Por Rachael Lee Coleman
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Reguladores federales de Estados Unidos están finalmente prestándole atención a los escándalos de Terrabank.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) prohibió al ex presidente y CEO del banco de Miami, Uriel Mendieta, trabajar en la industria bancaria y le impuso más de US$500.000 en restitución y multas civiles. La orden, firmada en mayo y dada a conocer la semana pasada, obliga a Mendieta a pagar al regulador US$100.000 y al banco unos US$400.000 en restitución por la mitad de la deuda que debe Grupo Invernic, un grupo de compañías inversoras de Nicaragua.
La OCC al mismo tiempo golpeó a Terrabank con una orden de cesar y desistir de 42 páginas que le requiere enmendar una serie de deficiencias en sus programas antilavado. Entre otras cosas, el banco debe documentar los “propósitos de negocio legitimo” de cada transacción para evitar facilitar “actividades ilegales o inapropiadas”, determinar si los perfiles de clientes actuales fueron creados según políticas del banco y minimizar las relaciones con clientes de alto riesgo.
Oficiales de OCC no dijeron exactamente qué hicieron mal Terrabank o su ex presidente, pero el banco ha estado en el centro de una batalla legal de tres años para determinar si la familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán compró en el banco ocho certificados de depósito por unos US$800.000 con dinero sucio.
En el 2003, una corte nicaragüense sentenció a Alemán a 20 años de prisión por robar de las arcas nicaragüenses US$8.7 millones. En el mismo juicio, el ex director de impuestos Byron Jerez admitió haber creado compañías pantalla para Alemán, y haber movido ese dinero sucio a EE.UU., donde compró los certificados para la familia Alemán con la ayuda del abogado y miembro del comité directivo del banco David Berley.
Ese año, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil para confiscar los certificados y la hija de Alemán presentó una contradenuncia de parte de los dueños – sus hijos, suegra, cuñada y cuñado – para recuperar los certificados bancarios.
Manendieta, nativo de Nicaragua que renunció a su puesto en noviembre, le dijo a lavadodinero.com en 2003 que su banco no aceptaba los fondos de personas expuestas políticamente porque “son un problema” y que el banco utilizaba cinco “filtros” para examinar de dónde venían los fondos de todas las transferencias grandes, incluidas las de Jerez.
Pero la ex oficial de Terrabank Ana Consuegra, quien abrió las cuentas, testificó en la corte de Miami en mayo que ella nunca verificó la legitimidad de los fondos. La sección 312 de la Ley USA Patriot requiere que los bancos examinen las cuentas de políticos extranjeros actuales y pasados, sus familias y asociados.
Aunque el rol de Terrabank en la saga de Alemán ha sido publicitado por más de tres años, las acciones de la OCC son las primeras en apuntar a las pobres políticas LSB o problemas internos del banco.
La vocero de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., Anne Marie Kelly dijo que su agencia esta también investigando “el tema de Terrabank”.
