Por Carla Valero
El diputado Jorge Burgos del Partido Demócrata Cristiano (DC) de Chile presentará un proyecto de ley que busca fortalecer la actual legislación antilavado del país.
Según Burgos, Chile necesita mejorar sustancialmente su capacidad de prevenir y perseguir el lavado de dinero y estas necesidades obvias fueron las que lo impulsaron a a elaborar el proyecto de ley. A pesar de que la ley antilavado es bastante nueva ya que se aprobó en el año 2003, según Burgos “requiere de mejorías urgentes”.
A grandes rasgos, el proyecto busca reforzar las funciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), controlar mejor sector de cambio de divisas en las casas de cambio, la apertura de la ley del Secreto Bancario para los fiscales en investigaciones de lavado de dinero y la potestad del Ministerio Público para requerir información bancaria cuando lleve a cabo una investigación.
El nuevo proyecto también busca mejorar la capacidad de los fiscales para detectar los lavadores de dinero.
La iniciativa, que surgió a finales del año pasado por parte de los diputados Carlos Montes, Eduardo Saffirio y Jorge Burgos, podría ver sus frutos en breve tras una reunión entre Burgos y la subsecretaria de hacienda Maria Oliva Recart, donde se acordaron los últimos puntos antes de que dicho proyecto vea la luz el próximo 20 de mayo cuando se inicie la tramitación.
Chile recibió críticas en la última evaluación del GAFISUD a finales del año pasado y según Burgos esto posiblemente movilizó a las autoridades chilenas a interesarse más en reforzar los controles antilavado.
Más acceso a la información bancaria
Según el proyecto, el Ministerio Público de Chile podría solicitar la entrega de todos los antecedentes relacionados con cuentas corrientes bancarias, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de una investigación por lavado. Hasta ahora esta información era de carácter privado según la Ley del Secreto Bancario y sólo la podía solicitar la UAF o mediante orden judicial.
Según el proyecto los fiscales del Ministerio Publico, con autorización de un juez, “podrán solicitar la entrega de todos los documentos sobre depósitos u otras operaciones de cualquier naturaleza, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigación”.
Con las modificaciones que introduce el proyecto, el estado chileno podrá sancionar a las empresas en las cuales se detecte que se ha producido un delito de lavado. Las sanciones pueden ser económicas e incluso provocar el cierre del negocio.
Para Burgos, “esta es una medida muy positiva ya que nuestra legislación por el momento no contempla las sanciones a empresas o personas jurídicas con lo cual había muchas empresas dedicadas al lavado que no eran castigadas”.
El proyecto también propone al Ministerio de Hacienda que incluya nuevas normas con las que pueda controlar de mejor forma las casas de cambio y otras empresas del sector financiero. Según Burgos hay que profundizar la normativa y el control antilavado actual en Chile de las casas de cambio, ya que éstas se encuentran vigiladas por el Banco Central pero sólo en temas muy generales.
Burgos cree que el proyecto de ley puede mejorar este sector ya que de aprobarse, además de las casas de cambio, todas las instituciones que se dedican al negocio cambiario, pasarían a ser sujetos obligados de informar a la UAF de sus actividades.
