“Porteros” en todo el mundo continúan lucha contra las obligaciones de reporte

Abrar Haque tuvo las llaves de la industria financiera y las utilizó para abrir fortunas ilegales.

Un gran jurado federal dio a conocer una acusación de 79 cargos en febrero pasado, acusando al contador público certificado de lavado de dinero, estructuración de transacciones y fraude contra varias agencias gubernamentales de EE.UU. a través de su firma contable Abrar CPA Inc. ubicada en Cleveland, Ohio.

Los delitos cometidos por Haque son la clase de hechos que los legisladores en todo el mundo utilizan para justificar las nuevas leyes contra el lavado de dinero que obligan a los “gatekeepers” o “porteros” – abogados, contadores y notarios que manejan relaciones entre individuos o negocios y las instituciones financieras – a reportar actividades sospechosas a las fuerzas de cumplimiento legal.

Si bien “no es posible cuantificar exactamente cuánta influencia” tienen los porteros involucrados en actividades ilegales para promover el lavado de dinero, se necesitan regulaciones más severas porque cada vez más y más delincuentes los consultan solicitando asesoramiento y asistencia, dijo John Carlson, administrador principal del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la autoridad global sobre lavado de dinero.

“Conceptualmente eso está bien”, dijo Greg Baldwin, socio senior de la firma de abogados Holland & Knight en Miami, “pero presenta problemas enormes para la profesión legal”.

Los abogados europeos, canadienses y de EE.UU. argumentan que el obligar a los abogados a actuar como agentes gubernamentales erosiona los pilares judiciales tales como la confidencialidad abogado-cliente, el derecho a tener un abogado y el derecho a un juicio justo. 

El modelo europeo

El tema creció a partir de una directiva de la Comisión Europea emitida en el 2001, que obliga a los porteros a reportar transacciones sospechosas y también a partir de una directiva del 2005 a establecer procedimientos de diligencia debida para los porteros con relación a clientes y personas políticamente expuestas.

“Nos preocupa que los abogados tengan que reportar gente por una simple sospecha”, dijo Peter McNamee, asesor legal del Consejo de Colegios y Sociedades de Derecho de Europa (por sus siglas en inglés, CCBE), con sede en Bélgica. “Las sospechas no son hechos.  Entonces tenemos que seguir representándolos sin decirles que se han presentado informes sobre ellos. Esto erosiona completamente la relación abogado-cliente”.

Desde que los miembros de la UE implementaron la directiva del 2001 de forma diferente, “existen disparidades masivas” en toda Europa, dijo McNamee.

Por ejemplo, el CCBE encontró que, en 2004, los profesionales habían presentado 12.740 informes en el Reino Unido, pero sólo uno en Bélgica, que aplicó los estándares mínimos.

Las leyes del Reino Unido obligan a los abogados y contadores a reportar al Servicio Nacional de Inteligencia Criminal cualquier “conocimiento o sospecha” de lavado de dinero, pero los exceptúa si la información es descubierta al momento de dar asesoramiento “privilegiado” a sus clientes.

“Nadie sabe qué significa eso”, dijo Ed Krauland, abogado especializado en comercio y regulaciones internacionales en Washington D.C., con relación a los términos “sospecha” y “privilegiado”.  De hecho, los abogados juegan roles múltiples.

Los abogados belgas se opusieron a la directiva de reporte en el 2005, argumentando que viola la constitución belga, el Artículo Seis de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza un juicio justo, y el Artículo Seis del Tratado de la UE.  Los tribunales enviaron el caso a la Corte de Justicia Europea en Luxemburgo y, si estuviere de acuerdo, los 25 miembros de la UE no necesitarán implementar la ley.

Hasta ahora, sólo dos países – Francia y Grecia – no han implementado la directiva del 2001, dijo McNamee.

El momento de la verdad

Posteriormente el GAFI, con sede en París, modificó sus 40 Recomendaciones en el 2003, obligando a los porteros a adoptar procedimientos de diligencia debida y reporte de actividad sospechosa.  También les prohíbe decirles a los clientes que los mismos han sido reportados – lo cual es una cláusula similar a otra de la Ley de Secreto Bancario (LSB) que prohíbe a las instituciones financieras avisarles a sus clientes de tales circunstancias.

Los legisladores canadienses implementaron las recomendaciones del GAFI, pero la Corte Suprema de Columbia Británica las bloqueó en la provincia.  Otros tribunales provinciales estuvieron de acuerdo con ello, y el gobierno canadiense eliminó su aplicación.

Carlson dijo que el GAFI espera que todos sus miembros – incluyendo Estados Unidos – “cumplan totalmente con todas las recomendaciones”.
Actualmente, con un ojo en el escenario internacional, el Departamento del Tesoro de EE.UU. está tratando de adecuar su política.

El Departamento del Tesoro primero se refirió al tema en el informe del Secretario Stuart Eizenstat presentado en el 2000 al Congreso, que decía que el departamento estaba “siguiendo programas de manera agresiva dirigidos a los “porteros” para que las reglas que los aislaban del escrutinio no crearan una cobertura para la conducta criminal. 

Nada sucedió desde entonces.

“Este es el momento de la verdad para el gobierno de EE.UU. y las regulaciones del GAFI”, dijo Baldwin. “Cuando el GAFI emite algo así, recibe la atención mundial”. 

“Ese debate continua dentro del gobierno de EE.UU., especialmente en el Departamento del Tesoro, pero no existe ninguna fuerza dentro de la LSB que diga que FinCEN tiene que considerar si regula a los abogados o no “, dijo William D. Langford Jr., director asociado de políticas y programas regulatorios de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) 

Bajo la LSB y sus modificaciones de la Ley USA Patriot, el Departamento del Tesoro debe emitir regulaciones para todas las instituciones financieras o exceptuarlas públicamente.  En el 2003, FinCEN publicó un aviso en el que proponía ampliar el alcance de la LSB para incluir a aquellos involucrados en las transacciones de bienes raíces.  Ese aviso “cuyo propósito era ayudar a la oficina a recibir respuestas de la industria” recibió la atención de los abogados de bienes raíces y generó preguntas sobre su inclusión.

“Nuestra regulación de bienes raíces no se refiere al tema de regular a los abogados”, dijo Langford.  El asunto sobre la regulación es que, por primera vez, coloca el foco de atención sobre los abogados que actúan como abogados.

“No sé si hay necesidad de regularlos o no”, agregó. “Estos son temas dudosos”.

“No se puede servir a dos amos”

La Asociación de Abogados de EE.UU. (por sus siglas en inglés, ABA) preventivamente objetó el requisito de reporte y acordó, en su lugar, desarrollar programas educativos, argumentando que las regulaciones perjudicarían la relación abogado-cliente y erosionarían los privilegios de confidencialidad y el derecho de un juicio justo del derecho anglosajón.
Sin una garantía de confidencialidad, los clientes mentirán y darán una idea equivocada a sus abogados y no recibirán el asesoramiento legal adecuado, dijo Chris Myers, socio de la firma de abogados Holland & Knight en Washington D.C.

“También coloca al abogado en un lugar de ser agente secreto para el gobierno, cuando se supone que es agente del cliente”, dijo Baldwin.  “No puede servir a dos amos. Uno de los pilares de nuestro sistema legal es su independencia.  No puede tenerse un poder judicial efectivo si no se tiene a ambas partes presentando elementos, y no puede tenerse a dos partes presentando elementos si ambas están trabajando para el gobierno”.

Además, dijo Myers, “los abogados están regulados”.  Es ilegal lavar dinero. Ese es el elemento disuasivo.  Si violan la ley, pueden ser juzgados criminalmente e inhabilitados para ejercer la profesión.

Además de la Ley de Control de Lavado de Dinero, que convierte en delincuente a cualquiera que a sabiendas participe en una transacción financiera que involucre fondos criminales, los abogados están sujetos a reglas éticas de las asociaciones de abogados federal y estatales.

“No estamos pidiendo una excepción para realizar lavado de dinero”, dijo Krauland, miembro del grupo de trabajo de porteros de la ABA. “Creemos que hay cosas que ya existen.  Nuestra posición con el GAFI es que nuestras reglas éticas son redactadas muy cuidadosamente y son muy equilibradas”.

La educación y la conscientización son mejores alternativas a la regulación federal, dijo.

Además, Myers y Langford están de acuerdo en que las obligaciones de reporte no sería una red que detuviera a los abogados que idean esquemas de lavado, como Robert M. Short, cuya acusación por lavado de dinero es casi un libro.

En el 2003, Short malversó cerca de US$500.000 de su firma de abogados en Virginia, de esa suma transfirió alrededor de US$250.000 a un casino en Atlantic City, apostó US$1.000 a la ruleta y retiró el resto del dinero.  Cinco días después, fue apresado en Kansas, con marihuana, hashish, un arma de fuego semiautomática y US$207.000 en efectivo. Short fue arrestado por cargos de drogas y armas de fuego, pero pagó una fianza y abandonó el país antes de que las autoridades descubrieran que era buscado en Virginia.
Short integró la lista de los 12 criminales fugitivos más buscados de la División de Justicia Criminal y parte de la lista de los Más Buscados de EE.UU.  Dieciséis meses más tarde, las autoridades lo arrestaron en el aeropuerto Dulles luego de desembarcar de un vuelo procedente de Brasil.  Se declaró culpable de malversación y lavado de dinero.

“Si usted tiene un abogado que va a violar la ley, ninguna regulación lo va a detener”, dijo Langford.  Las regulaciones sobre lavado de dinero están dirigidas a los “buenos negocios y las buenas personas”.