A pocos días de la entrada en vigencia de la polémica ley de blanqueo y repatriación de capitales en Argentina, son muchas las críticas y discusiones que se levantan sobre esta medida implementada por el gobierno de Cristina Fernández. A juicio de Ricardo Tondo, consultor ALD argentino, esta forma de alentar la economía local traerá graves consecuencias para el país, ya que las instituciones financieras y las autoridades no están preparadas para evitar la legitimación de capitales sucios en este proceso.
Tondo afirma que la ley fue desarrollada improvisadamente, por lo cual presenta contradicciones legales con las regulaciones cambiarias del país. Además, no existe una estructura de control y supervisión del sector de los bienes raíces para evi1tar el lavado de dinero, por tal razón “Argentina será suspendida del GAFI en el 2010”, pronosticó el experto.
A continuación presentamos parte de la entrevista a Ricardo Tondo, realizada por Juan Alejandro Baptista.
¿Están preparadas las instituciones financieras argentinas para recibir millones de dólares del exterior de una forma segura y que no implique mayores riesgos de lavado?
Las instituciones financieras no están capacitadas para detectar operaciones sospechosas en el marco de la nueva ley. Las instituciones argentinas no tienen el entrenamiento que tienen sus matrices en los Estados Unidos.
¿Los reguladores y organismos de investigación están preparados para controlar efectivamente el sector de los bienes raíces y evitar que dinero sucio entre disfrazado dentro de la repatriación de capitales?
No están preparados y en la práctica ningún país lo está. No obstante, al no ser los agentes de bienes raíces sujetos obligados a reportar, las operaciones inmobiliarias cuándo llegan a las escribanías ya están estructuradas.
Es necesario controlar a las mafias que operan en Argentina en todas las áreas del sector inmobiliario: administración de consorcios, segundas hipotecas, compra venta de mausoleos en cementerios, compra venta cocheras y garajes, fondos de comercios (farmacias, laboratorios, traspaso de sociedades), sucesiones, contratos de alquiler turístico (incluye los tiempos compartidos) y residencial, remates, compras viviendas con cheques de viajero y muchos otros en los que es muy fácil colar el dinero negro en la República Argentina, especialmente el dinero sucio procedente de la clase política.
A la UIF de Argentina, a pesar de triplicarle el presupuesto, le hace falta contar con la Unidad Especializada en Información Inmobiliaria. Los técnicos de la Unidad de Información Financiera (UIF) desconocen la compleja trama inmobiliaria. Por lo mismo, Argentina se convertirá en un país “off shore”, tornándose en un paraíso alternativo para los que saquen sus capitales de Suiza o de los paraísos fiscales actuales. Eso le ocasionará estar suspendida por el GAFI en el 2010, cómo le ocurrió a España.
Es importante destacar que al no haber en Argentina condenas personales ni sanciones institucionales, se sigue pensando que la ley de lavado está hecha para otro planeta. A la vez nuestro país necesita crear nuevas leyes anti lavado que contemplen los fraudes impositivos, cómo parte de lo mismo y no como figuras separadas. Ambos son delitos de alta gravedad, ya que el dinero negro promueve la corrupción.
¿Deben ser los constructores y agentes de bienes raíces sujetos obligados y estar bajo las regulaciones de cumplimiento ALD?
Desde hace una década, he venido alertando sobre la necesidad de la creación de una Unidad de Inteligencia Inmobiliaria, que cubra el amplio espectro por dónde se puede lavar dinero en los bienes raíces. Si en EE.UU., por ejemplo, hubieran obligado a las inmobiliarias a informar operaciones sospechosas, la crisis inmobiliaria no sería de la magnitud que hoy tiene. Esto debería incluir: abogados, arquitectos, agencias de publicidad, etc.
La crisis financiera e hipotecaria en Estados Unidos y en todos los países desarrollados, como España, tuvo el mismo denominador común: la corrupción política asociada a la falta del debido control de los desarrolladores, agentes de bienes raíces, intermediarios y todos los que “tocan” el dinero en el proceso de compra/venta. La Argentina, en su campaña por la legitimación de la repatriación de capitales sucios, sea por evasión de impuestos o por crímenes de otra naturaleza, repite el mismo error de las primeras potencias: blanquear el dinero expatriado.
¿Hay una contradicción entre la ley de blanqueo aprobada por el Congreso y las regulaciones cambiarias que están vigentes?
Efectivamente. Ya hay expertos en vacíos legales que están recomendando cómo evitar el control del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ante la falla técnica de parte de los asesores del Gobierno, quienes no contemplaron las sanciones previstas en la ley penal cambiaria. Esto afecta a los intereses de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que no está llegando con los plazos impuestos por la Presidenta de la República, Cristina Kirchner. Es muy probable que, de no resolverse prontamente, algún funcionario de alto rango deba renunciar, ya que volver a debatir en el Congreso una modificación de la ley de blanqueo los expondría a que la Justicia se apresure a resolver sobre un punto pendiente: la normativa se aprobó con un voto menos de los requerimientos constitucionales. Otra opción, sino, sería que se corrija vía un decreto presidencial.
¿Se puede entender que hubo desconocimiento de las normas cambiarias de parte del Congreso o simplemente quisieron aprobar un “blanqueo a medias”, en el cual no se sanciona la evasión impositiva, pero si la cambiaria?
La legitimación del blanqueo de capitales por medio de ésta ley tiene puntos oscuros, entremezclados con el interés presidencial de recuperar a cualquier precio fondos externacionalizados. Para quienes se atrevan a ello y no tengan el contra peso de la mafia internacional, deberán contar con excelentes asesores en cómo repatriar o lavar legalmente sus fondos. Hay buitres en las esferas del Poder que están agazapados para sacarles provecho.
A mi entender, el error se debe más a una cuestión de sacar la ley a toda costa y no tuvieron a los expertos de su lado, cómo lo supo hacer la Isla caribeña de Antigua con Stanford. Si un país quiere convertirse en un “Paraíso NEO Fiscal”, lo menos que tiene que hacer es contratar asesores de primera y no de segunda. Los hechos, a la vista.
