajado en las evaluaciones antilavado realizadas por una organización intergubernamental, quien pidió no revelar su nombre.
Pero mientras los cambios recomendados por el reporte de STAR “cobran sentido”, los bancos pueden estar reacios a asumir una carga regulatoria en el monitoreo de las cuentas de los PEP, dijo Steffen Binder, cofundador de My Private Banking.
En junio, el jefe regulatorio del sector financiero del Reino Unido informó que los departamentos de cumplimiento ALD de tres de los cuatro bancos inspeccionados procesaron inadecuadamente las cuentas mantenidas por clientes de alto riesgo, incluidos los PEP.
