Un plan del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para incrementar los reportes de transacciones internacionales le permitiría a los reguladores y a los investigadores federales detectar más fácilmente a los negocios de servicios monetarios (NSMs) no registrados.
La propuesta, publicada el lunes 27 de septiembre por la Red de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), pudiera exigirle a los bancos de Estados Unidos reportarles todas las transacciones internacionales al organismo, sin importar que tan pequeña sea la operación. Los negocios de servicios monetarios (NSMs) tendrían que reportar las operaciones superiores a US$1.000.
Con la información adicional, FinCEN puede identificar muchas cuentas bancarias sospechosas usadas [por los NSMs] para transferencias cablegráficas, luego identificar si los titulares de las cuentas se han registrado”, dijo Ed Rodríguez, un ex agente especial del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés)
El Departamento del Tesoro estima que existen unos 200.000 negocios de servicios monetarios no registrados ante el FinCEN. Bajo las regulaciones actuales, los NSMs no registrados son “casi imposible” de detectar porque la gran mayoría de las transferencias saliente caen bajo la “regla de viaje” de los bancos que deben mantener registros solo de las operaciones que superan los US$3.000, dijo Rodríguez.
Los negocios sin licencias, los cuales usualmente operan en pequeñas tiendas y mini mercados, envían dinero “por debajo del radar” a través de cuentas bancarias aparentemente mantenidas por individuos o compañías que no son NSMs, explicó el ex investigador.
FinCEN indicó en la propuesta que le gustaría requerirle a los bancos que le exijan a la Sociedad para las Telecomunicaciones Interbancarias Globales (SWIFT por sus iniciales en inglés), que tiene sede en Bruselas, reportes de las operaciones trasnacionales al organismo estadounidense. Bajo la propuesta, los NSMs grandes reportarán al FinCEN directamente, mientras que los pequeños y medianos negocios lo harán con asistencia del organismo.
Bajo la propuesta, los bancos tendrían que anualmente presentar el número de cuenta y el número de identificación fiscal –usualmente el número de seguro social- de cualquier cuenta que sea utilizada para enviar dinero internacionalmente. SWIFT también revelaría el nombre , la dirección y el número de identificación nacional (cédulas de identidad, licencias o cualquier documento de identificación), además de otras informaciones, así como las partes relacionadas con la transacción en Estados Unidos.
La reducción de los límites de reportes empujaría a los criminales a utilizar más los NSMs no registrados, antes que las transferencias bancarias o el envío de dinero por NSMs licenciados, advirtió Timothy McTaggart, socio de la firma Pepper Hamilton LLP.
Pero como los negocios no registrados realizarán más negocios, también será más fácil que sean detectados por los investigadores y por el FinCEN. La propuesta “realmente aumentará el riesgo para los no registrados, porque los negocios caseros experimentarán un notable incremento si la regla es aprobada”, dijo McTaggart.
Algunas compañías, incluyendo los casinos y negocios de apuestas en internet que han sido expulsados de Estados Unidos, pueden ver la propuesta como una barrera que deben superar, de acuerdo a Joe Kelly, un profesor de negocios de la State University of New York College, quien agregó que las compañías de apuestas online, por ejemplo, ya son bien propensos a esconder sus operaciones de transferencias cablegráficas internacionales y pudieran todavía evadir la detección mediante el uso de compañías pantalla (shell companies) “sin importar lo que le reporten a las autoridades estadounidenses”.
Cómo FinCEN colectaría y manejaría la nueva información –que pudiera incluir hasta 700 millones de perfiles de transacciones agregadas a la base de datos del organismo- es algo que tiene que definirse.
“FinCEN no ha demostrado todavía que es capaz de analizar las 18 millones de “piezas de inteligencia” que recibe actualmente, y con esta información adicional su misión será incluso más problemática”, de acuerdo a John Cassara, un ex agente especial del FinCEN.
En una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (diputados) de Estados Unidos el martes de esta semana, los testigos y los legisladores preguntaron sobre la habilidad de un FinCEN con escasez de recursos para manejar la información.
“Yo estoy preocupado que esto no es el mejor uso de nuestro tiempo, porque nosotros no solo debemos colectar la información, sino utilizarla”, indicó el diputado Stephen Lynch durante la audiencia.
Por su parte, el legislador Walt Minick, se mostró preocupado por “la débil capacidad de análisis y enfoque”. Hasta este punto “está claro que FinCEN no ha cumplido con su tarea”.
El vocero del FinCEN, Steve Hudak, dijo en un email enviado a los medios de comunicación el miércoles que la agencia necesitaría “agregar o mover personal para soportar sus nuevas responsabilidades”. El buró tiene aproximadamente 300 empleados, de los cuales menos de la mitad son responsables de analizar más de un millón de reportes de actividades sospechosas que reciben cada año.
Problemas de privacidad de la información
Si el FinCEN debe hacer uso de la información de SWIFT, esto pudiera ser atacado por los promotores de la privacidad de Estados Unidos y de Europa. Bajo las leyes de privacidad de datos de EE.UU., la regulación propuesta sería “unassailable”, tener al consorcio SWIFT intercambiando datos desde sus servidores suizos con Estados Unidos sería “oneroso” bajo los principios de la Unión Europea, indicó McTaggart.
El uso de los datos de SWIFT por parte de las autoridades estadounidenses ha despertado controversia en Europa. En marzo de este año los parlamentarios europeos aprobaron un acuerdo con EE.UU. para que los agentes federales que investigan casos de terrorismos accedan a los datos financieros del consorcio SWIFT.
Las regulaciones actuales sobre transacciones internacionales le exigen a las instituciones financieras mantener registros de las operaciones entrantes y salientes de US$3.000 o más, y que esta información esté disponible, pero no requiere que estos sean presentados en reportes semanales o anuales.
Si es adoptada, la propuesta afectaría a más de 800 instituciones financieras, incluyendo 200 negocios de servicios monetarios, según los estimados de FinCEN. Por ahora está el período de 90 días de comentarios del público.
