Por el Departamento Editorial de Lavadodinero.com.
Con el objetivo de fortalecer la estrategia en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el gobierno peruano anunció esta semana la implementación de un plan nacional que contempla una serie de medidas institucionales para combatir las acciones de legitimación adelantadas por el crimen organizado.
El Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo es una hoja de ruta, donde además de identificar las vulnerabilidades de ciertas actividades económicas vulnerables a estos delitos, detalla el conjunto de acciones necesarias para enfrentarlas, asignar responsabilidades a las diversas instituciones públicas y da un plazo para su implementación.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP estuvo a cargo de la secretaria técnica y realizó las coordinaciones de trabajo con 19 entidades públicas vinculadas en la lucha contra estos delitos, para recoger sus comentarios y sugerencias en la redacción del texto final del plan. El Fondo Monetario Internacional brindo la asesoría técnica.
El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, destacó la necesidad de que este Plan “sea asumido como una política de estado, ya que la misma nos ayudará a fortalecer de forma integral nuestro sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a través del fortalecimiento de la prevención, la detección y la represión penal”.
Detalles del Plan
A continuación presentamos algunos extractos del documento presentado en Presidencia del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno:
-Principales objetivos del Plan:
· Prevención:
a. Reforzar el marco legal
b. Reforzar la supervisión
c. Fortalecer el cumplimiento de obligaciones ALA / CFT
· Detección:
a. Fortalecer La capacidad de acceso de información de las entidades encargadas de las detección e inteligencia financiera
b. Fortalecer la capacidad analítica de las entidades involucradas en el proceso de detección
c. Fortalecer la detección en puntos de control aduanero y zonas de frontera.
· Represión:
a. Garantizar plazos adecuados para las investigaciones
b. Intensificar la coordinación interinstitucional en el marco de las investigaciones penales
c. Fortalecer a los órganos encargados de la investigación y el juzgamiento
d. Fortalecer la cooperación judicial internacional
e. Fortalecer la capacidad del Estado para despojar a los criminales y terroristas de sus activos
-“El Plan Nacional ALA / CFT se basa en el análisis de las amenazas claves de LA/FT que enfrenta Perú y de los modos más importantes en los que el sistema peruano es vulnerable a explotación para” estos delitos.
-“Este enfoque basado en el riesgo se encamina a lograr una utilización más eficaz de los recursos públicos, concentrándolos en las áreas que se determinaron más vulnerables a las amenazas que el sistema enfrentaba”.
-Entre las principales vulnerabilidades estructurales encontradas están:
· Ausencia de mecanismos de coordinación interinstitucional: entre las deficiencias se menciona la falta de supervisión de sectores críticos como el sector notarios, o el sector agentes de aduana, la falta de coordinación entre la UIF y las autoridades policiales, o la escasa coordinación efectiva entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Peruana. También se creó la Comisión Ejecutiva de Lucha contra el LA y el FT, “con el objeto de coadyuvar en la coordinación, articulación y planificación, a mediano y largo plazo, de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir” estos delitos.
· Corrupción: a corrupción es una debilidad estructural que puede afectar la implementación del plan. Un sistema efectivo de lucha contra el LA y el FT requiere el respeto por los principios de transparencia y buen gobierno, así como la existencia de medidas apropiadas para prevenir y combatir la corrupción. “Como delito precedente, la corrupción representa una de las principales fuentes de lavado de activos en el Perú, de acuerdo a distintas fuentes”.
· Informalidad económica: Estudios demuestran que la informalidad se ubica entre el 40% y el 60% de la fuerza laboral. La mayor parte de las empresas operan en la informalidad. “La prevalencia de la informalidad permite a los delincuentes consumir con mayor facilidad sus ingresos precedentes del delito y subsistir en el sector informal sin ser detectados”. La informalidad presenta muchas oportunidades a los delincuentes, “ya que la mayoría de las transacciones se realizan en efectivo y por lo tanto pueden ser llevadas a cabo de manera anónima”. Los lavadores de dinero encuentran que “es fácil operar en el sistema financiero son ser reportados declarando que la falta de respaldo documental de sus transacciones se debe a cuestiones impositivas”.
· La Geografía y las Fronteras: Perú enfrenta grandes desafíos en el control de flujos transfronterizos, ya que tiene regiones y fronteras difíciles de controlar. Las condiciones geográficas tornan a Perú vulnerable al ingreso de delincuentes así como de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador provenientes del delito. Es necesario realizar un diagnóstico de las zonas vulnerables de frontera.
· Desarrollo insuficiente de las bases de datos estadísticas: las bases de datos de las entidades que conforman el sistema ALD / CFT son deficientes o no han alcanzado un buen nivel de desarrollo. Resulta necesario fortalecer y ordenar la producción de estadísticas relevantes para la evaluación de efectividad del sistemas ALA / CFT.
-Otras de las debilidades detectadas en el área en la lucha antilavado en Perú son:
· La excesiva carga supervisora de la UIF.
· Debilidades de supervisión para cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas.
· Falta de regulación y supervisión de las casas de cambio.
· Escasa implementación del enfoque de supervisión basado en riesgos.
· Falta de recursos, herramientas y capacitación de CONASEV para supervisar el sector de los valores.
· Limitada profundidad y entendimiento en el cumplimiento en el sector de valores.
· Debilidades en el sector bancario y de valores para identificar al beneficiario final y el origen de los fondos.
· Falta de aplicación de sanciones a los sujetos obligados ante el incumplimiento de las obligaciones preventivas.
· Falta de acceso directo de la UIF a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria.
· Falta de coordinación entre la UIF y los organismos policiales.
· Escaso nivel de análisis para determinar tendencias y patrones.
· Duración excesiva de las investigaciones preliminares.
· Falta de peritos y expertos.
· Escasa coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Peruana.
· Demora excesiva de ciertas autoridades extranjeras.
· Escasez de recursos, sobrecarga de trabajo y falta de capacitación a nivel judicial.
-Entre las acciones más importantes destacadas en el plan se encuentran:
1. Aprobar un proyecto de ley en el cual se redefina la lista de sujetos obligados y se establezca la obligación de cumplimiento a ciertos sectores que no son sujetos obligados, así como una lista de organismos de supervisión y la posibilidad de una supervisión basada en el riesgo. El responsable es el Congreso de la republica, que tendrá plazo hasta diciembre de 2011
2. Aprobar un proyecto de ley por el cual se cree un registro de casas de cambio en la SBS.
3. Modificar la normativa de CONASEV, incorporando a la misma un enfoque basado en el riesgo, la identificación de beneficiaros finales y al actualización de registros de clientes y transacciones.
4. Establecer a la Superintendencia de Bancos y Seguros como supervisor integral de las cooperativas de ahorro y créditos.
5. Aprobar la norma para fijar obligaciones a los notarios públicos.
6. Impulsar programas de capacitación permanente para la SBS, que le permita efectuar una supervisión efectiva con un enfoque basado en el riesgo
7. Aprobar una ley mediante la cual se fortalezca la supervisión en el mercado de valores y convierta a la CONASEV en la Superintendencia de Mercado de Valores
8. Otorgarle a la UIF la supervisión de los notarios mediante las modificaciones de las regulaciones.
9. Aplicar las reformas legislativas necesarias que faculten a la UIF para acceder a la información protegida por secreto bancario, reserva tributaria y la información confidencial sobre declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
10. Promover lo
