En un esfuerzo para que el dinero sucio no llegue a manos de personas expuestas políticamente, incluso antes de ser electas, la unidad de inteligencia financiera de Perú puso en marcha un programa de capacitación para que los partidos políticos aprendan a detectar dinero sucio en sus finanzas.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) firmaron un convenio de cooperación para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos en Perú. El objetivo es evitar que los partidos sean utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo.
La UIF asesorará a la Gerencia Supervisora de Fondos Partidarios de la ONPE, que según establece la Ley de Partidos Políticos de Perú, le corresponde realizar la verificación y control de la actividad económico financiera de las organizaciones políticas.
La idea del convenio es que los funcionarios de la ONPE tengan una mayor capacitación para detectar el lavado de dinero. “Ante el riesgo de que algunos candidatos o instituciones que manejan dinero sucio puedan ingresarlo al sistema en las campañas proselitistas se ha firmado el convenio para que los expertos de la UIF capaciten a los funcionarios de la ONPE”, dijo Daniel Vega, jefe de imagen institucional de la UIF de Perú.
El acuerdo entró en vigencia el 10 de enero y tiene una duración indefinida. Fue suscrito por la jefa nacional de la ONPE, Magdalena Chú y por el director ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, Carlos Hamann Pastorino.
El convenio también busca capacitar a los partidos políticos a prevenir y detectar transacciones sospechosas que estuvieran vinculadas con dinero sucio, “y por lo tanto también se va a capacitar a los propios partidos políticos a través de la ONPE para que los dirigentes políticos tomen sus propias precauciones”, según Vega.
La ONPE deberá proporcionar a la UIF, cuando ésta lo solicite, una copia de los estados financieros anuales, la relación de las aportaciones procedentes de financiamiento privado o cualquier otra información que resulte necesaria para conocer a fondo el movimiento financiero de los partidos.
Según Vega, este convenio no se debe a la detección de ningún caso en especial de lavado de dinero a través de estructuras políticas en los últimos tiempos, sino que fue un proceso natural “desde la última década del fujimorismo, donde hubo varios casos de personas vinculadas a narcotráfico y a la mafia” que participaron de los procesos proselitistas. “Es más bien un método de prevención porque hay cierto temor ahora que han surgido candidatos sin ninguna trayectoria política, y hay que garantizar que no vuelvan a ocurrir hechos del pasado”.
Los partidos políticos en Perú son sujetos obligados dentro del rubro de instituciones que reciben donaciones de terceras personas. En una conferencia de prensa ante medios locales en Perú, Hamman señaló que los partidos políticos están obligados a nombrar a un oficial de cumplimiento, aunque a diferencia de lo que ocurre con entidades financieras que cuentan con un oficial de cumplimiento constantemente, en los partidos políticos este cargo puede ser realizarse a tiempo parcial. Agregó que los partidos deberán designar a un responsable ante la UIF.
