Por Colby Adams.
Una serie de acciones de cumplimiento emitidas por reguladores federales durante los últimos meses contienen advertencias severas para los gerentes bancarios de alto nivel que son responsables del cumplimiento de sus entidades con las normas estadounidenses de antilavado de dinero, advirtieron algunos analistas.
A pesar de la relativa estabilización del sector bancario desde la recesión, más del 10% de los 7.246 bancos asegurados por la FDIC permanecen en la así llamada “Lista Bancos con Problemas” por el mantenimiento de posiciones inadecuadas de capital y la no corrección de las deficiencias operativas que han creado acciones regulatorias.
Ahora que la economía se ha normalizado, los reguladores federales “han estado presionando más y más por una mayor participación de la junta” en el ALD, alertó Rob Rowe, vicepresidente de cumplimiento normativo de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos, un grupo de la industria basado en Washington, DC.
Dado que los bancos ya no tienen que concentrarse la mayor parte de su atención en los niveles de capital, gobierno corporativo y las carteras de préstamos, los examinadores “están volviendo a otras áreas, especialmente al cumplimiento del ALD, para garantizar que los bancos están al tanto de los últimos cambios”, aseguró el banquero de EE.UU.
“No es sólo sobre la Ley de Secreto Bancario y cuestiones antilavado de dinero: Los directores también están siendo considerados responsables de todos los aspectos de banco y gestión de riesgos, y da la casualidad de que la LSB / ALD se está convirtiendo en un área revitalizada de aplicación en el proceso”, aseguró Katherine Musso, abogado bancario del bufete Jones Walker.
“La gran mayoría de las acciones de ejecución de 2007-2011 se centraron en cuestiones de capital, y las relativas al LSB / ALD fueron las que menos preocuparon a la junta y la gerencia. La reciente ronda de medidas de ejecución (sanciones) se centran en los miembros de la junta y los gerentes ALD en una forma históricamente” atípica, dijo Musso.
Así como han aumentado las expectativas regulatorias sobre los programas ALD bancarios, de igual forma se cree que los miembros de la junta deben tener una comprensión más profunda de las políticas ALD y las sanciones, y que ellos estén estrechamente involucrados en la toma de decisiones del programa de cumplimiento, aprobaciones, formación y elaboración de presupuestos, de acuerdo a un examinador de la FDIC, quien pidió no ser identificado.
“Yo personalmente he tenido que decirle a las juntas y a la gerencia que el ALD es muy grave y que si no gastan su dinero en hacer las cosas bien, podrían tener sus ‘meriendas servidas a discreción del Estado”, señaló el funcionario.
Esto además está claramente especificado en el manual de examen de LSB/ALD (referencia obligada del ALD en Estados Unidos), el cual establece que un programa bancario de LSB/ALD “debe estar escrito, aprobado por al Consejo de Administración e indicado en las actas de la junta, y que la junta tiene un rol específico en cuando al régimen de la LSB del banco, incluyendo su Programa de Identificación del Cliente”.
Que los líderes bancarios puedan ser considerados responsables de fallar en el cumplimiento antilavado de dinero (ALD) no es un concepto nuevo para los reguladores. Un ejemplo fue la acción regulatoria contra el banco Riggs en mayo de 2004, aunque con el inicio de la crisis económica global en 2008 el enfoque reglamentario se orientó hacia las cuestiones de seguridad y solidez.
Sin embargo, una serie de acciones de ejecución emitidas por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) a raíz de la recesión indican que los directores de junta y los altos directivos nuevamente están siendo directamente responsables por los fallas del cumplimiento ALD, indicó Musso.
Acciones recientes contra directores
Las órdenes, muchas de las cuales han sido emitidas en el último año, generalmente requieren que los directores de junta incrementen su participación en los asuntos del banco y, en algunos casos, a reelegir a sus oficiales ejecutivos bajo la supervisión y aprobación final de la FDIC.
Una orden de consentimiento emitida el 2 de agosto por la FDIC en contra de BANAMEX USA por potenciales violaciones antilavado de dinero requieren que los directores de junta aumenten su supervisión de las operaciones bancarias, incluyendo la celebración de reuniones mensuales para revisar el programa ALD / Ley de Secreto Bancario y el veto del personal ejecutivo superior.
“Las actas de la junta, o, en su caso, las actas de juntas del comité deberán documentar estas revisiones y aprobaciones, incluidos los nombres de los directores disidentes”, sostuvo la orden.
Cinco días más tarde, la FDIC emitió una orden de consentimiento en contra de la Cooperativa Colonial Bank por problemas de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, así como por cuestiones de seguridad y solidez. El ex director ejecutivo del banco renunció en octubre de 2011 para cumplir con la orden.
En otro ejemplo, el First Bank of Delaware aceptó una orden de consentimiento con la FDIC, porque la alta dirección y la junta fueron negligentes en la supervisión ALD y los problemas de liquidez. La orden requirió al banco poner fin a las cuentas de procesadores de pagos y negocios de servicios monetarios e iniciar una consultoría retrospectiva sobre ciertas transacciones.
En algunos casos, la FDIC ha ido tan lejos como para eludir el Consejo de Administración en conjunto y ejercer un control directo sobre la selección de personal de cumplimiento y el personal directivo superior, como fue el caso de la acción en mayo de 2011 contra el Ocean Bank con sede en Miami.
La orden, que también pedía al Consejo la celebración de reuniones mensuales sobre temas de cumplimiento de LSB y tomar actas detalladas, precedió una penalidad civil de US$ 11 millones emitida tres meses más tarde contra el banco por violaciones de ALD relacionadas con las cuentas de casas de cambio mexicanas.
“La idea es que los bancos, que se benefician de las garantías del gobierno, como el seguro de la FDIC y las ventanas de descuento, están permitiendo el fraude al consumidor”, dijo Mayer, un ex abogado sénior de la FDIC. “Así que permitir el fraude y la falta de calidad de esos programas LSB y de identificación del clientes son también una cuestión de seguridad y solidez”.
Cuando la FDIC no tiene confianza en la infraestructura o personal de cumplimiento, o concluye que no existe de manera significativa, los bancos tienen que esperar que los reguladores impongan obligaciones concretas sobre el liderazgo, advirtió Matthew Herrington, un abogado bancario de la firma Steptoe & Johnson LLP en Washington, DC.
Una orden de la FDIC en abril de 2010 contra Metro Bank of LeMoyne, por ejemplo, requirió al consejo del banco que nombrara un “comité de cumplimiento” de al menos tres directores para vigilar el cumplimiento de la orden, la cual trató varios defectos de la LSB, incluyendo poco personal de alta gerencia, controles internos y deficiente cumplimiento y capacitación ALD.
La importancia de las auditorías
Los bancos deben asegurarse de que las auditorías independientes de sus programas LSB/ALD sean verdaderamente independientes, mediante la eliminación de conflictos de interés, como por ejemplo el tener su evaluación realizada por una firma con la que ya se llevan a cabo negocios por separado, tales como servicios de contabilidad, dijo Musso.
Todavía más importante, la evaluación debe reportar de manera comprensiva a la Junta sobre todas las áreas de riesgo que podrían exponer a la Junta Directiva y la alta gerencia ante las autoridades, especialmente si el banco se ha expandido a líneas de productos de mayor riesgo, tales como procesadores de pago de terceros, acceso prepago a proveedores y servicios monetarios a los negocios, dijo. “Si el tono del informe no cambia de un año a otro, se cambia de empresa”, indicó.
Las Juntas y altos directivos a menudo le “dan palmaditas en la espalda a la gente que cumple” por mantener bajo el número de Reportes de Actividades Sospechosas (ROS) que presentan. “Ese tipo de política equivocada va a salir una vez que un examinador empiece a hacer preguntas, y podría significar una violación que incluya a la Junta”, dijo.
Los cuatro pilares de un programa ALD requieren que un banco mantenga las políticas y procedimientos escritos, capacite a su personal, realice pruebas periódicas independientes y designe un oficial de cumplimiento de ALD.
Para los bancos regulados por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus iniciales en inglés), las violaciones de un solo pilar podrían resultar en acciones sancionatorias públicas, mientras que antes los examinadores solo tomarían esta medida si un banco tuviera deficiencias en los cuatro pilares del programa ALD, dijo el jefe de la OCC, Thomas Curry, en una audiencia ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado en julio.
“Una de las cosas más estúpidas que como director puedes decirle a un examinador es que usted no sabía sobre una falla en el cumplimiento”, precisó Walt Moeling, un abogado de banca de Bryan Cave LLP en Atlanta.
Antes de que la revisión comience, la junta directiva del banco debe solicitar a la gerencia que revise las fallas en el cumplimiento ALD o de otra área que fueron señaladas en la evaluación previa, para mostrar que la Junta está involucrada, y realizar reuniones periódicas con los oficiales de cumplimiento y los oficiales de préstamo “con o sin el director general presente”.
Como explica Moeling, “si yo soy un director, quiero escuchar directamente a los oficiales de cumplimiento, porque ellos saben más de los riesgos que el Director General, ya sean riesgos de ALD o de capital, y no están tan preocupados por los elementos de marketing y de negocios como él o ella podría estar”.
Los reguladores están tratando de forjar vínculos entre el personal de cumplimiento y los miembros de la junta bancaria, dijo el abogado estadounidense.
Lo mejor es aplicar medidas preventivas para evitar órdenes de cesar y desistir y proteger la línea de fondo. La mejor respuesta de los directores cuyos bancos ya han sido objeto de una acción legal formal es documentar cuidadosamente, dentro de las actas de la junta directiva, cómo han respondido a la orden, recomendó Mayer.
“Esta es una clave absoluta porque los abogados de la FDIC utilizan las actas y, a veces, los correos electrónicos, para indagar si los directores y funcionarios ejecutivos cumplieron con su deber o no. Se dan cuenta también que, en caso de quiebra de un banco, cada uno de ellos será investigado y las actas necesitan mostrar sus esfuerzos y el proceso de pensamiento detrás de las decisiones que han tomado”, señaló Mayer.
Los individuos miembros de la junta pueden sufrir las mismas penalidades que el banco pueda obtener por cualquier violación de las leyes ALD, de seguridad o de solvencia, aunque son raros los casos de los miembros de la junta que son cómplices en los esquemas de lavado de dinero o que son citados por negligencia grave.
