Por Brian Orsak
Los gobiernos deberían dar más información a los bancos vinculada con los individuos sobre los cuales existan sospechas de que financian al terrorismo, según indicó Philip Robinson, director de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido.
Las instituciones financieras malgastan tiempo y esfuerzos tratando de detectar a los financistas del terrorismo, a menudo solo para reportar información que las autoridades de control legal ya tienen, dijo Robinson el miércoles en una conferencia antilavado de dinero en Nueva York.
“Eso no es eficiente ni efectivo”, dijo Robinson, ante un auditorio de aproximadamente oficiales de cumplimiento de la industria de valores.
La mayoría de los países, incluidos los Estados Unidos, obligan a las instituciones financieras a monitorear y reportar a los sospechosos de financiar al terrorismo. Muchos países publican listas de individuos y entidades a los cuales identificaron como partidarios del terrorismo.
Los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE.UU. mantienen listas limitadas de individuos y entidades de personas y empresas con los cuales está prohibido realizar operaciones en los Estados Unidos. Pero esas listas y aquellas publicadas por otros países no tienen toda la información financiera que las instituciones necesitan para detectar mejor a los terroristas, afirmó Robinson.
Las instituciones financieras están malgastando recursos para cumplir la difícil tarea de detectar el financiamiento del terrorismo, que a menudo se vincula a pequeñas sumas de dinero transferido a través entidades comerciales y organizaciones legítimas, dijo Robinson. Señaló que los recursos podrían ser utilizados de una mejor forma combatiendo los problemas más extendido del lavado de dinero por parte de grupos del crimen organizado.
El crimen organizado le cuesta a las instituciones financieras y a los países alrededor de US$100 millones por día, causando más “daño crítico” que el terrorismo, dijo.
“Espero haberle dado a Jim Freis algo para estudiar hoy”, dijo, refiriéndose al director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., que estaba presente en la reunión.
FinCEN no devolvió los llamados realizados para solicitarle comentarios al respecto.
Robinson se une al grupo que incluye a ex funcionarios que han solicitado un mayor intercambio de información entre las agencias de control legal y las instituciones financieras.
En una conferencia ALD organizada la primavera pasada, el ex director de FinCEN, Bill Fox, pidió al gobierno norteamericano que publicara una lista de las denominadas personas expuestas políticamente (PEPs), la cual debería ser monitoreada exhaustivamente por el área de cumplimiento bancario. La regulación vigente de EE.UU. obliga a las instituciones financieras a monitorear más cuidadosamente las cuentas de las personas vinculadas políticamente.
En Octubre, Richard Gordon, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, dijo que estaba completando un estudio donde se mostraba que el monitoreo de los patrones de las transacciones de las organizaciones caritativas no distinguía al financiamiento del terrorismo de manera efectiva. De esta forma, indicó que los gobiernos deberían vetar a las organizaciones caritativas en lugar de transferir la carga a las instituciones financieras.
“La identificación del financiamiento del terrorismo no es una tarea de las instituciones financieras”, aclaró Gordon, ante el aplauso de los cientos de oficiales de cumplimiento bancario en la conferencia de la Asociación de Banqueros Estadounidenses.
