Por Carla Valero
[email protected]
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) siguen y seguirán siendo un dolor de cabeza tanto para reguladores como para las instituciones financieras. Y es que ya se sabe que aceptar los ingresos por corrupción de cualquier PEP (a sabiendas o no) es la pesadilla de cualquier oficial de cumplimiento.
Mantenerse actualizado sobre las diversas causas judiciales pendientes de casi todas las PEPs corruptas del mundo, es uno de los secretos para evitar que esa pesadilla se haga realidad. Últimamente, y como siempre, las PEPs latinoamericanas no dejan de agregar casos a su lista de causas pendientes con la justicia.
Es el caso del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo quien gracias a la rápida actuación de sus abogados logró en el último momento un amparo por parte de las autoridades mexicanas, país donde está refugiado, para evitar su extradición, que había sido aprobada por el gobierno mexicano el mes pasado, mientras se sigue analizando la legalidad del proceso.
Por su parte, Arnoldo Alemán, quien gobernó Nicaragua desde 1997 al 2002, se enfrenta ahora a una nueva causa del procurador general Alberto Novoa, quien le acusa de haber ocasionado perdidas al erario público durante su mandato como presidente del país, por unos dos millones de córdobas (más de US$ 110.000).
El último capitulo del caso Alemán
El caso Alemán no pierde vigencia en las noticias ya que un juez de Miami decidirá en un mes si le permite al gobierno estadounidense confiscarle más de US$700,000 a la familia de Arnoldo Alemán, en medio de una pugna por el origen de los fondos.
Ante dichas acusaciones, la respuesta de Alemán no se hizo esperar y ofreció una rueda de prensa en su propia casa de Managua en la que declaró que apelará la sentencia si el juez falla en su contra.
“La apelación será introducida en Atlanta”, indicó Alemán, quien cumple una sentencia de 20 años de arresto domiciliario después de haber sido condenado por una jueza de Managua por los delitos de malversación y lavado de dinero proveniente de las arcas del Estado.
La Fiscalía Federal de EE.UU sostiene desde 2003 que el dinero, que está en siete certificados de depósito adquiridos al banco Terrabank de Florida entre 1998 y 1999, proviene de fondos sustraídos al gobierno de Nicaragua, acusación que la familia de Alemán siempre ha negado diciendo que los fondos provienen de las utilidades de la venta de café y ganado que heredó de sus antepasados.
En este sentido, Alemán señaló que los depósitos fueron hechos por su fallecida hermana Amelia Alemán, en Terrabank de Miami, en 1996, para disponer de recursos para la educación de sus primeros cuatro hijos.
Durante el juicio, la Fiscalía no pudo probar sin lugar a dudas que los US$700.000 procedían del desvío de fondos, y los familiares de Alemán no pudieron demostrar que el dinero provenía del negocio del café.
Según el documento oficial del juicio emitido por el juez de Florida Federico Moreno, los certificados fueron comprados por el ex director de Impuestos, Byron Jerez, convicto y luego absuelto por corrupción en Nicaragua, a nombre de los hijos de Alemán, la suegra del ex mandatario y el cuñado de éste.
Por otro lado, Jerez confesó en juicios anteriores en Nicaragua haberse apropiado de unos US$8 millones del gobierno desviándolos por distintos métodos, bajo órdenes de Alemán, y haber comprado propiedades en Estados Unidos y certificados de depósitos.
El cumplimiento PEP, un eterno dolor de cabeza
El término “personas expuestas políticamente” fue mencionado por primera vez por el Grupo de Acción Financiera, en París, quien comenzó a focalizarse en los fondos procedentes de la corrupción. Posteriormente, la regulación procedente de la Sección 312 de la Ley USA Patriot de Estados Unidos, que entró en vigor en abril de 2006, define a las PEPs como personas que ejecutan funciones públicas como en la administración del gobierno, donde tienen una influencia inmediata o decisiva en el proceso de decisión; en el poder judicial con cargo de autoridad; en la administración de compañías estatales que explotan recursos naturales; en los cuerpos legislativos, y en cargos importantes en partidos gobernantes.
La regulación más controversial y de mayor alcance ha afectado profundamente la evaluación de riesgo y operaciones de cumplimiento de cientos de miles de bancos, corredores de valores y fondos de inversión en EE.UU. y en el mundo.
Por otro lado, su enfoque se centra en cuentas corresponsales de instituciones financieras fuera de EE.UU. y en cuentas de banca privada de individuos no estadounidenses, lo cual causa un enorme efecto en las operaciones bancarias de individuos e instituciones latinoamericanas con el país del norte.
Las instituciones de EE.UU. cubiertas deben tomar las medidas necesarias para determinar la identidad de todos los dueños nominales y finales de las cuentas de banca privada, identificar si el dueño es una figura política oficial y, por lo tanto, está sujeta a mayor escrutinio; determinar la fuente de los fondos depositados en la cuenta de banca privada y el propósito y uso esperado de la cuenta así como monitorear su actividad.
Los innumerables casos de corrupción política latinoamericana donde el dinero pasó a través de cuentas estadounidenses han sido considerados un elemento crucial dentro de la nueva regulación.
Siguiendo el rastro de las causas de Portillo y Alemán
Tres días después de que las autoridades mexicanas emitieran la sentencia de extradición de Portillo hacia Guatemala, el amparo presentado por los abogados del ex presidente ha sido suficiente para detener el proceso.
Según el jefe de la fiscalía anticorrupción de Guatemala, Omar Contreras, “por el momento lo único que podemos hacer es esperar a que las autoridades mexicanas tomen una decisión sobre el amparo presentado por los abogados de Portillo y ver si siguen adelante o no con el proceso de extradición”. Y añadió que “la decisión podría tomarse en el próximo mes”, para lograr enjuiciarlo finalmente en su país.
Por su parte, Karen Fischer, ex fiscal de Guatemala dijo que las razones que han evitado la extradición de Portillo hasta el momento son políticas: “el caso Portillo ha estado manipulado totalmente porque hay varios militares de alto rango involucrados en el escándalo (incluyendo al hijo del General Efraín Ríos Montt).” Y añadió que “la defensa ha interpuesto recursos frívolos e improcedentes y la jueza mexicana que conocía el caso se ha prestado al juego de los abogados de Portillo para no ceder al proceso de extradición”.
El ex presidente que gobernó el país desde el año 2000, huyó a México en febrero de 2004 tras ser acusado por el Ministerio Público guatemalteco por autorizar la transferencia de unos US$16,5 millones al Ministerio de Defensa, de los cuales unos US$4 millones fueron desviados a cuentas de empresas de Armando Llort, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y amigo de Portillo. Llort también se encuentra prófugo de la justicia guatemalteca.
Por otro lado, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, declaró que “al menos 12 ex funcionarios del gobierno del ex presidente Alfonso Portillo están siendo investigados por su supuesta vinculación con el lavado de dinero malversado de fondos públicos”.
Alemán recibe mas cargos
Por su parte, aunque el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por actos de lavado de dinero, entre otros delitos, los cargos contra el no dejan de multiplicarse. El procurador nicaragüense Novoa abrió otra causa por perdidas del Estado.
A pesar de que fue condenado en diciembre de 2003, hace más de un año que goza del régimen de convivencia familiar que le permite libre movilidad por el departamento de Managua, por encontrarse en estado delicado de salud.
El proceso contra Alemán se inició en Panamá por la existencia de cuentas bancarias sospechosas de haber sido utilizadas para lavar el dinero del erario nicaragüense, relacionado con supuestos actos de corrupción imputados a los acusados. La Fiscalía Anticorrupción panameña lo acusó de haber lavado US$58 millones de dinero nicaragüense, mediante el uso de instituciones financieras panameñas.
Por esta razón, hace varios años que Panamá está investigando las operaciones de una red montada por Alemán, Jerez y sus familiares para transferir dinero del Estado nicaragüense hacia cuentas personales en bancos panameños.
Las pesquisas realizadas por las autoridades panameñas permitieron descubrir que durante la presidencia de Alemán – de 1997 a 2002 –, él y sus allegados montaron empresas fachada y abrieron decenas de cuentas en bancos panameños para recibir los fondos públicos de Nicaragua.
Parte de los fondos fueron descubiertos en varias instituciones como Banco Continental, Banco Aliado, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Internacional de Costa Rica, Lloyds Bank y Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex).
