Por Brian Orsak
El Reino Unido podría entregar información comercial a funcionarios de Estados Unidos a cambio de obtener acceso a un sistema antifraude estadounidense en un esfuerzo por detectar el lavado de dinero basado en el comercio, según el servicio de aduanas británico.
Funcionarios de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) se reunieron a comienzos de este mes con sus contrapartes de Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC, por sus siglas en inglés) para analizar un programa piloto de un año de duración para detectar diferencias en el comercio entre los dos países, según la vocera de HMRC, Beryl St. James.
Los términos de programa piloto no fueron completados, pero podrían incluir una entrega de información británica sobre importaciones y exportaciones a cambio de obtener acceso al sistema computarizado de transparencia comercial de ICE, conocido como Sistema de Análisis de Datos e Investigación para la Transparencia del Comercio (DARTTS, por sus siglas en inglés), precisó St. James.
Para tener en cuenta los temas de privacidad, cualquier información comercial británica compartida a través del programa sería ocultada o protegida mediante su cobertura en los documentos con relación a toda la información que la pudiera relacionar con una compañía o individuo específicos, aclaró St. James. Además, Estados Unidos eliminará toda la información de sus registros luego de haberse completado el programa.
La vocera británica no quiso hacer comentarios sobre cuándo se tomará la decisión sobre el proyecto. “Tenemos que evaluar el costo del programa piloto, qué producirá, si los resultados que se esperan son factibles y considerar todo el costo del análisis”, y agregó que todavía no había certeza acerca de si el programa piloto implicaría el acceso británico al sistema computarizado de ICE que analiza la información financiera de las importaciones y exportaciones.
Los llamados realizados a ICE no fueron devueltos al momento de cierre de esta edición.
Si bien el programa piloto es “un paso en la dirección correcta” sus efectos pueden ser limitados, según John Zdanowicz, presidente del departamento de finanzas de la Universidad Internacional de Florida en Miami. “Si el Reino Unido solo va a entregar la información comercial sin ningún identificador respecto a quién está realizando la transacción, no estoy seguro de que eso tenga mucho valor”, dijo Zdanowicz. “Para mí, si los gobiernos van a intercambiar información, deben compartir toda la información con la otra parte”.
Otras Iniciativas
Las discusiones mantenidas se realizan luego de la creación de varios programas reconocidos para tratar de detener de una mejor forma los delitos basados en el comercio. A comienzos de este mes, funcionarios de ICE y de la aduana Mexicana acordaron crear una unidad de transparencia comercial en México para monitorear el intercambio de productos entre los dos países. ICE trabaja con unidades similares en Colombia, Argentina, Brasil y Paraguay.
Estados Unidos y la Unión Europea también están a punto de llegar a un acuerdo que permitirá a las agencias de control legal acceder a información privada relacionada con investigaciones internacionales, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito, itinerarios de viajes y hábitos de consultas de páginas de Internet, según un artículo publicado el 27 de junio por The New York Times.
Funcionarios estadounidenses y de la UE acordaron discutir con grupos que abogan por los temas de privacidad luego de que The New York Times publicara el 23 de junio que la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Mundiales Interbancarias (SWIFT), un consorcio bancario con sede en Bélgica, había entregado información a funcionarios estadounidenses sobre transferencias internacionales. SWIFT transmite instrucciones de pago de más de 8.000 instituciones financieras diariamente.
En junio de 2008, el gobierno de EE.UU. y la Unión Europea lograron un acuerdo sobre la forma de obtener judicialmente información de SWIFT. Según los términos del acuerdo, los funcionarios estadounidenses pueden retener la información obtenida judicialmente sólo si la misma está relacionada con investigaciones de contraterrorismo y durante un plazo máximo de cinco años.
