Por Brian Monroe.
Las instituciones financieras que permiten transacciones utilizadas para pagar rescates a los secuestradores de embarcaciones pueden en el futuro enfrentar juicios, procesos regulatorios o demandas civiles por permitir actos ilegales, comentan algunos ex investigadores de control legal.
Los hechos de ataques a buques marítimos cometidos desde embarcaciones de pesca contra buques petroleros se han incrementado en los últimos tres años, llevados a cabo por grupos criminales de África y el sudeste asiático, y en ellos se mantiene cautivo al buque hasta que se reciben los pagos del rescato que pueden llegar hasta millones de dólares.
En lo que va de año, 31 embarcaciones han sido secuestradas y 590 tripulantes mantenidos cautivos, según el Centro de Reportes sobre Piratería de la Oficina Marítima Internacional, con sede en Londres.
En los primeros nueve meses de 2008, se cometieron 200 ataques piratas contra embarcaciones en todo el mundo. Esa tasa es similar a los 198 ataques producidos en los primeros nueve meses de 2007, que culminó con 263 ataques. En general, la tasa de incidentes se incrementó un 10% entre 2006 y 2007, según la información brindada por el centro.
De los lugares con mayor cantidad de piratería – Somalia, Nigeria e Indonesia – el Golfo de Adén, situado entre Somalia y Yemen, ha sido el más activo, con 63 ataques contra grandes buques cometidos este año, incluido un buque ucraniano equipado con tanques y armas y, el mes pasado, un superpetrolero saudita que llevaba una carga de petróleo valuada en US$100 millones, según la información brindada por el centro.
Riesgo de sanciones futuras
Si bien no todos los casos culminaron en el pago de un rescate, los desembolsos de dinero realizados para recuperar los bienes y la tripulación inevitablemente involucraron a instituciones financieras. Para un banco, autorizar una transacción para pagar un rescate puede ser un problema en potencia, según Tom Cash, director ejecutivo de la consultora de seguridad Kroll, en Nueva York.
La piratería es ilegal bajo la legislación internacional y ha sido así bajo la ley de los EE.UU. desde comienzos del siglo XVIII, según lo establece la Ley de Naciones, en el Título 18 U.S.C. 1651. Además, cualquier banco que “facilite” una transacción que diera apoyo a los piratas “también sería ilegal”, advirtió Cash, quien además fue agente especial de la Administración de Control de Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés).
Los individuos u organizaciones que cometen el delito o una actividad ilegal específica vinculada, como el secuestro, podrían ser enjuiciados en el mismo grado que los piratas mismos, afirmó, agregando que el factor clave determinante entre prisión perpetua o las sanciones civiles es “el nivel de conocimiento” que una institución financiera tiene de que una transacción que procesó está vinculada a los piratas o secuestradores.
Con la cantidad de rescates actualmente obtenida por los cabecillas piratas, los fondos que abandonan un banco serían “casi imposible de no ser detectados por los oficiales bancarios”, señaló Cash. “Ellos deberían tener el conocimiento, porque el dinero en esa cantidad [usualmente se pagan millones por el rescate de una embarcación] se ubica en la cima de la cadena”.
Las sanciones que podrían aplicarse a un banco podrían ir desde la prisión para sus principales ejecutivos si colaboraron voluntariamente o una sanción monetaria civil si el banco tuvo un programa antilavado de dinero deficiente y no detecto las transacciones sospechosas, señaló Cash.
Si bien ningún banco ha sido sancionado todavía por permitir esas transacciones, “existen algunas conexiones con el cumplimiento” vinculadas a los pagos de rescates que los bancos deberían detectar, dijo un regulador estadounidense, quien pidió no ser identificado.
Atención sobre las corresponsalías
Las instituciones financieras internacionales más grandes pueden ser involucradas en transacciones vinculadas a estos hechos si sus corresponsales extranjeros en regiones con programas antilavado de dinero menos rigurosos no detectan transferencias sospechosas – como extracciones de sumas de dinero elevadas en varias sucursales – realizadas en compañías de navegación y sus subsidiarias, al tratar de obtener los fondos para pagar los rescates, dijo Garry Clement, director de la oficina de Toronto de la consultora IPSA International.
Los bancos también deberían prestar atención a las bandas de piratas que operan en Somalia y otras regiones que trabajan de forma similar al estilo evidenciado por los sindicatos del crimen organizado y utilizan muchas de las mismas tácticas para eludir las disposiciones antilavado de dinero, indicó Michael Weinstein, profesor de ciencia política en la Universidad Rutgers, en Nueva Jersey.
Algunas organizaciones piratas obtienen fondos de algunos individuos somalíes acaudalados ubicados en el Medio Oriente y Europa en la misma forma en que un negocio podría atraer a los inversores, señaló. Para disfrazar las inversiones, estos “empresarios” utilizan una gran cantidad de compañías pantalla, transferencias telegráficas offshore y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo para movilizar los fondos, dijo Weinstein.
Como los ataques se han vuelto más violentos y con tomas de más rehenes, los rescates pedidos han “aumentado considerablemente”, según el Director de la Oficina Marítima Internacional (IMB, por sus siglas en inglés), el capitán Pottengal Mukundan.
Metodología y caso de estudio
El seguimiento de cómo los rescates terminan finalmente en manos criminales puede ser ilustrado por la toma del buque ucraniano, el MV Faina, ocurrida el 25 de septiembre, según el gerente de la IMB, Cyrus Mody. En ese caso, los secuestradores somalíes tomaron por la fuerza al buque en el golfo de Adén, solicitando inicialmente US$35 millones, para luego reducir la demanda a US$10 millones, de acuerdo con Mody.
El dinero del rescate fue reunido probablemente entre los dueños del buque, los dueños de la carga, las compañías de seguros y una cuenta bancaria en sumas de dinero en efectivo por debajo de los montos mínimos sujetos a reporte, precisó Mody. El dinero fue trasladado posteriormente por vía aérea o en banco hasta Faina, donde los piratas pudieron recibirlo, para luego liberar el barco.
La transacción, que fue por lo menos de US$1 millón, posiblemente requirió la participación de varios bancos, que no sabían que estaban participando de ella, dijo Mody, agregando que la cantidad de buques secuestrados y los pagos obtenidos por los piratas es “absolutamente ridícula”.
A fin de sortear las verificaciones financieras típicas, los piratas se vuelcan a las técnicas de lavado de dinero que son “probadas y funcionan, y en las que se organizan detalles específicos e intrincados que no dejan ningún elemento al azar”, dijo Cash.
“Estos piratas no quieren participar en transacciones que puedan ser detectadas o que puedan ser canceladas”, indicó, agregando que los piratas instruirían a sus pagadores para que estructuren sus transacciones.
Por ejemplo, si una banda delictiva trata de obtener dinero de una “compañía naviera A y lo envían al jefe o caudillo somalí B, los piratas se asegurarán que los fondos vayan a través de las entidades C, D y E y participen varios terceros no vinculados al hecho”, dijo Nikos Passas, profesor de la Universidad Northeastern en Boston, quien estudia las maneras en que el dinero es lavado internacionalmente.
En última instancia, los oficiales bancarios y sus sistemas de transacciones financieras para monitorear las transacciones “no sabrán porqué están ocurriendo o a quién están dirigidas”, dijo Passas.
Las organizaciones criminales posiblemente también tratarán de recibir pagos en efectivo en dólares estadounidenses o euros de alta denominación que podrían ser contrabandeados más fácilmente, o utilizar canales de remesas alternativos, indicó Cash.
Los bancos pueden nuevamente encontrar el ahora dinero sucio una vez que las organizaciones utilicen el dinero en efectivo para comprar provisiones, incluidas armas, barcos, casas y automóviles, según Weinstein. Los piratas somalíes podrían comprar armas a un vendedor que posterior y lentamente filtraría el dinero nuevamente en negocios legítimos con cuentas en instituciones financieras.
“Una situación difícil”
Si un banco ve en televisión que uno de sus clientes más importantes que es una compañía de navegación tiene un barco que ha sido secuestrado, y detecta que se presentan nuevos patrones en las transacciones de la compañía o sus subsidiarias, los oficiales de cumplimiento deberían hacer participar a las “autoridades de control legal desde el comienzo, en lugar de simplemente reforzar su sistema de monitoreo y reporte de operaciones sospechosas, dijo Clement.
Dado que tanto la prevención como el permitir pagos de rescates podrían tener consecuencias negativas, dependiendo de la situación, “el banco no debería tomar medidas en forma unilateral” sino trabajar con las principales agencias gubernamentales y de control legal del país, indicó.
Por ejemplo, si un banco cancela la transacción, podría perjudicar las posibles negociaciones que pudieren estar llevándose a cabo o avisar a los piratas de esta manera que el banco conoce las circunstancias del pago, señaló Clement. Por otro lado, si un banco permite la realización de una transacción sospechosa que luego resulta estar vinculada a los piratas, podría ser castigado por los reguladores por ayudar a “escalar” una actividad ilegal o incluso podría ser acusada de ayudar a los piratas, señaló.
“Es una situación difícil porque hay vidas en riesgo”, aclaró Clement, agregando que las agencias de control legal tienen divisiones especiales entrenadas para manejar las negociaciones con rehenes y podrían estar mejor preparadas que el personal del banco para determinar cómo se debe proceder.
El riesgo de que una institución financiera pudiera estar involucrada en una transacción de pago de rescate solo crecerá con el tiempo porque “los piratas saben que esto es una mina de oro para ellos”, dijo Passas. “Ellos han hecho esto durante muchos años y hay muchos que lo hacen. ¿Por qué dejar de hacer algo que les resulta bueno?”.
