Por Matt Squire
Una propuesta federal para esclarecer los requisitos de presentación de la Ley de Secreto Bancario puede llegar a no ser aprobada este año, debido a que quedan pocos meses para que se venza el plazo final fijado por el Gobierno Nacional para completar las regulaciones.
La administración del presidente George Bush emitió una directiva a los jefes de todas las agencias federales el 9 de mayo, dándoles hasta el 1 de junio para emitir nuevas propuestas regulatorias y hasta el 1 de noviembre para emitir cualquier otra regulación final, según un informe publicado el sábado por el The New York Times. De acuerdo con el Times, el memorando permitió a la administración realizar excepciones en los casos de “circunstancias extraordinarias”.
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Joshua Bolten, escribió en la directiva que las agencias deberían “resistir la tendencia histórica de las administraciones de incrementar la actividad regulatoria en sus últimos meses”, y agregó, “debemos reconocer que la carga impuesta por las nuevas regulaciones es acumulativa y tiene un efecto importante sobre todos los estadounidenses”, según el informe del Times.
La directiva podría efectivamente anular una propuesta del 22 de abril de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) de reducir la cantidad de reportes de operaciones en efectivo (RTEs) que deben presentar las instituciones financieras. La regulación propuesta exceptuaría a las instituciones financieras de la presentación de RTEs sobre transacciones en cuentas de otras instituciones financieras y entidades gubernamentales, solicitando las excepciones o realizando revisiones anuales de las cuentas.
Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario obligan a las instituciones financieras a presentar un RTE por las transacciones superiores a US$10.000. La propuesta también permitiría a las instituciones solicitar excepciones para las entidades que no cotizan en bolsas y que tengan antecedentes de operaciones superiores a los US$10.000, sin realizar la revisión bianual de la cuenta o sin completar el período de espera de 12 meses. FinCEN ha solicitado comentarios escritos sobre la propuesta hasta el 23 de junio.
El plazo del 1 de noviembre fijado por la administración Bush no es suficiente para que pueda completarse la propuesta, señaló Peter Djinis, abogado de cumplimiento antilavado de dinero y ex funcionario de FinCEN, en Sarasota, estado de Florida.
El proceso de finalización puede requerir entre seis meses y un año, señaló Djinis en una entrevista. “Cada vez que se habla de cambios en las reglas, hay que asegurarse que haya tiempo suficiente para que el gobierno cambie los sistemas electrónicos para adoptar el cambio. Se está ante la presentación de millones de formularios, no se puede parar de golpe”. Además, la propuesta de FinCEN no ha recibido mucho apoyo de la industria, señaló Djinis.
En abril, la Asociación de Banqueros Estadounidenses (ABA, por sus siglas en inglés) calificó a la propuesta de FinCEN como “una alentadora medida positiva”, pero informó que le preocupaba que la propuesta pudiera no tener en cuenta las causas fundamentales de las deficiencias en el proceso RTE”. El lunes un vocero de la ABA no quiso hacer comentarios sobre la propuesta.
Sin embargo, Robert Rowe, asesor regulador de Banqueros Comunitarios Independientes de EE.UU., indicó que espera que la propuesta sea completada antes del plazo final de la administración: “Tienen cuatro meses y sé que FinCEN estaba trabajando mucho en ello desde antes, pero supongo que podrían lograrlo antes del plazo del 1 de Noviembre.
El vocero de FinCEN no devolvió los llamados realizados para solicitarle comentarios.
Algunos expertos en cumplimiento bancario están de acuerdo en que la moratoria regulatoria de la administración Bush posiblemente anule una propuesta de mayo que pedía varias protecciones para los consumidores con relación a las tarjetas de crédito y los servicios de sobregiros.
La Junta de la Reserva Federal, la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Uniones de Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés) emitieron propuestas idénticas en mayo referidas a las opciones de pago, los aranceles y las tasas de interés cobrados con las tarjetas de crédito y los servicios de sobregiro. La propuesta fue difundida para la realización de comentarios públicos por un plazo de 75 días después de haber sido publicada el 19 de mayo.
“Los plazos límites para ésas son en agosto”, dijo Rowe. “No hay forma de que vayan a poder asimilar todo y que vayan a poder publicar las reglas finales para entonces”.
“La propuesta va a requerir una revisión importante desde la perspectiva de la industria de tarjetas de crédito en particular”, dijo Bob Serino, socio de la firma de abogados Buckley Kolar LLP en Washington, D.C. “Ese es un tema sobre el cual creería que la Reserva Federal, la OTS y la NCUA quisieran realizar audiencias y por lo tanto considero que requeriría un tiempo adicional para llegar a una conclusión sobre él”.
