Por Brian Monroe
Un regulador financiero debería retirar su caso contra un abogado acusado de encubrir un fraude que llevó a la disolución de un banco de Miami, indicó el jueves un juez administrativo.
La Oficina de Contralor de la Moneda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (OCC, por sus siglas en inglés) dijo en noviembre de 2006 que el abogado de Miami Carlos Loumiet había eliminado evidencia y había hecho declaraciones falsas para ocultar el fraude ejecutivo del ya inexistente Hamilton Bank. El presidente del banco y otros importantes funcionarios fueron enviados a prisión por ocultar US$20 millones en pérdidas de préstamos rusos.
En su decisión de 57 páginas, la jueza administrativa Ann Cook rechazó el argumento de la OCC, indicando que Loumiet no mostró una “conducta temeraria” cuando escribió dos informes vetando transacciones de los ejecutivos del banco relacionadas con swaps de préstamos ilegales.
Loumiet ayudó a preparar las revisiones independientes de los swaps en 2000 y 2001 mientras que la firma de abogados Greenberg Traurig de Miami, concluía que los ejecutivos no habían participado de manera en intencional en actividades ilegales.
La OCC estuvo en desacuerdo y argumentó que Loumiet, quien actualmente es socio de la firma de abogados Hunton & Williams LLP, de Virginia, y el otro autor de los informes, Robert Grossman, intencionalmente retuvieron información que demostraba que los funcionarios del banco “orquestaron transacciones ilegales”.
La OCC, que pedía una multa civil de US$250.000 y que se le inhabilitara para siempre a Loumiet para representar a instituciones financieras, indicó en el expediente judicial que él había tenido acceso a varios documentos, sugiriendo de esta manera que se había cometido un fraude.
Además, Loumiet tenía un conflicto de interés porque Greenberg Traurig le había dado asesoramiento legal a la junta directiva del banco en un caso iniciado por acciones que demandaban a la institución fallida por pérdidas en inversiones, dijo la OCC.
Loumiet, quien ha mantenido su inocencia, afirmó que se basaba en investigaciones realizadas por otros individuos al momento de redactar los dos informes y que la OCC inició el caso para ocultar su propia inacción en el escándalo.
El jueves, el juez resolvió que muchos de los reclamos de la OCC “no tenían mérito” y que algunas de las reglas legales y éticas que Loumiet había violado no existían, fueron inventadas o no estaban “codificadas”.
Tampoco existía un conflicto de interés porque el Hamilton Bank no era un cliente importante de Greenberg o de Loumiet, él no era el asesor legal externo del banco y no tenía ninguna relación personal con ninguno de los ejecutivos del banco involucrados en los préstamos ilegales.
La recomendación de Cook, señalada como una victoria para el abogado de Loumiet, Richman Greer, no da por terminado legalmente el caso si el regulador decidiera proseguir con los cargos contra Loumiet. Un vocero de la OCC no quiso hacer comentarios sobre los planes de la agencia.
La OCC multó a la firma de abogados Greenberg Traurig por US$750.000 el 31 de octubre y a su accionista Robert L. Grossman, que había realizado la investigación con Loumiet, por US$175.000 el 7 de noviembre. Como parte de su acuerdo con la agencia, Grossman acordó no representar a ninguna institución financiera asegurada.
El fallo es una victoria para el proceso de revisión independiente, un medio clave utilizado por los bancos y otras instituciones financieras para revisar las transacciones sospechosas y vetar cualquier programa antifraude y antilavado de dinero, según David Landrum, ex investigador del IRS titular de su propia consultora ALD, Ronin Resources.
La decisión del juez debería ayudar a los abogados, consultores y auditores que realizan revisiones independientes de transacciones sobre las que se sospecha existe fraude o lavado de dinero a estar un poco más tranquilos, dijo, agregando que da “miedo” que el gobierno procese a abogados que realizan esas revisiones y, si no están de acuerdo con su trabajo, les inicie juicio civil o criminal.
Si la OCC hubiera resuelto en contra de Loumiet, muchos abogado podrían concluir que es “demasiado peligroso hacer consultar de casos de lavado de dinero o representar a individuos en esas situaciones”, dijo el experto.
Esa actitud severa de los reguladores en realidad perjudica al objetivo de la Ley de Secreto Bancario, que requiere revisiones independientes de los programas ALD, de acuerdo con lo señalado por Greg Baldwin, integrante de la firma de abogados Holland Knight, de Miami. La decisión judicial en el caso Loumiet podría hacer que otros reguladores piensen dos veces antes de iniciar procesos similares contra los abogados, dijo.
Otro caso contra abogado
En febrero de este año, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó al reconocido abogado de Miami, Ben Kuehne, de lavado de dinero y obstrucción de justicia.
Las autoridades acusaron a Kuehne y a otros dos individuos de ayudar a ocultar el origen de más de US$5 millones en pagos realizados por un narcotraficante colombiano a su abogado defensor Roy Black.
Según las leyes de lavado de dinero, los abogados no pueden aceptar pagos de fondos de procedencia criminal. Kuehne, entre cuyos clientes se encuentra el ex vicepresidente Al Gore y otros líderes políticos, fue contratado por Black desde 2002 a 2003 para verificar la legalidad del origen del dinero que usaría el jefe de narcotráfico colombiano, Fabio Ochoa Vásquez, para pagar sus honorarios profesionales. Por su tarea, Kuehne ganó casi US$200.000, de acuerdo con la acusación. Actualmente el abogado enfrenta 50 años de prisión.
