Por Brian Monroe
La acusación presentada contra un prominente abogado de Miami, Ben Kuehne, el jueves pasado, por cargos de lavado de dinero y obstrucción de justicia generó un enorme apoyo de sus colegas, quienes alegan que los cargos son un ataque a los abogados defensores y al privilegio abogado-cliente.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Kuehne, a la contadora colombiana Gloria Florez y al abogado colombiano Oscar Saldarriaga, por el delito de ayudar a ocultar el supuesto origen ilícito de más de US$5,2 millones provenientes de pagos hechos por el narcotraficante, Fabio Ochoa Vásquez, a su abogado defensor, Roy Black.
De acuerdo con las leyes de lavado de dinero, los abogados tienen prohibido aceptar pagos a sabiendas de que los mismos tienen un origen criminal.
Kuehne fue contratado por Black en diciembre de 2002 para investigar el origen del dinero con el cual el lider del Cartel de Medellín pagaría los honorarios profesionales de su defensor.
Por su trabajo de verificación, Kuehne recibió US$197.000, según la acusación hecha por la Fiscalía. Ahora el destacado jurista enfrenta una condena de 50 años en prisión.
Kuehne que ha tenido como clientes, entre otros, al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y a otros líderes políticos, y es miembro de la directiva del Florida Bar Association (Organismo que regula y agrupa a los abogados de Florida).
Apoyo de sus colegas
Algunos abogados han calificado la acusación como un ataque a los abogados defensores, ya que revela qué tan vulnerables pueden ser ellos mismos a ser sometidos a juicio cuando representan a traficantes de drogas y lavadores de dinero. Pero para tener éxito en este caso, el Departamento de Justicia deberá probar que Kuehne sabía que el dinero provenía del tráfico de drogas o que fue deliberadamente negligente al examinarlo, explicó Greg Baldwin, socio de la firma de abogados Holland & Knight, de Miami.
“Para mí es inconcebible que Ben transfiriera el dinero sabiendo que provenía de una fuente ilegal”, indicó Baldwin, quien conoce a Kuehne hace más de 25 años.
Baldwin dijo que una investigación hecha por un abogado sobre el posible origen criminal de los fondos del cliente es una “operación de alto riesgo” convertida en más peligrosa, porque incluso si el abogado quisiera conocer la opinión de las autoridades de cumplimiento legal, él o ella no podrían hacerlo porque comprometería el privilegio abogado-cliente o daría a conocer detalles que el gobierno podría utilizar en un juicio.
Bob Serino, socio de la firma de abogados Buckley Kolar LLP en Washington, D.C., explicó que cada vez que un abogado acepta realizar una investigación en la que se realizan acusaciones de lavado de dinero, él o ella están asumiendo un gran riesgo. Si [Kuehne] es condenado, tendría un efecto escalofriante en los abogados que aceptan este tipo de casos”.
Kuehne, en seis cartas de opinión, verificó que los pagos realizados por el sentenciado traficante Ochoa al abogado Black provenían de la venta de inmuebles, caballos premiados, ganado y otros activos que habían sido adquiridos antes de que Ochoa construyera su imperio de las drogas.
Pero los fiscales dicen que Kuehne sabía que el dinero provenía del tráfico de drogas y trató de ocultar su origen preparando “planillas de cálculos, recibos, cartas y otros instrumentos falsos y fraudulentos”, que daban respaldo a las cartas de opinión.
Los investigadores también alegaron que Kuehne trató de conseguir el dinero utilizando cuentas bancarias de terceros, transferencias a nombre de terceros, memoranda falsos, registros falsos y otros documentos fraudulentos.
Además, la acusación alega que Kuehne y otros involucrados en el fraude transfirieron y mezclaron fondos procedentes del narcotráfico a través del mercado negro de cambio de pesos, una técnica de lavado de dinero usada especialmente en América del Sur, que utiliza a los corredores-agentes para vender moneda de los EE.UU. que deriva del tráfico de drogas hacia negocios sudamericanos que desean hacerse los desentendidos de la situación.
Los fiscales dicen que docenas de transferencias hacia la cuenta de fideicomiso del cliente de Kuehne se habían originado en operaciones encubiertas de Estados Unidos en Nueva York y Miami, que eran, de hecho, fondos procedentes del tráfico de drogas. Además, en una carta dirigida a Kuehne, en la que se indica que algunos de los pagos de honorarios legales provenían de la venta de una casa, es falsa, según los fiscales.
“No creo que hubiera falsificado un documento para su madre en su lecho de muerte”, dijo Baldwin acerca de Kuehne.
Los abogados defensores están “siempre preocupados por el dinero”, cuando se trata de representar a traficantes de drogas, afirmó Baldwin, agregando que un abogado puede hacer muy poco para demostrar la fuente de los fondos del cliente, salvo que le pida documentos estándar para verificar los ingresos o le solicite al cliente que firme una declaración jurada en la que manifieste que el dinero no proviene del tráfico de drogas.
Si el caso llega a juicio, posiblemente sea una “batalla de expertos, tratando de decir si [Kuehne] tuvo ceguera voluntaria o si debería haber hecho más”, advirtió Serino.
La Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986 prohíbe la realización de cualquier transacción que involucre a “propiedad derivada de fuente criminal”. Una disposición de la ley que indica que los abogados tienen un “puerto seguro” por sus honorarios mientras representaba a un cliente en un proceso criminal. Algunos tribunales han emitido fallos en contra de esa disposición. Los abogados defensores han calificado a esto como un ataque a su profesión.
Actualmente, el único requisito antilavado de dinero al que están sujetos los abogados es la presentación del Formulario 8300 (IRS/FinCEN) por pagos superiores a los US$10.000 hechos con efectivo o con ciertos instrumentos monetarios.
El Grupo de Acción Financiera, una organización internacional que fija los estándares ALD, ha solicitado requisitos ALD adicionales para los abogados y otros denominados porteros, como la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto socavaría aún más el privilegio abogado-cliente, según indican los abogados.
Corrección: Modifica el párrafo 17 para establecer que los abogados deben presentar el Formulario 800 IRS/FinCEN para realizar pagos de más de US$10.000 en dinero en efectivos y ciertos instrumentos monetarios.
