Por Matt Squire.
Las remesadoras de fondos urgieron a los legisladores estadounidenses a crear un sistema federal regulatorio, de licencias y habilitaciones para la industria que ofrezca una guía clara de cómo cumplir con las leyes antilavado de dinero.
“Creemos que ha llegado el momento para que el Congreso cree una licencia federal—y un regulador federal—para las remesadoras de fondos”, dijo Mark Thompson, asesor legal general asociado a Western Union, en Greenwood Village, Colorado, estado de Colorado, en una declaración escrita entregada al Subcomité de Instituciones Financieras y Crédito a Consumidores de la Cámara de Representantes.
La supervisión federal del cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB) y el antilavado de dinero (ALD) por parte de la industria “serviría mejor” a los esfuerzos de los Estados Unidos de eliminar el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas y
la inmigración ilegal, indicó. “No hay temas que debieran ser dejados de lado para llegar a su solución”.
Actualmente, la supervisión de las remesadoras de fondos y otros negocios de servicios monetarios (NSMs) está dividida entre la autorización y las revisiones estatales y los exámenes LSB realizados por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Veintiocho estados obligan a los NSMs a obtener licencias para operar y además las agencias bancarias estatales también regulan a los NSMs.
Al solicitar la supervisión, Thompson dijo que la Junta de la Reserva Federal sería la mejor preparada para manejar la regulación de los NSMs porque la agencia, a través de su trabajo con las transferencias electrónicas de compensación, “ya está activa en la industria”.
La inconsistencia en las leyes de los NSM entre los estados genera confusión entre los consumidores y la industria, afirmó Annette LoVoi, directora de campo de Appleseed, un grupo sectorial con sede en Washington, D.C. La falta de un regulador federal permite que los proveedores de remesas apliquen requisitos para la identificación de clientes “de una manera demasiado amplia”, lo que puede impedir la prestación del servicio a los inmigrantes, dijo LoVoi.
Además, la existencia de una licencia federal para los NSMs aumentaría la competencia entre las entidades pequeñas y grandes eliminando “procesos gravosos” relacionados con la obtención de licencias en cada uno de los estados, indicó Manuel Orozco, asociado del grupo de análisis de política Inter-American Dialogue, en Washington, D.C.
El Presidente del Subcomité Luis Gutiérrez, demócrata por el estado de Illinois, precisó que es “posible” que la creación de un régimen regulatorio federal para las remesadotas podría formar parte de la ley que proyectó que impondría obligaciones adicionales de tasas y aranceles a la industria.
La mayoría de los legisladores integrantes del comité, sin embargo, concentró sus preguntas y comentarios en la estructura de aranceles de las remesas en lugar de analizar cómo podría implementarse la supervisión federal.
El alcance de las revisiones regulatorias varía mucho entre los distintos estados y el costo de las auditorías LSB para los NSMs con antecedentes en distintos estados puede ser muy alto, advirtió Michael McDonald, consultor y ex agente especial del IRS, con sede en Palmetto Bay, estado de la Florida. “Si se llegara a algún acuerdo sobre algún mecanismo de examen federal que cumpliera con los requisitos de cumplimiento de los estados, podría llegar a ser una solución”.
Cualquier esfuerzo parlamentario para crear una licencia federal para la industria de los NSMs enfrentará “un reto muy serio por parte de los estados”, dijo McDonald. “La licencia o habilitación se otorga, entre otras cosas, mediante el pago de un arancel, y esto es una fuente de ingresos para los estados”.
Las remesadoras de fondos y otros negocios de servicios monetarios siguen viendo una “epidemia” de bancos que cierran sus cuentas por la carga regulatoria que implica el monitoreo de estas cuentas a los fines del ALD y la LSB, expresó Scott McClain, asesor legal general de los Centros de Servicios Financieros de los EE.UU. (FiSCA, por sus siglas en inglés).
Más recientemente, el Banco Popular, con sede en San Juan, Puerto Rico, anunció en mayo que dejaría de trabajar con los NSMs por las dificultades regulatorias, indicó McClain. El Banco Popular es uno de los dos bancos que prestaban servicios bancarios al 90% de la industria de remesas en Nueva York.
En una declaración entregada a Fortent Inform, Moneylaundering.com y Lavadodinero.com, el Banco Popular dijo que está “reestructurando sus operaciones bancarias en los EE.UU. para concentrarse en la actividad bancaria”, y que en los últimos 24 meses se había retirado de los mercados cuyo objeto principal no era financiero y había consolidado su red de sucursales en el territorio de los EE.UU.”.
La congresista Carolyn Maloney, demócrata por el estado de Nueva York, dijo en la audiencia que planeaba volver a presentar un proyecto de ley que autorizara a los NSMs a autocertificar que cumplen con las regulaciones ALD, a fin de aclarar las dudas de la industria bancaria con relación a las remesadoras. La Cámara aprobó el proyecto el año pasado, pero no fue analizado por el Senado.
Los representantes de la industria de envíos dijeron durante la audiencia que seguían apoyando el proyecto de Maloney, pero urgían a la congresista a presentar el proyecto en forma separada de cualquier esfuerzo para establecer una supervisión federal de la industria.
“[La pérdida de los servicios bancarios] es un problema que enfrentamos actualmente y la habilitación federal requerirá mucho tiempo”, advirtió Thompson durante la audiencia.
