Por Brian Orsak
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Podría requerir sólo un reporte de noticias de supuesto financiamiento terrorista para dejar a equipos de cumplimiento confusos. Especialmente cuando la fuente de las sospechas es el gobierno estadounidense.
La edición del jueves del Wall Street Journal, citando documentos confidenciales de la ICA, dijo que el gobierno de EE.UU. ha hecho conocer internamente su preocupación acerca de que el Al Rajhi Bank, con sede en Arabia Saudita, haya mantenido cuentas y procesado transacciones para entidades designadas por EE.UU. como pantallas de grupos terroristas. Como resultado de ello, funcionarios estadounidenses han estado debatiendo si deben tomar de acciones contra el banco, informó el diario.
Un vocero de la CIA reconoció la filtración del informe pero rechazó hacer comentarios. Dijo que la publicación de la información clasificada podría socavar los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero.
El informe del debate interno entre las agencias estadounidenses sobre las operaciones del Al Rajhi Bank señala un problema eterno para los profesionales bancarios de cumplimiento: ¿deberían las instituciones financieras considerar esos informes, aunque no estén confirmados, como una señal para dar por finalizadas o limitar las relaciones con una institución financiera no incluida en la lista negra de EE.UU.?
Dado que el gobierno estadounidense nunca designó al Al Rajhi Bank como un riesgo de cumplimiento, las instituciones financieras están abiertamente libres de hacer negocios con el banco. Y el Al Rajhi Bank, uno de los bancos más grandes de Arabia Saudita, que reportó activos por US$28.000 millones en 2006, ha negado repetidamente haber financiado a los extremistas.
Las filtraciones de los informes de la CIA y otros documentos gubernamentales podrían ser el resultado de una disputa política interna en la administración Bush, dijo Craig Hymowitz, abogado de la firma Blank Rome LLP, de Filadelfia, que se ocupa de la regulación ALD. Un sector hace público este caso para obtener resultados que podría no poder obtener en forma interna, dijo.
Pero las filtraciones sobre esas preocupaciones hechas a una publicación de alto perfil como el Wall Street Journal indican que los reguladores “esperarán completamente” que las instituciones financieras modifiquen sus evaluaciones del riesgo, dijo David Caruso, director ejecutivo del Dominion Advisory Group, de Washington, D.C., que ofrece asesoramiento antilavado de dinero (ALD).
“Si las instituciones financieras no pueden mitigar los riesgos, simplemente tienen que decir “No vamos a hacer negocios con el Al Rajhi”, dijo Caruso.
Analizando informes de los medios
Al ofrecer guías sobre el escrutinio reforzado de las entidades extranjeras, el Departamento del Tesoro de EE.UU. recomendó que las instituciones financieras monitoreen e incluyan los informes de los medios en sus programas de cumplimiento. Pero cuando los funcionarios gubernamentales no confirmen los informes como el del jueves, las instituciones financieras deben adivinar para determinar su importancia, dijo Hymowitz.
Los funcionarios de cumplimiento deberían comenzar por considerar la reputación de la publicación, así también como la confiabilidad de las fuentes citadas, dijo. “No todos los informes publicados o las fuentes confidenciales citadas en un artículo tienen que ser tratadas igual”, dijo Hymowitz. Los funcionarios de cumplimiento deberían tener en cuenta si un informe está basado en funcionarios gubernamentales, haciendo de esta forma que el informe parezca más serio o confiable, o de fuentes no identificadas, lo que puede debilitar el impacto del informe.
En el caso del Al Rajhi Bank, el informe “se basa principalmente en fuentes confidenciales o un memorando filtrado, pero hay muchos de ellos”, dijo Hymowitz.
“Las instituciones financieras se encuentran en una especie de zona gris aquí donde el gobierno no les dice claramente ‘Usted no puede hacer negocios con estas instituciones’”, dijo Hymowitz. “Y se vuelve más gris cuando se niegan a hacer comentarios, salvo cuando las instituciones gubernamentales hacen comentarios en forma confidencial”.
Aún cuando el gobierno no haga ningún comentario oficial sobre acusaciones públicas contra una compañía, los bancos que tienen negocios con esta institución “deberían hacer algo evidente”, que muestre una diligencia debida reforzada, dijo John Reynolds III, abogado que se ocupa de temas ALD y las regulaciones sobre sanciones económicas para la firma de abogados Wiley Rein LLP, de Washington, D.C.
“Llame a su regulador”
En el caso del Al Rajhi Bank, los funcionarios ALD de los bancos más grandes deberían priorizar la resolución de cualquier tema nuevo relacionado con el cumplimiento “durante las siguientes semanas”, dijo Caruso, agregando que las instituciones deberían estar trabajar con funcionarios estadounidenses también. “Yo llamaría a mi regulador”, dijo.
Las instituciones financieras pueden optar por limitar ciertos tipos de transacciones con el banco saudita, pero muy posiblemente no dejen de hacer transferencias de fondos, como el procesamiento de transacciones en dólares, dijo Reynolds.
Los bancos pueden decidir aprobar las transferencias intra-compañías para las operaciones comerciales multinacionales con cuentas tanto en EE.UU. como en el Al Rajhi Bank, o procesar la inversión de un fondo de pensión a través del banco saudita porque el riesgo de lavado de dinero o de financiación del terrorismo sería limitado, dijo Hymowitz.
Las compañías posiblemente realicen menos transacciones de montos pequeños a las organizaciones caritativas, sin embargo, dado que las instituciones podrían no poder discernir el propósito y el beneficiario de las donaciones, dijo.
Aquellos que realizan operaciones con el banco saudita deberían preguntar más a la institución acerca de los originadores y los beneficiarios de las transferencias de fondos, una tarea que puede ser difícil de completar en el Medio Oriente, especialmente ya que los oficiales de cumplimiento a menudo tienen dificultades para encontrar información sobre las organizaciones locales, dijo Caruso.
“Si el beneficiario es British Petroleum, eso es mucho mejor que si el beneficiario es una organización de servicio social en el Medio Oriente”, dijo.
¿Terrorista, o proveedor de servicios sociales?
Dado que algunos grupos designados como terroristas, como Hamas y Hizballah, brindan educación y cuidados de la salud a las áreas en las que trabajan, las organizaciones de servicios sociales pueden ser un elemento de confusión para los oficiales de cumplimiento.
En un caso actualmente juzgado en Dallas, los fiscales estadounidenses acusaron a la organización caritativa musulmana Fundación Tierra Santa para la Ayuda y el Desarrollo, ubicada en Richardson, estado de Texas, de entregar US$36 millones a Hamas, una organización incluida en la lista negra del gobierno estadounidense como organización terrorista desde 1995.
Los abogados que representan a la fundación argumentaron que, dado que ninguna de las organizaciones Tierra Santa a las que entregaron dinero a, incluidas otras organizaciones caritativas y un hospital, fueron designadas oficialmente como terroristas, la transferencia de fondos fue legal.
Un vocero del Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que no haría comentarios sobre el juicio a Tierra Santa, y al momento de cierre de esta publicación, no respondió a las preguntas enviadas sobre cómo podrían las instituciones identificar a los grupos vinculados al terrorismo cuando no han sido formalmente designados como tales por el gobierno.
En los casos donde las entidades extranjeras vinculadas al terrorismo no están oficialmente identificadas por el gobierno, la responsabilidad recae en el gobierno, para que defina más claramente las expectativas regulatorias, dijo Reynolds.
“Las instituciones en EE.UU. generalmente tratan de cooperar con el gobierno de EE.UU., pero con frecuencia enfrentan obligaciones legales para no discriminar en otras jurisdicciones en las que operan, por lo que la designación oficial puede ser crucial para que puedan actuar en el exterior”, dijo Reynolds.
Dado que el gobierno controla la información y la designación, no deberían colocar a las instituciones financieras en la posición de tener que adivinar qué quiere el gobierno o enfrentar procedimientos de cumplimiento por haber adivinado incorrectamente, dijo Reynolds.
Pero las instituciones tendrán que evaluar sus riesgos a nivel regional.
“El operar con áreas de alto riesgo en el mundo requerirá una mayor carga de cumplimiento para hacer investigaciones razonables”, dijo Hymowitz. Las instituciones multinacionales más grandes pueden más posiblemente soportar esos riesgos mejor que las instituciones más pequeñas, lo que puede hacer que dejen de operar por un solo procedimiento de cumplimiento”, dijo.
“Es lo mismo que dicen sobre los ataques terroristas: para prevenirlo, hay que estar 100 por ciento seguro del momento, pero un terrorista solo tiene que hacerlo bien una vez”, dijo Hymowitz. “Un banco que termina haciendo operaciones con una supuesta pantalla terrorista está enfrentando un paradigma similar”.
