Por Verónica Moyano
Es un hecho que las organizaciones criminales, en su afán de encontrar canales que les permitan mover el dinero sucio producto de sus actividades delictivas han encontrado en la política un espacio que, no sólo pudiere ofrecerles un nuevo y rentable mercado, sino también un cerco de protección que, la mayor parte de las veces, permite que su accionar quede impune.
Frente a la revelación de numerosos casos en los que el dinero del narcotráfico ha sido utilizado para la financiación de campañas políticas y de funcionarios implicados en organizaciones criminales, el gobierno peruano, como una forma de poner un freno a esta situación, planteó la creación de una lista de políticos investigados por su presunta conexión con actividades ilícitas que será presentada este lunes al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La lista, que incluye un total de 115 políticos investigados, será entregada por el Ministerio del Interior en un documento que tendrá el carácter de reservado y será el propio JNE quien decidirá sobre la pertinencia de hacer públicos los nombres que allí figuran.
En este sentido, el presidente del país, Ollanta Humala, había advertido en abril pasado, que no permitiría la presencia de “narcocandidatos” en las elecciones regionales y municipales previstas para el mes de octubre, añadiendo que no permitiría que Perú se convierta en “tierra de blanqueadores de activos”.
“Van a ver candidatos promovidos por el narcotráfico, y eso (…) no podemos permitirlo por el bien de nuestras familias” –manifestó Humala. Al mismo tiempo, afirmó: “bajo la careta de empresarios, esconden sus ilícitas actividades, y promueven corrupción y lavado de activos, que el Estado tiene que combatir“.
Denuncias
Por su parte, la Asociación Civil Transparencia reveló una lista de 13 candidatos para las elecciones municipales y regionales del 5 de octubre que tienen sentencias por tráfico ilícito de drogas, lo que se suma a los 115 candidatos con antecedentes de narcotráfico que tiene la Policía Antidrogas.
Al mismo tiempo, el secretario general de la asociación civil, Gerardo Távara, dijo que es necesario impulsar reformas electorales que impidan que los candidatos ligados al narcotráfico y otras actividades ilícitas continúen infiltrándose en los partidos políticos.
“Urgen hacer reformas políticas y electorales que permitan tener candidatos de mejor calidad y que los partidos sean más estrictos a la hora de dar su aval para integrar las listas electorales”, señaló.
El riesgo principal, según los analistas, radica en los pequeños municipios, donde los controles son más solapados, no existen partidos políticos y las listas de candidatos son pequeñas que se encuentran vulnerables a la infiltración de cualquier tipo de mafia.
Casos resonantes
El pasado 1 de agosto, las autoridades peruanas incautaron 600 kilos de cocaína en el vehículo del candidato a la alcaldía de la ciudad sureña de Barranca, Orlando Tapia, por el partido político Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori e hija del ex presidente Alberto Fujimori.
En el vehículo, pintado con los colores y lemas de Fuerza Popular, fue descubierto el cuñado del candidato a la alcaldía, Danilo Silva Sánchez quien era uno de los principales promotores de la candidatura de Tapia.
Al respecto, la líder del partido, Keiko Fujimori, dijo desconocer los antecedentes de Silva, a pesar de que éste contaba con un abultado prontuario como traficante de drogas. Había sido detenido en 2001 y condenado a 15 años de prisión efectiva por narcotráfico pero en 2009 el expresidente Alan García le conmutó la pena a 10 años y lo dejó libre.
El hecho de que una persona con tales antecedentes haya sido indultado y luego preste participación activa en una campaña electoral, es una muestra concreta y alarmante del nivel de intromisión del narcotráfico en la política del país.
La justicia, mientras tanto busca determinar el grado de compromiso de Tapia en las actividades delictivas de su cuñado y si el dinero de dichas actividades fue utilizado para la financiación de su campaña política.
Por otra parte, la presidenta del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica, Elizabeth Quispe, renunció a su cargo debido a que habría recibido amenazas de muerte de tres presuntos ‘narcocandidatos’ en dicha ciudad.
Al ser consultada por el JNE respecto a dichas amenazas, la funcionaria expresó: “Temo por mi vida”. “El narcotráfico ha penetrado la política. Es real”.
Asesinatos en Áncash
Otro caso resonante de los últimos tiempos en Perú se da con la investigación de presuntos vínculos con el narcotráfico del presidente del gobierno regional de Áncash, César Álvarez quien fuera acusado del asesinato de hasta nueve opositores políticos desde que asumió la presidencia en 2007, aunque de todas las acusaciones logró salir indemne.
Sin embargo, el asesinato en el mes de marzo, de uno de sus principales adversarios, Ezequiel Nolasco, motivó que se inste a reabrir las causas.
Respecto a la investigación de Álvarez, el procurador Anticorrupción, Christian Salas, dijo que la hija del exconsejero Ezequiel Nolasco, Fiorella, le ha entregado “información valiosa para la investigación” donde se encuentra “el tema vinculado con el narcotráfico”.
“Mi papá tituló una carpeta como ‘Narcotráfico en la región’. Ahí había fotos, recortes periodísticos, entre otras cosas. La Procuraduría será la encargada de dar esa información porque es un tema fuerte y peligroso. Yo ya no tengo nada que decir“, manifestó Fiorela Nolasco, hija del candidato asesinado.
Campaña presidencial de Keiko Fujimori
A fines de 2013 se conoció el Perú el aporte de 41.625 soles (unos US$ 15.500) a la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011 por parte de Luis Santiago Calle Quirós, quien fue incluido por el Departamento del Tesoro Público de Estados Unidos en su “lista negra” por su presunta vinculación con el narcotráfico.
Desde el partido encabezado por Fujimori, aseguraron desconocer el origen del dinero que llegó a realizar el aporte a su campaña política ya que, según se argumentó en su momento, no había sido realizado directamente por Calle Quirós. Al anoticiarse de dicho origen, se procedió a la devolución del dinero afirmando: “nuestro partido Fuerza Popular (FP) rechaza al narcotráfico y cualquier interés de parte de este flagelo de querer infiltrarse en los partidos políticos, como sí ha ocurrido en otros partidos”.
Repercusiones
A medida de que las sospechas sobre la incursión del narcotráfico en la política peruana van encontrando pruebas concretas, numerosas han sido las repercusiones tanto en la opinión pública como entre los representantes de diversos partidos que instan a que la justicia y las autoridades pertinentes actúen para evitar que situaciones como éstas se sigan perpetuando en un marco de completa impunidad.
En este sentido, la alianza GANA evalúa proponer una comisión parlamentaria que investigue a los candidatos presuntamente vinculados al narcotráfico.
“En estos días se van a presentar algunas iniciativas. Vamos a ver si proponemos una comisión que se encargue de investigar el caso de los ‘narcocandidatos’ que vienen tratando de encubrirse en una candidatura política a un sillón municipal o regional”, adelantó Teófilo Gamarra, diputado por Gana.
Para el diputado, la situación es de gravedad y es necesario que se realice una investigación profunda que permita determinar su en los partidos políticos hay filtros adecuados y suficientes para evitar a los llamados ‘narcocandidatos’.
“Creo que el pueblo tiene que evaluar a sus candidatos”, agregó el diputado, al mismo tiempo que lamentó que muchos de los sentenciados por tráfico de estupefacientes hayan salido en libertad por indultos o conmutaciones de pena concedidos por el Gobierno anterior.
