Al igual que cualquier otra institución, las iglesias necesitan dinero para poder cumplir con sus funciones y obligaciones. El problema se presenta cuando las estructuras eclesiásticas son permeadas por dinero procedente de la corrupción pública y del crimen organizado, que aprovecha la buena imagen de las religiones para obtener y legitimar fondos ilícitos.
La relación entre el crimen organizado no es nueva, pero el nuevo escándalo generado con el Instituto de Obras Religiosas (IOR) –conocido como el Banco del Vaticano- demuestra una vez más que las iglesias y sus representantes exigen un tratamiento cuidadoso de parte de las empresas reguladas e instituciones financieras con las que mantienen relación.
Caso Vaticano
Una vez más el IOR está bajo investigación. En el proceso ya resultó detenido Nunzio Scarano, un contador de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el organismo que gestiona los bienes inmobiliarios de la Santa Sede.
Según informaron medios italianos, Scarano pagó 400.000 euros a un exagente de inteligencia para que transportara 20 millones desde Suiza hasta Italia. El dinero pertenecía a Paolo y Cesare D’Amico. En sus declaraciones judiciales, el monseñor explicó que solo fue un “intermediario” y que estaba haciendo “un favor a los primos”. Lamentablemente, la Fiscalíoa de Roma lo ve diferente y considera que Scarano tuvo un “rol relevante” en las operaciones de lavado de dinero.
El proceso ha seguido avanzando y las pesquisas de la fiscalía italiana llegaron a dos altos ejecutivos del IOR: el director general, Paolo Cipriani, y su adjunto, Massimo Tulli, quienes presentaron su renuncia el primero de julio. Las renuncias fueron presentadas “en el mejor interés de la institución y de la Santa Sede”, indicó un comunicado del Vaticano. De acuerdo con LaPresse, la fiscalía solicitará cargos formales contra ambos empleados.
Cipriani ya fue investigado en septiembre de 2010 por presuntamente violar leyes italianas contra el lavado de dinero, cuando las autoridades italianas anunciaron que habían congelado €23 millones del Banco del Vaticano que estaban en una cuenta en el Credito Artigiano. El IOR falló en identificar adecuadamente a los beneficiarios de dos transacciones que tenían como destino unas agencias del JP Morgan Chase y del Banco del Fucino. Los voceros del vaticano catalogaron este proceso como un “malentendido”.
Este escándalo estuvo precedido por otras dos grandes investigaciones. Según reportó la revista italiana Panorama en su edición de diciembre de 2010, el Banco de Italia revisó unas transacciones por US$250 millones relacionadas a una cuenta del Vaticano en la agencia del UniCredit Group, ubicada al frente de la Basílica de San Pedro.
Oficiales gubernamentales también cuestionaron al Vaticano sobre su participación en el colapso del Banco Ambrosiano ocurrido en el año 1982. El banco, cuyo socio mayoritario era el Vaticano, cerró luego de que desaparecieran más US$1.000 millones que fueron entregados en préstamos a corporaciones pantalla (shell companies), luego de que la Santa Sede les otorgará cartas de crédito. El Vaticano eventualmente pagó US$250 millones a los acreedores sin admitir ninguna culpa.
Una complicada estructura
El Instituto para las Obras de Religión se trata de un banco muy particular, porque sólo hace inversiones éticas, sus beneficios se destinan a obras de caridad y porque sus clientes son diócesis, órdenes religiosas y departamentos y empleados del Vaticano. Esta institución fue creada en 1942 por el Papa Pio XII en el año 1942. Según han publicado medios italianos, el IOR tiene 130 empleados, 44.000 cuentas corrientes, ofrece intereses de hasta el 12% y no aplica ningún impuesto. Tiene un patrimonio de 5.000 millones de euros.
“No está en la naturaleza de la institución el regularse asimismo. Lo que se tiene con el IOR y el Vaticano, junto con otras jurisdicciones como las Islas Caimán y Antigua, es una fusión de una institución con una jurisdicción”, explicó Jeffrey Robinson, un experto antilavado de dinero y autor del libro “El Lavador: Dentro del Tercer Negocio más Grande del Mundo”, quien en 2010 declaró a Lavadodinero.com que el Vaticano “ha tenido una larga y sórdida historia de escándalos financieros”.
Por su parte, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, explicó en una carta que “El IOR no es un banco en el sentido normal (…) está más allá de la jurisdicción y la vigilancia de varios bancos nacionales”. Sin embargo, en una decisión de la Corte Suprema de Italia en el 2003 se determinó que la jurisdicción italiana estaba sobre las operaciones financieras del IOR realizadas en Italia, según el National Catholic Reporter.
La presión internacional y las acciones de las autoridades italianas generaron una serie de reformas para mejorar los controles antilavado en el Vaticano. Mediante una carta apostólica, el Papa Benedicto XVI ordenó la creación de la Autoridad de Información Financiera (AIF). Esta unidad antilavado comenzó a funcionar el 1 de abril de 2011, como un organismo autónomo e independiente con tareas incisivas de prevención y combate del lavado y de la financiación del terrorismo en relación con cualquier sujeto, persona física o jurídica, ente y organismo de cualquier naturaleza del Estado de Ciudad del Vaticano, de los dicasterios de la Curia Romana y de todos los organismos y entes dependientes de la Santa Sede.
La creación de este organismo, coincidió con la promulgación de 4 leyes:
• Ley sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de ingresos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo.
• Ley sobre el fraude y la falsificación de billetes y monedas en euros.
• Ley sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, sustitución y retirada de billetes en euros y sobre la aplicación de medidas contra la reproducción irregular de billetes.
• Ley sobre la cara, los valores unitarios y las especificaciones técnicas, así como la titularidad de los derechos de autor sobre las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación.
Bajo la nueva ley ALD, el Banco del Vaticano tendrá que obtener una “adecuada verificación” de las transacciones de sus contrapartes, registro de datos concerniente a las relaciones y operaciones que se realizan, así como reportes de operaciones sospechosas.
Por su parte, el papa Francisco ordenó el pasado 26 de junio crear una comisión especial para que lo informe directamente sobre las actividades del controvertido banco del Vaticano.
Otras iglesias en problemas
Los problemas asociados a la legitimación de capitales no son exclusivos de la iglesia católica. La Oficina Contra el Lavado de Dinero en Tailandia está investigando al religioso Wirapol Sukphol, conocido como Luang Pu Nen Khum, debido a las sospechas surgidas por la ostentosa vida del líder budista.
Las autoridades tailandesas indicaron que Sukpol posee de 10 a 16 cuentas bancarias en las que circulaban de manera constante más de US$ 6,5 millones, que fueron congelados mientras el religioso explica el origen de estos fondos. “Si el dinero se obtuvo a través de la explotación de la fe de la gente con fraude y estafas, será declarado ilegal”, apuntó la Policía al diario “The Bangkok Post”.
Los problemas para Sukpol se iniciaron cuando fue descubierto un video en YouTube en el que se muestra al abad budista viajando en un jet privado de su propiedad, mostrando costosas prendas de lujo.
“Pare de Sufrir”
Otro polémico caso de lavado a través de las iglesias fue el relacionado a la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977 en Brasil bajo el lema “Pare de Sufrir”. Tiene representación en más de 180 países, incluyendo todos los latinoamericanos y Estados Unidos, y desde hace años ha estado bajo el ojo del huracán.
El Ministerio Público Federal del Estado de Sao Paulo en Brasil acusó en 2011 a cuatro líderes de esta congregación religiosa de los delitos de estafa, evasión de divisas y lavado de dinero, según un comunicado de la fiscalía. El obispo Edir Macedo, principal líder y fundador de la iglesia, junto al ex diputado Joao Batista da Silva, el dirigente religioso Paulo Roberto Gomes y la directora financiera Alba Maria Silva da Costa son los cuatro acusados.
De acuerdo al fiscal Silvio Luis Martins de Oliveira, los dirigentes de la iglesia estafaron a los fieles para obtener grandes cantidades de dinero que era enviado al exterior sin haber sido declarado al fisco brasileño en su totalidad, por esta vía evadían millones en impuestos. Se calcula que la iglesia sólo declara al fisco 10% de su recaudación, mientras que otra parte es convertida en dólares y enviada a paraísos fiscales y cuentas bancarias en Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y el Caribe.
Macedo habría desviado –a beneficio propio– más de US$ 765 millones recaudados gracias a los diezmos de sus millones de fieles, según informó en el año 2009 el diario peruano La República.
