Por Carla Valero
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La unanimidad se impuso entre los profesionales que integran el sector financiero de Uruguay tras reconocer en un estudio, el 100 por ciento de los encuestados, que en el país se lava dinero procedente del contrabando, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Este lavado, dijeron, se produce sobre todo en el sector inmobiliario.
Leonardo Costa, consultor sobre prevención de lavado de dinero en Uruguay, apoya los resultados de una encuesta elaborada por la consultora KPMG: “es imposible decir que en Uruguay no se lava porque en todos los países se hace y el nuestro no va a ser una excepción.”
También está de acuerdo con las respuestas Fabián Vergara, oficial de cumplimiento de la Casa de Cambio Gales en Uruguay. “El dinero se lava en todo el mundo, eso está claro y de lo que se trata por parte del gobierno y las instituciones es intentar que no se produzca. Lo que pasa es que el poder de los lavadores es cada vez más grande, están muy preparados y asesorados por consultores, abogados, que dificultan la tarea de la autoridad”.
A pesar de la contundencia en las respuestas de la encuesta, Gastón Sciarra, Oficial de Cumplimiento del Banco Internacional NV no lo ve tan claro. “No se puede ser tan general y decir que se lava porque todo depende de las instituciones con las que trabajes, hay algunas más flexibles que otras”.
Daniel Espinosa, coordinador de la Unidad de Análisis e información Financiera (UIAF), dijo que “si bien podríamos decir que la situación del lavado de dinero en Uruguay puede presentarse como moderada, no se puede cometer el error de minimizar su existencia”.
El sector inmobiliario, el más crítico
Además del sector financiero, según un 96 por ciento de los encuestados el sector más vulnerable a las operaciones de lavado es el inmobiliario, seguido de los casinos con un 79 por ciento y los hoteles con un 68 por ciento.
Las inmobiliarias y los casinos han sido los últimos sectores en ser incorporados como sujetos obligados a la ley antilavado a través de la ley 17.836 de 2004. Según Vergara, “son los sectores más vulnerables porque hasta hace poco no estaban acostumbrados a tener que reportar nada y ahora van a empezar a tener que rendir cuentas de sus operaciones con los clientes”.
Para Costa, “las inmobiliarias ya no deberían ser un sector vulnerable porque ya se supervisan pero el problema es como todo, aunque exista la ley, a la práctica no se lleva a cabo y el tema está un poco descontrolado”.
Supervisión basada en EE.UU.
En cuanto a los órganos de supervisión y control como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dependiente del Banco Central de Uruguay (BCU), más de la mitad de los profesionales consideran que reúnen todas las facultades para cumplir con su trabajo de forma eficiente. Pero un 82 por ciento reconoce que la falta de recursos es una de las limitaciones principales de la Unidad.
Según Costa, “la supervisión de algunos sujetos obligados, que en Uruguay la hace el BCU, hoy por hoy se está dando siguiendo la ley americana porque todos los bancos y casas de cambio tienen cuentas en EE.UU. y basan sus sistemas de control en esas regulaciones que por otro lado son también implementadas por el BCU”.
En cuanto a la competencia de la Unidad, un 61 por ciento afirmaron que la UIAF puede dar una respuesta efectiva al problema que supone el lavado de dinero.
Por otro lado, algunas empresas están experimentando un aumento de costos en sus presupuestos de cumplimiento para adaptarse a las necesidades que pide la UIAF. A pesar de que los encuestados lo ven como algo necesario, un 36 por ciento considera que los costos son elevados.
Para Sciarro, la UIAF hace su trabajo y la falta de cumplimiento no es el problema, “el tema es que cada día se les piden más requisitos que exigen realizar una inversión tecnológica, de recursos y de personal para intentar cumplir con las exigencias del BCU”.
Sobre la UIAF Espinosa dijo que “el desafío actual del organismo es poner en marcha su nueva estructura administrativa, ampliar su base de datos e implementar un sistema informático para hacer más eficiente el proceso de recepción y análisis de los casos sospechosos reportados por los sujetos obligados.
A pesar de las buenas intenciones de los reguladores, según la encuesta, el Poder Judicial no está suficientemente involucrado en el tema del antilavado ya que un 57 por ciento consideran que la excesiva burocracia hace que este órgano no ejerza su papel como debería. Este dato puede explicar por qué en Uruguay, en el último año, sólo se ha procesado un caso por lavado.
El esfuerzo debe ser continuo
Según la encuesta, el desarrollo de las políticas antilavado ha obedecido más al riesgo de sanciones y a la presión de los reguladores que a la propia conciencia de intentar atajar el problema. Pero curiosamente, para Costa, “la mentalidad de la gente ha mejorado muchísimo y cada vez hay más conciencia de que hay que evitar las operaciones de lavado porque se trata de actividades ilícitas”.
Según Costa “el sector privado uruguayo ha hecho un esfuerzo enorme en los procedimientos de control y monitoreo. Gracias a la ley de 2004, el país está modificando claramente su cultura sobre lavado, de prevención y su legislación. Ahora hay que apuntar más fuerte sobre supervisión.”
De la encuesta se desprende que a pesar del buen conocimiento del cliente, las prácticas más eficaces y la correcta supervisión que los reguladores llevan a cabo, esto debe ser ejecutado y revisado de forma continua.
Según Sciarra, “la mejor muestra de esa revisión y continuidad que está dando Uruguay es la aprobación en breve, de la modificación en el límite del reporte de operaciones de los sectores obligados, los cuales van a bajar su limite de los US$10,000 actuales a los US$3,000”.
Para Vergara, más allá de la unanimidad en que los profesionales creen que se lava dinero, “el progreso es notorio y Uruguay se está alineando poco a poco con los parámetros internacionales establecidos por GAFI”.
