Por Brian Orsak

Se espera que la administración Bush sancione al principal brazo militar de Irán, una acción que dejaría a los bancos internacionales que realizan transacciones comerciales con la organización expuestos a demandas civiles, según analistas.


La designación oficialmente bloquearía a todos o parte de los 125.000 miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la unidad militar elite del país, y les impediría realizar operaciones comerciales con las instituciones financieras de EE.UU, según informes publicados por Associate Press y el Washington Post, y en los que se citan a funcionarios estadounidenses cercanos al tema.


La sanción sería la primera aplicada contra un brazo armado oficial, y posiblemente sería incluida bajo la órbita del decreto firmado por el Presidente Bush poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La orden otorga al presidente el derecho de congelar los activos de aquellas entidades vinculadas al terrorismo y sanciona criminalmente a las instituciones estadounidenses que no cumplan con tal orden. En ese momento, Al Qaeda, Osama bin Laden y el Fideicomiso Al Rashid fueron incluidos en la misma, entre otras 24 entidades.


Dado que la mayoría de las instituciones iraníes han estado sujetas a embargos estadounidenses desde 1996, esta acción para aislar a la Guardia Revolucionaria sería “una declaración simbólica”, dijo Simeon Kriesberg, socio de la firma de abogados Mayer, Brown, Rowe & Maw, que sigue el tema de las sanciones.


Pero dado que la designación de terrorista colocaría a la unidad militar bajo la Ley de Antiterrorismo de 1996, las instituciones financieras internacionales que realizan operaciones comerciales con miembros del ejército estarían sujetas a demandas judiciales civiles, de acuerdo con Víctor Comras, asesor legal especial de la firma de abogados Eren Law Firm, en Washington, D.C., que asesora sobre temas antilavado de dinero (ALD) y de financiación del terrorismo.


“Eso abre la ruta a demandar efectivamente a cualquiera que tenga tratos con ellos”, dijo Comras, señalando que el banco francés Credit Lyonnais y el Arab Bank de Jordania están actualmente siendo demandados por sus supuestos vínculos con el terrorismo.


Esfuerzos de aislamiento


La sanción de la unidad iraní seguiría a los intensos esfuerzos liderados por EE.UU. para aislar al país por su programa nuclear, sobre el cual los funcionarios iraníes han dicho en reiteradas oportunidades que solamente tiene fines energéticos.


En septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió a las instituciones financieras estadounidenses procesar transacciones con el Bank Saderat de Irán. En enero, la agencia emitió sanciones similares contra el Banco Sepah de Irán. 


Desde diciembre de 2006, dos resoluciones de las Naciones Unidas han pedido a sus miembros que restrinjan sus operaciones comerciales con las entidades iraníes vinculadas al programa nuclear del país.


Bajo una leve presión de la administración Bush, los bancos internacionales posiblemente cada vez más vean restringidas sus operaciones con Irán, dicen los analistas. 


En septiembre pasado, el Subsecretario del Departamento del Tesoro de EE.UU. Stuart Levey dijo que los representantes de la agencia se habían reunido con representantes de más de 40 bancos para disuadirlos de realizar operaciones comerciales con Irán.


El mes pasado, el Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes de Alemania, dijo que a causa de la presión internacional, estaba dando por concluidas la mayor parte de sus operaciones comerciales con compañías iraníes. Repetidamente se ha alegado que la institución se ha resistido a la presión de los esfuerzos de la administración Bush en EE.UU. y de la Unión Europea para castigar al país por sus planes para desarrollar armas nucleares.


El banco no fue el primero en retirarse bajo la presión de EE.UU. y la UE. El año pasado, el UBS, con sede en Zurich, dio por concluidas sus relaciones comerciales con Irán, mientras que el banco HSBC de Londres y el Commerzbank, con sede en Frankfurt, dijeron que limitarían sus operaciones con el país.


Los retiros sugieren que la presión formal e informal ejercida sobre las instituciones financieras por EE.UU y la UE están funcionando, dijo Danielle Pletkat, vicepresidenta de estudios extranjeros y de políticas de defensa en el Enterprise Institute for Public Policty Research, en Washington, D.C. (por sus siglas en inglés, AEI).


“El Deutsche Bank y el Commerzbank durante años han enviado señales a través de sus propios ministros de finanzas sugiriendo que rechazaban la interferencia, que no serían forzados a dejar el escenario y que haría operaciones comerciales con Irán si lo deseaban”, dijo. “Esto es una marcha atrás en su posición anterior”.


Si se aplicaran más sanciones contra entidades iraníes, aún cuando fueran simbólicas, podría acelerarse esa tendencia, dijo Kriesberg.


Teniendo sentido comercial


Y los bancos pueden estar enfrentando algo más que simplemente la presión política, según Robert Hunter, asesor senior de la firma de investigaciones Rand, de Santa Mónica, estado de California.


“Si en Irán las cosas se complicaran más, los bancos deben preocuparse por su exposición”, dijo Hunter, quien también fue embajador estadounidense ante la OTAN bajo la administración del Presidente Clinton. “Aquí, un simple análisis de riesgo puede reforzar lo que el gobierno les esté diciendo”.


Para contribuir a ese esfuerzo existen varias leyes estatales en EE.UU. que obligan a los fondos públicos de pensión a retirar sus inversiones de compañías que realicen negocios con Irán. Nueva York, Carolina del Norte y Louisiana han aprobado leyes de ese tipo en los últimos meses, y se espera que California adopte una medida similar este año, de acuerdo con Chris Loteen, vicepresidente y director de la iniciativa para eliminar el terrorismo del Centro de Política de Seguridad, un grupo lobbysta con sede en Washington, D.C.


“Ellos dejarán la decisión en las compañías que quieran hacer negocios en Irán: ¿puede mantenerse al perder la inversión de estos importantes fondos de pensión y mutuos?”, dijo Pletkat. “La respuesta para la mayoría de las compañías estadounidenses es “no”.


La Comisión de Valores e Intercambio (por sus siglas en inglés, SEC) lanzó el mes pasado un programa que fue seriamente criticado, para identificar a las compañías que tienen inversiones en Irán. Las críticas hechas al programa, incluida la de Representante en el Congreso de EE.UU. Barney Frank, indicaban que la herramienta identificaba injustamente a compañías que no tenía o que tenían vínculos económicos insignificantes con Irán.


En respuesta a las críticas, la SEC suspendió temporalmente esa herramienta el 20 de julio.


Pero los índices que realizan el seguimiento de vínculos financieros con países a los que EE.UU. han vinculado al terrorismo han proliferado en los últimos años.


En mayo, AEI publicó una lista de compañías que realizan operaciones comerciales con Irán. Holten, quien dirige el índice de terror del Centro de Política de Seguridad, calificó al índice preparado por el legislador Meter Schneider, del estado de Louisiana, como “sin precendentes”  en su alcance.


“La lista de la SEC no abarca lo suficiente, y eso se debe a que la SEC sólo tiene jurisdicción sobre las bolsas”, dijo Holten.  “Si bien fue una buena idea, nunca puede incluir todo”.


Aunque EE.UU. ha ejercitado sus músculos entre las instituciones financieras no estadounidenses para eliminar los negocios con Irán, el Departamento del no ha estado proclive a apoyar medidas a las que considera demasiado fuertes. En marzo pasado, al responder a los proyectos presentados en el Congreso que prohibían a Irán realizar operaciones con dólares estadounidenses y responsabilizaba a las compañías en los casos en que sus subsidiarias independientes hicieran negocios con Irán, Nicolas Burns, del Departamento del Tesoro, dijo que las medidas “harían que el peso total de las sanciones cayeran no contra Irán sino contra nuestros aliados”.


Es más, el éxito de las sanciones aplicadas por EE.UU. para lograr los objetivos de su política, no está garantizado, dijo Jeffrey Schott, asesor senior del Instituto para la Economía Internacional Meter G. Peterson, una firma de investigaciones económicas cuya sede se encuentra en Washington, D.C.


Éxito incierto


Dado que los objetivos políticos y las situaciones económicas varían en cada caso, los enfoques de las sanciones nunca son uniformes, dijo Schott. Pero “cuanto más definido  es el alcance de las sanciones, más influencia tiene”, dijo.


Y las sanciones contra Irán pueden en última instancia fracasar, particularmente por los sólidos vínculos de Irán dentro del sector de la energía.  EE.UU. es menos proclive a apoyar medidas con una amenaza creíble de acción militar “dada la naturaleza extremadamente volátil de los regímenes en la región”, dijo Schott.


“Irán obtiene billones de dólares por sus operaciones comerciales en la economía mundial a través de sus ventas de petróleo”, dijo Schott. “Eso no se va a detener, y si la situación se vuelve muy tensa, Irán podría verse tentado a utilizar el petróleo como un medio para aplicar contra-sanciones”.


La eficacia de las sanciones en última instancia se encuentra en la cooperación europea, dijo Comras.


“Los europeos realmente tienen la llave cuando se trata de poner presión sobre Irán, y ellos simplemente no quieren hacerlo”, dijo Comras. Expresó que las sanciones contra la Guardia Revolucionaria posiblemente señalarían que la ONU no deseaba aplicar más medidas contra el país.


Para las instituciones financieras multinacionales, ha estado claro durante mucho tiempo que las relaciones entre EE.UU. pueden quebrarse más, según Hunter.


“A las instituciones financieras les agrada tener acceso libre, irrestricto en todo el mundo, pero aquí, me sorprendería ver a un banco que ya no se hubiera posicionado para no verse afectado”, dijo Hunter.


Las sanciones contra la Guardia Revolucionaria de Irán ubicarían a la unidad militar en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC, y sería la vigésima entidad iraní agregada a la lista.  Irán ha estado sujeta a sanciones estadounidenses desde 1979.