Riggs Bank acordó pagar US$9 millones a las víctimas de Augusto Pinochet, el dictador chileno cuyo dinero fue administrado por la institución financiera durante casi 20 años y a quien presuntamente ayudó a esconder el dinero.
El acuerdo pone punto final a una demanda que el juez español Baltasar Garzón presentó contra ejecutivos del problemático banco –con sede en Washington—el 16 de septiembre de 2004. Se logra un mes después de que el banco se declarara culpable de no haber presentado informes de actividad sospechosa, dentro del marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. que llevó a una multa de US$16 millones.
De la cifra que se les pagará a las víctimas de Pinochet, US$8 millones provendrán de una cuenta de Riggs que se abrió específicamente para cubrir gastos relacionados con los litigios legales. La familia Allbritton, que controla una porción importante de las acciones del banco, pagará US$1 millón, según informes de prensa.
Pinochet está acusado de torturar y asesinar a miles de opositores políticos durante su gobierno, entre 1973 y 1990.
Documentos de la investigación del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de EE.UU. sobre el banco muestra que Joe L. Allbritton, quien controló el banco durante 20 años y su hijo Robert, quien asumió el liderazgo en 2001, no prestaron atención a las advertencias de los reguladores sobre las políticas antilavado de dinero del banco, y continuaron una cálida relación con Pinochet, entre otros clientes de alto riesgo.
Prisioneros politicos
Amador Ruiz Guajardo, secretario de la Organización de la brigada de ex presos políticos socialistas del Partido Socialista de Chile, dijo que más del 80% de las víctimas de Pinochet fueron socialistas.
A pesar de que no se sabe todavía cómo o cuándo el dinero del acuerdo llegará a las víctimas, Guajardo recibió de buena manera las noticias.
Dijo que tendrá un significado especial para las víctimas que han pasado gran parte de sus vidas tratando de sacar a la luz las atrocidades cometidas durante el gobierno de Pinochet, por lo general con poco éxito.
“A pesar de que la suma es importante, es algo simbólico porque el acuerdo reconoce los esfuerzos de las víctimas”, dijo.
“Las víctimas no han dejado de luchar durante más de 30 años. Podrán demostrar que durante más de 30 años han recibido mentiras”.
El acuerdo es el más reciente acontecimiento en un año plagado de escándalos para el banco, que alguna vez se jactaba de contar a embajadas entre sus clientes.
El escándalo –que resonó desde los pasillos del Senado de EE.UU. hacia países como Chile y Guinea Ecuatorial—también desató una multa de US$25 millones contra el banco por parte de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
“La orden de la corte habla por si sola”, dijo Mark Hendrix, vocero de Riggs, al periódico estadounidense Washington Post. “Señalamos que el acuerdo de US$8 millones que debe pagar Riggs según la orden está cubierto por una reserva para litigios previamente establecida. Esto deja el asunto en el pasado para la institución”.
Se llega a un acuerdo
En otra información, el banco acordó pagar US$2,7 millones a los accionistas de la compañía para llegar a un acuerdo en una demanda presentada en el estado de Delaware en abril de 2004. El dinero será pagado cuando la fusión con PNC se complete, según un documento que presentó Riggs ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.
En la demanda, los accionistas argumentan que el continuo escándalo de Riggs—producto de pobres controles antilavado de dinero en el banco—ha perjudicado el valor de las acciones de Riggs.
