La publicación de más de 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses a través del portal Wikileaks, además de generar una explosiva e inédita controversia, mostró cuál es la valoración de la diplomacia estadounidense sobre las políticas y esfuerzos de algunos países latinoamericanos para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En un primer artículo, Lavadodinero.com presentó una revisión amplia sobre los temas concernientes a Latinoamérica (Wikileaks: develando secretos que pueden ser útiles contra el lavado y el financiamiento del terrorismo). En este segundo artículo, comenzamos a presentar análisis más detallados sobre los cables diplomáticos relacionados al mundo del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
Caso Argentina
En uno de los 2 mil cables secretos despachados desde la nación suramericana, se realizaron balances sobre el antilavado de dinero y el contra financiamiento del terrorismo (ALD / CFT).
El cable “Secret Buenos Aires”, numerado con el serial 001257, calificado como Secreto/No exterior, destaca consideraciones avaladas por la embajadora de Estados Unidos en ese país austral, Vilma Martínez, basada entre otros informantes, en inspectores del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El reporte, sostenido tanto en fuentes especializadas como en otras muy imprecisas, gravita en aspectos como el marco jurídico, capacidad técnica de jueces y fiscales, compromiso del gobierno argentino, además de las fortalezas y debilidades de los grupos encargados del control de las operaciones sospechosas.
Fabio Contini, de origen italiano, encabezó el equipo operativo de la revisión del GAFI. Durante todo el informe dejó claras sus dudas sobre los esfuerzos del gobierno argentino relacionados con los temas de ALD / CFT, a los cuales “considera poco más que una cortina de humo”.
“Las medidas que se adoptaron (en Argentina) están calculadas para cumplir mínimamente con los estándares internacionales y manifiestan escaso entusiasmo real por limpiar el sistema financiero”, detalla el cable.
Gonzalo Vila está de acuerdo con esta afirmación de Contini, al señalar que “prácticamente fue nulo el accionar en materia en Argentina desde el último informe del GAFI en el 2004, cuando ya se encontraba gobernando prácticamente el mismo gobierno. Hubo falta de voluntad política para cumplir con la normativa internacional y combatir en serio el lavado de dinero”, pero destaca que ve “en esta gestión de la UIF una convicción para revertir ese estancamiento”.
Contini recomendó que dicho país debiera tomar el control de la economía informal, como primer paso hacia un serio esfuerzo relacionado con AML/CFT. Agregó que un sustancial porcentaje de la actividad economía argentina está oculto en elevadas transacciones en dinero en efectivo puro.
El proceso de inspección y revisión, al cual se hace referencia, arrancó el 16 de noviembre de 2009 y tuvo una duración de dos semanas. Citamos algunas conclusiones de esa evaluación:
- “La mayor parte del lavado de dinero en Argentina oculta evasión fiscal y corrupción política, pero los fondos derivados de los narcóticos son un problema creciente”.
- “El marco jurídico argentino es relativamente fuerte, pero la burocracia que trabaja estos temas está mal dirigida y le faltan recursos”.
- “Hasta ahora, el financiamiento del terrorismo y el dinero de la droga han abarcado sólo una pequeña fracción de los fondos ilícitos que transitan por Argentina (…) el tráfico de drogas se está volviendo un verdadero problema y cada vez más el dinero sucio que circula por el sistema financiero se origina en el negocio de la droga”.
- “La ausencia casi total de cumplimiento de la ley, sumada a una cultura de impunidad y corrupción, crean las circunstancias para que Argentina sea aprovechada por narcotraficantes y células terroristas”.
- “Se han registrado sólo dos condenas desde la penalización del lavado de dinero en 1989 y ninguna bajo el actual estatuto aplicable sancionado en 2003. Si bien se considera que el derecho sustantivo es en general adecuado, hay numerosas lagunas para cerrar y áreas importantes de clarificación”.
- “Argentina tiene una base legal y regulatoria sólida para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las deficiencias del sistema surgen a la hora de aplicar la ley. Las inspecciones son superficiales y no analizan cuentas y transacciones reales”.
UIF en el “paredón”
La Unidad de Información Financiera es la institución argentina creada por ley en el 2000, para el análisis, tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes del delito. Funciona con autonomía en jurisdicción del Ministerio de Justicia. Posteriormente por mandato de la Ley 26.268 sobre Asociaciones Ilícitas y financiación del terrorismo, sancionada por el Congreso de este país en el 2007, se extendieron sus funciones al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.
Este órgano fue “evaluado” por los diferentes expertos consultados y citados por la representante diplomática. Reproducimos algunas precisiones del informe:
- “La UIF y el Banco Central de la República Argentina pagan poco y no pueden darse el lujo de contratar suficiente personal para investigaciones”.
- “La organización transmite inteligencia en crudo que es inútil para la elaboración de casos delictivos”.
- “La UIF es el principal agente de las fallas vinculadas con el ALD / CFT en Argentina (…) es una institución inepta y comprometida políticamente”.
Consultado por Lavadodinero.com, el experto argentino Ricardo Tondo se unió a las críticas contra la unidad antilavado: “La UIF, en la Argentina, está de muestra. Una UIF administrativa, que recibe reportes inocuos para producir información financiera sirve sólo para beneficio de los funcionarios. Una nueva UIF debe ser refundada, sobre la base de cumplir un rol activo, sin trabas y con criterios enfocados a los resultados”.
Sin embargo, no todos los expertos argentinos están de acuerdo con las afirmaciones del cable diplomático estadounidense. Gonzalo Vila no cree que la UIF sea el principal agente de las fallas ALD en Argentina: “era un engranaje… más de un motor que no funcionaba. El informe del GAFI ha encontrado cerca de 1.000 falencias en el sistema financiero argentino, con arreglos que requieren nuevas leyes, regulaciones, condenas judiciales y cambios en la forma que las agencias gubernamentales deben operar, por esto y muchos otros elementos creo que se debe ver a la UIF como un elemento más de un todo que no funcionaba. Repito que veo a la nueva gestión en una posición de trabajo y con ganas y voluntad de cambiar el rumbo”.
El dilema: entre Fiscales y jueces
Las opiniones del asesor regional del Grupo de Integridad Financiera del Fondo Monetario Internacional, Mariano Federici, fueron también detalladamente expuestas en la comunicación consular. He aquí algunas de sus conclusiones:
- “Los fiscales y jueces que deberían tomar los casos de ALD / CFT carecen de la sofisticación financiera necesaria para dirigir las investigaciones y montar exitosos procedimientos penales. (…) los jueces parecían desinteresados en adquirir las habilidades necesarias para involucrarse en casos de lavado de dinero”.
- “Debido a que los jueces manejaron directamente las investigaciones bajo el sistema legal argentino, ningún caso de lavado de dinero podía proceder sin un compromiso judicial activo. A corto plazo, las indiferencias judiciales limitan las oportunidades de condenar los casos de lavado de dinero”.
Marcelo Casanovas, encargado del cumplimiento de las normas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y miembro de una importante asociación contra el lavado de dinero, fue otra fuente citada por los diplomáticos estadounidenses. Casanovas estuvo de acuerdo con Federici en “que el sistema judicial sufre deficiencias, pero los fiscales y los investigadores tienen más culpa que los jueces, ya que la falla para elaborar la evidencia sólida es el origen del problema”.
Aseveró Casanovas que los jueces quieren casos concretos, que tienen un resultado predecible, no quieren derrochar sus recursos limtados en acusaciones que están predestinadas a fallar.
Por su parte, Contini refirió que la UIF envía a los fiscales la información tan tarde que es técnicamente imposible acumular evidencias de transacciones sospechosas.
Ricardo Tondo coincidió con las críticas al sistema judicial expresadas en el comunicado estadounidense al precisar que “el gobierno da una señal clara a los lavadores de que ningún fiscal tendrá el poder de iniciar y llevar a buen puerto una acción individual y, muchísimo menos, conjunta. Sobran elementos de prueba dónde el tráfico de influencias en la Argentina coarta toda investigación de buena fe”.
Gonzalo Vila agregó que “en Argentina y en muchos países del mundo la falta de capacitación de jueces y fiscales en materia de delitos financieros se convierte en un serio obstáculo a la hora de perseguir el lavado de dinero. Creo que de por sí el lavado de dinero es un delito suficientemente complejo como para confundir hasta los más expertos”.
Terrenos espinosos
Las revelaciones de Wikileaks salpicaron a políticos y gobiernos de todo el mundo. En esta misma línea de análisis sobre las estrategias de Argentina en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cable 001257 (basado en fuentes imprecisas) registra varias afirmaciones:
- “Es probablemente irreal que el gobierno argentino canalice los recursos para los fiscales o que realice esfuerzos coordinados para perseguir a los lavadores de dinero”.
- “Los Kirchner y su círculo simplemente tienen mucho para ganar con un débil cumplimiento de las normas. Aunque las estafas impositivas y los políticos comprometidos pueden ser aún la principal fuente del dinero sucio, la continua indiferencia del gobierno argentino hacia el ALD / CFT podría ser un atractivo escenario local para narcotraficantes y terroristas internacionales”
- “El Ministerio de Justicia, bajo las órdenes del ex Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, (ahora Jefe de Gabinete), frustró sistemáticamente el progreso de los asuntos relacionados con ALD / CFT”.
- “El actual Ministro de Justicia, Julio Alak, trajo nueva energía y buenas perspectivas para el trabajo y ha demostrado considerable entusiasmo por colaborar con Estados Unidos”.
