Por Brian Monroe
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En una acción que fija precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) encontró a fin de mayo deficiencias en la verificación y documentación de las identidades de los clientes de un corredor de valores de Los Angeles, un requisito clave bajo las leyes antilavado de dinero.
La SEC, en su primera acción de cumplimiento contra una compañía de valores, dijo que Crowell, Weedon & Co., que administra US$7.000 millones en activos a través de sus nueve oficinas en el estado de California, omitió documentar adecuadamente su programa de identificación de clientes, o PIC, durante varios años, mientras mantenía discusiones con un proveedor externo que manejaba la información de los clientes.
La SEC manejó este caso porque involucraba a una compañía que no tenía archivos adecuados, mientras que otras organizaciones autorregulatorias se focalizan más en la idoneidad de las políticas y procedimientos.
Una señal de alarma
Como resultado, la compañía, de 64 años de antigüedad, omitió reunir la información necesaria sobre 2.900 cuentas entre el 1ro. de octubre del 2003 y abril del 2004, de acuerdo con las nuevas guías más estrictas relacionadas con la Ley USA Patriot del 2001 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
La SEC no multó a Crowell ni la forzó a cerrar ninguna de sus operaciones. Aún así, la acción de cumplimiento sirve como una advertencia a la multi-trillonaria industria de valores de que se avecina más presión por parte de los reguladores.
Las disposiciones que se agregaron para la identificación de los clientes bajo la Ley Patriot son una “herramienta importante para impedir el lavado de dinero y otras actividades que podrían ser utilizadas para beneficiar a grupos terroristas”, dijo Randall Lee, director regional de la Oficina Regional Pacífico de la SEC.
Los funcionarios de Crowell, si bien no admitieron ni negaron ningún acto incorrecto, enfatizaron que después de que finalmente pudieron revisar las cuentas en cuestión, encontraron que no había situaciones de lavado de dinero u otras actividades ilegales.
El caso Crowell también expone una tendencia de más control y multas para las compañías de valores, que quedaron incluidas bajo la Ley de Secreto Bancario, o LSB, y las regulaciones antilavado de dinero en el 2002, y fueron obligadas a presentar informes de actividades sospechosas en el 2003. Desde entonces, la industria ha trabajado para adaptarse a las nuevas regulaciones y ha recibido varias acciones por incumplimiento, como la sanción de US$2,8 millones aplicada en diciembre contra la compañía Oppenheimer & Co. de Nueva York.
Intercambio por violaciones LSB
Las nuevas regulaciones que sacuden a la industria de valores han estado preparándose durante un largo tiempo, con funcionarios de la SEC expresando su preocupación en memorandums y cartas desde 1994, mencionando que el sector no es tan ampliamente vigilado como la industria bancaria y que los corredores no tenían mecanismos adecuados para reportar actividades sospechosas.
Específicamente, la SEC mencionó que el programa escrito de identificación de clientes de Crowell podía verificar la identidad de cada cliente nuevo utilizando ciertos procedimientos documentales y no documentales, como la búsqueda en bases de datos públicas, la revisión de identificaciones emitidas por el gobierno o la revisión de identificaciones que contengan fotografías.
En lugar de ello, Crowell, violando las obligaciones de mantenimiento de registros de la regulación PIC, dijo que tenía “conocimiento personal” de los clientes, escribiendo en el formulario de la cuenta que el cliente nuevo era un “miembro de la familia o conocido, un referido de un cliente ya existente o un cliente con una cuenta previa o ya existente”.
La SEC no necesitó dar a Crowell un cronograma para solucionar los problemas porque Crowell ya había tomado las medidas necesarias para corregirlos.
Como resultado de la cooperación con la SEC, “la firma mejoró sus procedimientos de apertura de cuenta y antilavado de dinero”, dijo James Cronk, director de operaciones.
