La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero de los últimos tiempos con temas de la Ley de Secreto Bancario .
A través de una petición de la fiscal Cindy Eldridge, el juez Tomas S. Lee ordenó la desestimación de los cargos contra AmSouth Bank que habían sido impuesto al enorme banco regional a través de un llamado “Deferred Prosecution Agreement” (DPA), Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido.
US$50 millones y un DPA
El caso contra el banco con sede en Alabama llevó a la mayor multa jamás impuesta contra una institución financiera en Estados Unidos, US$50 millones. Cuarenta millones de dólares representaron una “prenda” a pagar al Departamento de Justicia. Otros US$10 millones fueron una multa por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en ingles). Estos pagos fueron parte de las condiciones impuestas por el DPA, que expiraba el 13 de octubre de 2005.
La desestimación fue justificada, dijo la fiscal Eldridge, porque AmSouth cumplió con las condiciones del DPA, incluyendo el reconocimiento de la responsabilidad de sus acciones, haber demostrado su futura buena conducta y total cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario y todas las regulaciones, y haber demostrado total cumplimiento con las notificaciones de comparecencia de un gran jurado.
A pesar de que el caso fue pintado por la industria bancaria de Estados Unidos como una representación de la “criminalización” y “secuestro” del proceso regulatorio antilavado, en realidad comenzó con simples cargos de obstrucción de justicia que fueron contemplados contra el banco, sus ejecutivos y abogados en las primeras etapas de la investigación. Documentos de la corte señalan que el banco no cumplió con numerosas notificaciones de comparecencia enviadas por el gran jurado solicitando documentos que el gobierno finalmente encontró y obtuvo a través de otras fuentes. Los documentos, luego se supo, estaban en los archivos del banco y los abogados.
El caso comenzó con obstrucción de la justicia
“Este caso comenzó como un caso de obstrucción de la Justicia, y por acuerdo de todas las partes fue resuelto como un caso relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de reportaje de transacciones sospechosas”, dijo la fiscal Eldridge. “La obligación de presentar informes de actividad sospechosa fue impuesta a los bancos en 1996, pero fue una obligación obviada hasta la promulgación de la Ley USA Patriot de 2001”, añadió.
Eldridge dijo que AmSouth ignoró ocho notificaciones de comparendo de un gran jurado entre 2002 y 2003. La investigación es el resultado de una investigación de un enorme fraude por parte de dos clientes de AmSouth, Louis Hamric y Victor Nance, quienes organizaron un esquema “Ponzi” a través del cual obtuvieron dinero de inversionistas a cambio de la promesa del pago de un interés del 25% anual sobre la inversión. Muchos de los inversionistas habían invertido sus ahorros de toda la vida en Nance, señalan documentos de la corte.
AmSouth no entregó los documentos hasta que se convirtió en blanco de la investigación criminal. Tampoco presentó informes de actividad sospechosa, según el documento.
Ni el banco ni su abogado devolvieron llamadas realizadas por Lavadodinero.com.
Philip Hull, agente especial de la división de investigaciones criminals de la Agencia de Rentas (IRS por sus siglas en ingles), lideró la investigación y viajó muchos kilómetros a través de cuatro estados donde se descubrieron pistas de los delincuentes.
Debido a la queja de los banqueros y similares comentarios de algunos funcionarios del sector regulatorio sobre el trato de AmSouth y la “criminalización” del proceso regulatorio de la Ley de Secreto Bancario por parte del Departamento de Justicia, el manual estándar del Departamento de Justica que gobierna lo que los fiscales federales en Estados Unidos pueden y no pueden hacer sin la aprobación de Washington fue modificado en julio de 2005.
El manual le ajustó las riendas a las 93 oficinas de la Procuraduría de EE.UU.; ahora les obliga a obtener la aprobación del Departamento de Justicia antes de emitir un DPA con un banco o presentar una acusación criminal contra un banco por violación de la Ley de Secreto Bancario.
En los círculos legales federales a esa regla se le ha dado el nombre “La Regla Cindy”.
Acuerdo DPA previo con Banco Popular
El caso de AmSouth no fue el primero en el que Estados Unidos utilizó un “Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido” contra una institución. El 16 de enero de 2003, el Departamento de Justicia impuso el nuevo DPA sobre el banco más grande de Puerto Rico, Banco Popular de Puerto Rico, obligando a la institución a pagar la suma de US$21,6 millones en confiscaciones.
Con esta arma legal, novedosa en el campo del lavado de dinero, el gobierno pudo imponer medidas severas sobre una institución a la vez que mantenía la amenaza de un proceso criminal durante un período determinado si las medidas no eran obedecidas.
El gobierno, en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, acusó a Banco Popular de omitir la presentación de informes de actividad sospechosa de una forma oportuna y completa, violando la Ley de Secreto Bancario (Título 31, USC Secciones 5318(g)(1) & (5322(b) y 31 CFR 103.18). No presentó cargos por violaciones de lavado de dinero.
Bajo el DPA, Banco Popular tuvo que reconocer su responsabilidad por sus acciones, cooperar con los investigadores de EE.UU., demostrar su buena conducta y total cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario, pagar la confiscación y acordar el pago de la sanción civil monetaria por la suma de US$20 millones. El gobierno retiró los cargos luego de un año.
