Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a un senador de Puerto Rico de haber extorsionado a empresarios locales y extranjeros para recibir pagos y de haber lavado ingresos ilegales, a través de un negocio administrado por uno de sus colaboradores.
El gran jurado del Distrito de Puerto Rico acusó al senador portorriqueño Jorge De Castro Font -quien fue electo al Senado de Puerto Rico en 2004- de 32 cargos de fraude, conspiración para cometer extorsión, soborno y lavado de dinero, por un supuesto esquema mediante el cual los fiscales dijeron que obtuvo entre US$500.000 y US$525.000.
Los individuos pagaron el dinero después de que el senador los amenazara con tomar medidas oficiales para dañar sus intereses comerciales, señalaba la acusación presentada por los fiscales.
El gran jurado también acusó Alberto Goachet, colaborador político de De Castro Font, de los delitos de fraude, un cargo de lavado de dinero y uno de falso testimonio ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
El escrito de acusación, de 52 páginas, señala que entre enero de 2005 y agosto de 2008, durante el ejercicio de su cargo en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, De Castro Font solicitó pagos mensuales a varios individuos, con los cuales pagaba gastos personales. El senador también solicitaba que pagos a cambio de su colaboración en temas legislativos que afectarían los intereses comerciales de esos individuos, señalaron los fiscales.
Cuando los individuos trataron de dejar de realizar los pagos al senador, fueron advertidos por los colaboradores de De Castro Font sobre las repercusiones que tal situación podría generar, de acuerdo con la acusación.
Desde enero de 2005 hasta enero de 2008, De Castro Font supuestamente lavó los pagos ilegales a través de cheques a la orden de un negocio administrado por Goachet utilizando facturas falsas para respaldar los cheques emitidos por los servicios prestados. Los acusados nunca informaron los pagos, como lo requiere la ley, según el escrito de acusación.
Los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión y una multa de US$250.000 por fraude; hasta 20 de prisión y una multa de US$250.000 por extorsión; hasta 10 años y una multa de US$250.000 por recibir sobornos; hasta 20 años y una multa de US$500.000 por lavado de dinero; y hasta cinco años y una multa de US$250.000 por falso testimonio.
En agosto de este año, un gran jurado acusó también al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila y a dos asociados por haber supuestamente recibido US$250.000 en sobornos de empresarios para colaborar con sus intereses, y de lavar los fondos a través de cheques de empresas.
