Por Matt Squire.
Un total de 24 cargos han sido incluidos en la acusación contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila, y dos de sus colaboradores políticos por fraude con transferencias de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, en el proceso iniciado por un gran jurado federal de Estados Unidos el martes.
La acusación, presentada en la Corte de Distrito Federal de Puerto Rico, alega que el Gobernador Acevedo Vila, su asesora legal Luisa Inclan Bird y el director financiero del comité de la campaña política de Acevedo, Miguel Nazario, recibieron US$250.000 en sobornos pagados por un empresario local para ser favorecido en algunos negocios.
El gobernador rechazó las acusaciones y reiteró su inocencia, asegurando que “nada ni nadie” lo “va a detener en el empeño de seguir haciendo lo que es correcto”. Sin embargo, el caso es una muestra de los riesgos que representan las personas políticamente expuestas para las instituciones financieras.
Ken Bryant, director of Bryant & Associates, consultora ALD de Carolina del Norte, asegura que para los bancos este proceso judicial contra el Gobernador de Puerto Rico expone los riesgos regulatorios que las instituciones financieras estadounidenses enfrentan cuando prestan servicios a las denominadas personas expuestas políticamente (PEPs) en territorio de EE.UU.
De acuerdo con las regulaciones estadounidenses, los bancos deben analizar más detalladamente las transacciones financieras de las figuras políticas extranjeras prominentes y de sus asociados. En Puerto Rico y otras jurisdicciones del Caribe, las instituciones financieras deberían tener presente el carácter menos legalista de los gobiernos de la región “que tienden a crear un escenario de mayor riesgo de corrupción oficial”, dijo Bryant.
La metodología del caso
La campaña de Acevedo emitió facturas fraudulentas por servicios al empresario a través de una compañía de medios separada, a fin de disfrazar el pago del US$250.000, dijeron los fiscales. Los acusados utilizaron los fondos para pagar los gastos de la campaña, según se indica en la acusación.
Los fiscales también alegaron que, entre enero de 2003 y octubre de 2006, los acusados conspiraron para realizar transacciones financieras para ocultar los fondos provenientes del fraude utilizando cheques de empresas emitidos por el empresario a la compañía de medios, de acuerdo con el texto de la acusación.
El empresario, cuyo nombre no fue individualizado en la acusación, es director de un grupo de compañías en Puerto Rico que realizan actividades en las industrias de turismo, aviación y servicios alimenticios, según la acusación.
El 27 de marzo, Acevedo y 12 personas vinculadas a él fueron acusados de un total de 24 cargos, incluida la realización de declaraciones falsas, transferencias y delitos impositivos relacionados con un supuesto fraude similar para pagar las deudas de la campaña con contribuciones ilegales de empresarios. Acevedo se declaró no culpable de los cargos presentados en marzo.
Acevedo y los demás acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta US$250.000 por cuatro cargos de fraude. Por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa equivalente al monto mayor del doble del valor del bien involucrado o US$500.000.
Acevedo fue elegido Gobernador de Puerto Rico en noviembre de 2004
Las autoridades estadounidenses investigaron a un recaudador de fondos demócrata de Filadelfia, quien se cree que hizo contribuir de manera ilegal decenas de miles de dólares a la campaña de Acevedo en nombre de otros individuos que no tenían conocimiento del fraude, según un artículo publicado en el Philadelphia Inquirer el 22 de junio de 2006.
