Por Brian Orsak
La administración Bush sufrió un revés cuando un juez federal rechazó su pedido para bloquear una demanda civil contra un consorcio bancario internacional que le brinda al gobierno información utilizada en las investigaciones sobre terrorismo.
El Juez Federal T.S. Ellis, del Distrito Este del Tribunal de Virginia, denegó la medida interpuesta para frenar una demanda contra SWIFT, siglas que corresponden a la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (por su nombre en inglés, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
La demanda contra SWIFT fue presentada por dos ciudadanos estadounidenses, quienes alegaron que la organización violó sus derechos a la privacidad al compartir con el gobierno de EE.UU información sobre transacciones internacionales. Los dos individuos dicen que el consorcio -cuya sede se encuentra en Bruselas y provee el servicio de mensajería para la realización de transacciones entre más de 8.000 instituciones financieras internacionales – violó los derechos establecidos en la Cuarta Enmienda de la Constitución americana y en la Ley de Privacidad Financiera. Los mensajes contenidos en el expediente judicial incluían los nombres y números de cuentas bancarias de partes remitentes y receptoras de fondos.
La decisión tomada el 31 de agosto fija la base para una batalla legal más amplia, en la cual se espera que la administración Bush invoque el privilegio de “secreto de Estado” en un intento por detener la demanda, de acuerdo con un informe del diario The New York Times.
La autoridad del “secreto de Estado” le permite al gobierno declarar determinada información como “clasificada” cuando, si la misma no tuviese ese carácter, presentaría un “peligro razonable” para la seguridad nacional. La figura del “secreto de Estado” fue creada en 1953 y ha sido invocada por el Presidente Bush en más ocasiones que ningún otro mandatario estadounidense.
Un informe publicado la semana pasada por el sitio OpenTheGovernment.org dio a conocer que la administración Bush invocó esa autoridad en 39 oportunidades desde 2001, comparado con las 65 veces en que fue invocada en los 48 años previos.
El año pasado, en un caso todavía pendiente de resolución, la administración Bush infructuosamente invocó el privilegio para que no prosperara una demanda presentada contra el gigante de las telecomunicaciones AT&T por la Fundación Frontera Electrónica, cuyo objetivo es custodiar la privacidad y cuya sede se encuentra en San Francisco (California). La demanda alega que AT&T violó las leyes federales de privacidad al cooperar con el controvertido programa de escuchas telefónicas de la administración.
Programa en Riesgo
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que la demanda aceptada el viernes coloca en riesgo un programa “necesario para combatir al terrorismo”. El organismo también dijo que sus solicitudes de información a SWIFT están en línea con los usos tradicionales de la “muy respetada herramienta de las solicitudes judiciales administrativas”.
La controversia sobre SWIFT surgió por primera vez en 2006, cuando el diario The New York Times reveló que la organización había acordado responder a las solicitudes judiciales de EE.UU., mediante las cuales se le solicitaba información sobre transacciones internacionales, llevando a los legisladores europeos y estadounidenses a denunciar el programa. Un panel asesor de la Unión Europea concluyó que el intercambio de información del consorcio violó leyes de protección de la información de la UE. Pero los dos gobiernos anunciaron un acuerdo formal celebrado el 27 de junio, por el cual se autorizaba a EE.UU. a conservar la información obtenida judicialmente durante un plazo máximo de cinco años, y se requería la designación de un “europeo eminente” para supervisar la utilización de la información por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU.
El consorcio también dijo que planeaba mejorar el diseño de su sistema para permitir que sus mensajes intraeuropeos fueran almacenados en Europa solamente.
