Por Matt Squire
Una propuesta para reforzar los requisitos estatales para la divulgación de la información del beneficiario final durante la constitución de compañías es insuficiente, frente a las expectativas de las entidades gubernamentales federales e internacionales, según algunos expertos en cumplimiento.
La Asociación Nacional de Secretarios de Estado (NASS, por sus siglas en inglés), publicó varias recomendaciones en julio pasado para crear más transparencia sobre la propiedad beneficiaria de las compañías, incluida la modificación de las leyes de entidades comerciales uniformes. En un informe que incluye un resumen de las propuestas, la asociación estimó que los cambios podrían requerir casi dos años para poder ser completados.
Las recomendaciones no requieren que los estados realicen verificaciones retrospectivas durante el proceso de constitución, dijo Robert Serino, integrante de la firma de abogados Buckely Kolar LLP, en Washington, D.C.
En un estudio publicado en abril de 2006, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés), mencionó como un punto débil en las leyes antilavado de dinero (ALD) la omisión de algunos estados de la verificación de las identidades de los funcionarios de las compañías durante el proceso de constitución de las mismas.
“No me siento cómodo con que lo que [los secretarios de estado] están sugiriendo aquí vaya a satisfacer a nadie”, dijo Serino. “No veo en ninguna de las recomendaciones que los estados hagan algún tipo de análisis de antecedentes de la gente”.
Estados Unidos fue criticado por sus requisitos poco exigentes sobre la divulgación de la propiedad beneficiaria de los negocios. La GAO dijo en su estudio que las leyes débiles estatales sobre divulgación dificultaron las investigaciones de lavado de dinero. Y en una evaluación de las leyes ALD de EE.UU. realizada en junio pasado, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la organización que fija la política internacional antilavado de dinero, le dio a EE.UU. la calificación de “incumplidora” por la divulgación de la propiedad beneficiaria.
Audiencias federales, propuestas
El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, presidido por Carl Levin y Norm Coleman realizó una audiencia dedicada a las leyes estatales permisivas sobre la divulgación de la propiedad beneficiaria en noviembre de 2006. En febrero, Levin, demócrata por el estado de Michigan y presidente del subcomité, y Coleman, republicano por el estado de Minnesota, introdujeron leyes federales que obligarían a los agentes de constitución de compañías a administrar programas ALD y a cumplir con las leyes de identificación del cliente.
Personal del subcomité de Levin se reunió con legisladores estatales en febrero para analizar una solución propuesta por los estados, dijo Leslie Reynolds, directora ejecutiva del grupo de secretarios de estado. En respuesta, la Secretaria de Estado de Carolina del Norte Elaine Marshall, y el Secretario de Estado de Nebraska, John Gale, acordaron co-presidir el equipo de trabajo del grupo de secretarios de estado para resolver el tema.
Reynolds dijo que Levin le aseguró a su organización que demoraría elevar el tema a nivel federal “para ver qué clase de recomendaciones presentarían los estados”.
El grupo de trabajo publicó su lista de recomendaciones el 18 de Julio. Ellas incluyeron el solicitarle a la Asociación de Abogados Estadounidenses (ABA, por sus siglas en inglés) y a la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes que redacten un modelo para unificar las leyes de entidades comerciales.
Las medidas obligarían a las entidades comerciales a reportar el nombre y domicilio de una persona física en EE.UU. que fuere responsable de entregarles a los funcionarios de control legal la lista de los propietarios que figuren en los registros sin una orden judicial.
Al preparar la redacción del proyecto, los dos grupos deberían considerar “el precedente histórico de la confidencialidad de la propiedad de la compañía”, dijo la asociación. Los secretarios también solicitaron que la ABA y los comisionados clarifiquen el modelo y las leyes uniformes de entidades para prohibir el uso de acciones al portador.
“Actualmente las leyes estatales no permiten las acciones al portador, pero la redacción puede ser vaga y poco clara”, dijeron los secretaros de estado en su informe.
“Como está actualmente, es poco probable que se pueda cumplir con las expectativas del GAFI y posiblemente del Senador Levin”, dijo David Caruso, director administrativo de Dominion Advisory Group, consultora especializada en programas antilavado de dinero localizada en Centreville, estado de Virginia. Sin embargo, Caruso dijo que la propuesta era un paso dado en la dirección correcta.
“Si todos los estados que no cumplen en EE.UU. revisaran sus leyes como se recomienda, las corporaciones cumplieran con estas leyes, y las leyes incluyeran sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas ante el incumplimiento….entonces tal vez sería aceptable para el GAFI”, dijo en un mensaje de correo electrónico Ross Delston, consultor en GlobalAML.com en Washington, D.C.
La modificación de las leyes modelo “debería ser presentada con ‘buenas intenciones’”, dijo Delston. “Dado que ninguno de los estados cuyos fiscales generales son miembros de NASS se han ofrecido voluntariamente para revisar sus leyes de constitución de compañías, solo han pedido que se revisen las leyes modelo sin un plazo establecido, y parece que nadie se está apurado en hacer esto”.
El proceso de redacción de la ABA podría estar completado en abril de 2008 y la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes trabajará hasta julio de 2008, según la propuesta.
Tomando medidas
Herbert Wander, presidente del comité de derecho corporativo de la ABA, dijo que su organización está considerando la solicitud de la asociación. Wander dijo que su organización aprobaría las recomendaciones y que el plazo de abril de 2008 sería cumplido en razón de su naturaleza “modesta”.
John Sebert, funcionario de la Conferencia Nacional de Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes, dijo que el grupo aprobó la creación de un comité de redacción a fin de julio para trabajar en las recomendaciones. “Estamos en el proceso de formar ese comité”, dijo Sebert. Expresó que el proceso de redacción demandará “al menos” hasta julio de 2008.
Levin dijo que quiere entren en vigencia requisitos aceptables sobre la divulgación de la propiedad beneficiaria antes de que se realice la próxima evaluación del GAFI sobre las leyes estadounidenses, la que se realizará en junio de 2008. “Deberíamos necesitar la amenaza de la expulsión de ese grupo de trabajo….para obligarnos a corregir este problema”, dijo Levin durante la audiencia del subcomité realizada en noviembre.
Los voceros del subcomité, y el grupo de secretarios de estado no hicieron comentarios sobre las recomendaciones.
El informe también recomienda que los secretarios de estado y la Asociación Internacional de Administradores Comerciales (IACA, por sus siglas en inglés) preparen un resumen de los distintos requisitos de presentación, reporte y obtención de la información sobre la propiedad beneficiaria por cada estado, para realizar su control legal.
La presidenta de IACA, Kathy Berg, dijo que su organización no tiene una opinión sobre las recomendaciones y que todavía tiene que estudiarlas. “Estamos interesados en lo que están diciendo pero todavía no hemos asumido una posición….actualmente somos un socio que “ve y espera” en todo el proceso”, dijo Berg.
El informe del grupo de trabajo también recomienda considerar la estabilidad de los estados para obligar a los individuos y a las entidades comerciales a cumplir con la Ley federal de Comercio con el Enemigo, mediante análisis con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), y también recomienda alentar a los estados a contactar a las comunidades más importantes para que verifiquen la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC así también como para que revisen sus propias leyes referidas al cumplimiento OFAC.
Caruso dijo que las recomendaciones de la OFAC son de poca utilidad. “No creo que haya muchos terroristas en la lista de la OFAC por ahí creando corporaciones en su nombre”, dijo.
Caruso y Delston dijeron que existe una falta de apoyo por parte del Capitolio para lograr una solución federal a este problema.
“Dado que la posibilidad de que se concrete una acción parlamentaria sobre este tema es virtualmente nula sin la ocurrencia de un acto de terrorismo que incluya el uso de vehículos corporativos, los estados están en una posición segura para tomar el camino lento y llegar al cumplimiento con los estándares internacionales”, dijo Delston.
Caruso también calificó al enfoque de NASS como “cauteloso” pero “apropiado”, teniendo en cuenta la incapacidad de la organización para requerir leyes a todos los cincuenta estados. “Ése es el tema aquí, éstos son cincuenta gobiernos únicos”, dijo Caruso.
Los estados desean atender el interés de Levin pero no a costa “de su poder legítimo y autoridad para crear corporaciones”, dijo Caruso. “Van a tener en cuenta los intereses económicos de sus propios estados. La forma más fácil de hacer esto es tener algún tipo de ley federal, pero eso no va a suceder”.
