En agosto de 2013, los reguladores estadounidenses iniciaron una investigación contra el J.P. Morgan Chase & Co. por haber contratado a unos niños que son hijos de un altos funcionarios Chinos, como parte de una estrategia para impulsar su negocio en el gigante país asiático.  Lamentablemente esto no es un caso aislado, ya que es una tendencia de los grandes bancos estadounidenses que es violatoria de lo estipulado en la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA, por sus iniciales en inglés).

     Para burlar las estrictas normas anticorrupción estadounidenses, muchas instituciones realizan contrataciones de familiares o allegados –como niños o esposas- de los funcionarios públicos “bien conectados”, según se desprende de una carta emitida por la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés).

     En marzo de 2014, la SEC le solicitó a grandes instituciones estadounidenses y europeas (incluyendo al Credit Suisse Group, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Citigroup Inc. Y al UBS AG) más detalles sobre las contrataciones de personal hechas en Asia.  

     Los investigadores intentan determinar si las empresas financieras han pagado salarios o entregado artículos de elevado valor a los funcionarios a través de sus familiares o allegados para promover sus negocios. Hasta ahora ninguna de las instituciones investigadas ha sido acusada. 

     Hasta ahora, ningún funcionario estadounidense ha dicho si se adelantan procesos de investigación asociados a este tipo de prácticas en los países latinoamericanos. 

Cumplimiento ALD y Recursos Humanos

     A pesar de que contratar a un familiar de un funcionario público no es algo contemplado como “ilegal” en la FCPA, los expertos consideran que es una movida muy riesgosa de parte de las instituciones financieras que lo hacen. 

     El director del Departamento de Anticorrupción de Bank of America, Turner Herbert, explicó en el Dow Jones Global Compliance Symposium que estamos “en una era sin precedente en el ámbito regulador” en la cual el cumplimiento antilavado tendrá que demostrar si las contrataciones de personal que hagan las empresas en el exterior son basadas en los méritos del empleado. “Lo que levanta las banderas rojas es si [el empleado] no es alguien calificado” para la posición, advirtió el experto. 

     Esto exigiría que el personal de cumplimiento esté más involucrados en los procesos adelantados por los Departamentos de Recursos Humanos, lo cual es algo poco común en la industria financiera. 

     A juicio de algunos expertos, como el abogado Michael Volkov, esto no significa que los bancos no puedan contratar a un familiar de un funcionario público, sino que la contratación tiene que estar bien justificada y fundamentada para demostrar que no es parte de una práctica corrupta.