En los últimos años las autoridades de muchas naciones, especialmente Estados Unidos y de algunos países europeos, han insistido en la necesidad de establecer más responsabilidades civiles, administrativas y penales contra los altos ejecutivos responsables del cumplimiento en las instituciones financieras y grandes corporaciones.
El llamado parece haber sido escuchado por algunas juntas directivas, quienes recientemente han aplicado una medida de castigo ejemplar contra los ejecutivos responsables de fallas normativas, incumplimientos de procedimientos y violaciones de leyes: reducción o eliminación de incentivos económicos.
Las juntas directivas están reteniendo salarios y beneficios de forma equitativa en base a las fallas éticas y se están volviendo menos tolerantes debido al rápido daño reputacional, aseveró a medios estadounidense el académico Richard Leblanc, quien agregó que eso es parte de una tendencia más amplia de compensación “ajustada al riesgo”. “La mejor manera de controlar a la gerencia es afectando sus incentivos salariales”.
El ejemplo inglés
Peter Sands, el director ejecutivo saliente del banco inglés Standard Chartered, está renunciando a un bono multimillonario, después de observar una caída del 30% en las utilidades de la empresa y embarcarse en nuevas medidas de reducción de costos. Otros 4 ejecutivos de la institución también renunciaron a los incentivos salariales.
En total, los ejecutivos rechazaron casi US$ 25 millones en bonos, luego de que el banco se viera afectado por varias malas decisiones comerciales, costos adicionales para fortalecer el cumplimiento normativo y por una multa de US$ 300 millones impuesta por las autoridades estadounidenses por deficiencias antilavado de dinero.
Las farmacias chinas
En otro relevante caso, la junta directiva de la trasnacional farmacéutica GlaxoSmithKline PLC redujo a la mitad el salario de su director ejecutivo, Sir Andrew Witty, luego de que la empresa tuviera que pagar una multa de US$ 500 millones a las autoridades chinas y cinco de sus altos ejecutivos en el país oriental fuesen encontrados culpables de soborno.
La empresa todavía está bajo investigación en otros mercados, como Estados Unidos y el Reino Unido. Este caso sirvió para destapar todo un círculo de corrupción y soborno en la industria farmacéutica china.
Otro ejemplo menos sonado fue el de la reducción del salario aplicado por la directiva de la empresa Rolls-Royce a su director ejecutivo John Rishton, debido a varios escándalos de corrupción y a las pérdidas que esto ocasionó a la firma.
Enemigo No. 1: la corrupción
Además de los incumplimientos de las sanciones internacionales y de las normativas contra la legitimación de capitales, la corrupción pública se presenta como uno de los delitos más relacionados a las sanciones impuestas en los últimos años contra empresas trasnacionales.
El principal recurso legal utilizado por las autoridades en Estados Unidos es la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés). Solo entre enero de 2013 y marzo de 2014, el Departamento de Justicia y la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, por sus iniciales en inglés) colectaron US$ 1.019 millones por violaciones de la norma cometidas en 19 países del mundo.
Uno de los casos en el sector financiero fue el de tres corredores de valores de Estados Unidos que se declararon culpables luego de ser descubiertos por las autoridades de manipular bonos y pagar sobornos a María De Los Ángeles González, una alta funcionaria del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).
Un caso relevante fue el de los sobornos de US$ 24 millones pagados por el gigante Walmart a funcionarios mexicanos. Según las estimaciones de la empresa, el costo asociado a las violaciones de la FCPA entre 2012 y 2013 fue de US$ 439 millones y durante el año fiscal 2015 se esperan unos costos asociados de US$ 240 millones.
