Por Carla Valero
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El diputado salvadoreño Gerson Martínez propuso reformas para incrementar los controles e incentivar el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Martínez, del partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), propone que las instituciones financieras reporten todas las transacciones de más de US$ 10,000.
La propuesta se centra principalmente en modificar el artículo 9 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, aprobada en 1997, para que todas las transacciones que se realicen por un mismo cliente, por un monto mayor a US$10.000 en un período de un día a un mes, sean reportadas a la UIF. Esto incluye todos los tipos de transacciones, sin importar si son sospechosas o no.
En la actualidad, la regulación dice que cuando se recibe una transacción superior a US$57,000 se debe completar un formulario muy simple y sólo a criterio del oficial del banco se envía a la UIF si lo considera sospechoso. Según Martínez, el problema con este sistema es que es “muy subjetivo, vulnerable y hay mucha gente que no está preparada para tomar ese tipo de decisiones. Además ¿qué pasa con todas las operaciones sospechosas que no se rellenan?, ¿quién se hacer cargo de ellas?”
La propuesta de que cualquier transacción que supere US$10,000 se envíe directamente a los archivos de la UIF no quiere decir que esa transacción tenga necesariamente un carácter sospechoso sino que “a cada transacción recibida se le da un seguimiento, se trata de facilitar la información para que la UIF haga un buen trabajo”, dijo Martínez.
Buena acogida de la UIF
El director de la UIF Rolando Monroy se mostró optimista y a favor de la propuesta, pero no comentó más sobre cómo se procesarían todas esas transacciones dentro de la unidad. Pero dijo estar capacitado para ello. “El sistema que poseemos es lo suficientemente robusto, nuestros servidores poseen la suficiente capacidad de almacenamiento para guardar toda esa información”, dijo Monroy.
Martínez cree que “la unidad está capacitada pero necesita más personal, más apoyo tecnológico y a un profesional que identifique aquellas que son sospechosas de las que no”.
Igualmente, la nueva cantidad de reportes si se aprueba el proyecto no va a desbordar a la UIF ya que según Martínez, “puede que a partir de ahora reciban algunos reportes más pero de ninguna forma va a ser un volumen inmanejable porque somos una economía de empresas pequeñas con un mercado financiero pequeño y las operaciones mercantiles no son tan grandes”.
La propuesta fue presentada el jueves ante la Asamblea y el viernes se llevó a plenario, que lo mandará a la Comisión de Seguridad Pública donde se va a debatir. Allí se consulta con los otros partidos políticos, y si sale el dictamen, el proyecto regresa al plenario donde deciden si aprobarlo o no. Este proceso se puede alargar unas tres semanas.
Algunos casos históricos
En el 2003, funcionarios de la Agencia Nacional de Acueductos y Alcantarillados saquearon US$22 millones de las arcas públicas que trasladaron a una empresa fantasma para luego mandarlos a un banco que nunca reportó la operación a la UIF.
En otra ocasión, el Banco de Fomento Agropecuario, el único banco del estado, aceptó recibir por parte de altos funcionarios del gobierno del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) operaciones múltiples de hasta US$138 millones en un solo día sin que fueran reportadas a la UIF.
