La Procuraduría General de República Dominicana decidió tomar como propia la lucha antilavado y creó dentro de su organización una Oficina del Ministerio Público Antilavado de Activos.
La nueva unidad estará encargada de diseñar y dar seguimiento a las investigaciones y acusaciones de los casos de lavado de dinero. Deberá definir criterios y herramientas que faciliten el trabajo de los fiscales en todos los temas relacionados con el lavado de dinero.
La oficina funcionará como una unidad antilavado dentro de la organización. Deberá establecer una línea de comunicación permanente con la unidad de análisis financiero—agencia que responde a un comité nacional contra el lavado de dinero — e impulsar acuerdos de cooperación y capacitación con unidades antilavado en otros países.
La Procuraduría General hizo público el anuncio mediante la Resolución 13, que establece que la nueva unidad será una oficina dependiente de la Procuraduría, con jurisdicción a nivel nacional.
Dirección del procurador
Según la resolución el procurador podrá designar fiscales adjuntos como delegados o representantes antilavado en los departamentos o distritos judiciales que se consideren convenientes.
La unidad será dirigida por un procurador general adjunto y otros miembros del ministerio público. También participarán profesionales, funcionarios o agentes policiales que cumplan tareas auxiliares de investigación en casos de lavado.
Parte de un plan mayor
Este es uno de los pasos que la Procuraduría General de la República se propuso en el documento Lineamiento de la Política Criminal dentro de los Parámetros del Plan Nacional de Seguridad Democrática para la República Dominicana.
El documento incluye diversas acciones y medidas para combatir el lavado de dinero y movimientos sospechosos de dinero. Una de estas medidas fue mejorar la calidad de los registros públicos de propiedades, de obligaciones tributarias, registros mercantil y de sociedades para que el Ministerio Público tenga un mejor acceso a información clave en algunas investigaciones.
También se propuso entrenar y capacitar a las unidades fiscales encargadas de la investigación y persecución del lavado de dinero.
