By Matt Squire
El senador estadounidense Carl Levin presentó un proyecto el jueves, cuyo objetivo es ayudar a las agencies de control legal a identificar a los dueños de las compañías pantalla utilizadas para ocultar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
El proyecto obligaría a los estados a mantener una lista de los dueños beneficiarios de las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada creadas bajo sus leyes y a actualizar anualmente la lista. Las agencias de control legal podrían tener acceso a la información por medio de órdenes judiciales.
“Las autoridades de control legal nos dijeron durante años que necesitaban los nombres de los verdaderos dueños detrás de las compañías para conocer al responsable de las actividades ilícitas, pero no pueden obtenerlos, porque los estados no se molestan en preguntarlos”, indicó Levin, demócrata por el estado de Michigan, en una declaración realizada el jueves. “El proyecto que estamos presentando hoy daría un golpe contra el secretismo corporativo, reforzaría el control legal y frenaría el uso indebido de las compañías estadounidenses”.
La medida también fijaría sanciones civiles y criminales por dar información falsa acerca de la propiedad a las autoridades estatales. Los estados estarían obligados a adoptar las medidas en Octubre de 2011. Las compañías que hacen oferta pública y cotizan en bolsa y sus subsidiarias reguladas por la Comisión de Bolsas y Valores estarían exentas de los requisitos del proyecto.
La propuesta de Levin también obligaría a los agentes de formación de compañías a mantener programas antilavado de dinero. Esa disposición también está incluida en un proyecto presentado por Levin en Febrero de 2007 que prohíbe a las compañías estadounidenses las actividades offshore.
Levin señaló que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional de vigilancia antilavado de dinero, criticó a Estados Unidos en una evaluación realizada en Julio de 2006 por no cumplir con los estándares internacionales para tener la información sobre la propiedad beneficiaria de las compañías. El organismo, cuya sede se encuentra en París, le pidió a los Estados Unidos que solucionara el tema para Julio.
“Estoy decepcionado porque los estados, a pesar de que ya pasó casi un año, no han podido elaborar una propuesta mejor para cumplir con el control legal y la obligación de EE.UU. con el estándar del GAFI referido a la información de la propiedad beneficiaria”, escribió Levin en su carta dirigida a los secretarios de estado.
