Por Brian Monroe
Gran Bretaña debe incrementar la cantidad de investigadores expertos y evaluadores de cumplimiento bancarios y adoptar una legislación más severa para mejorar los pobres esfuerzos antilavado de dinero (ALD) en sus territorios en el exterior, según un informe gubernamental publicado el jueves.
El gobierno británico no ha logrado asegurar que sus 14 territorios en el exterior tengan la “capacidad de investigación” requerida para investigar los casos donde existan sospechas de lavado de dinero, según el informe, emitido por un comité parlamentario del Reino Unido que supervisa los gastos gubernamentales.
El informe fue presentado en el momento en que el Reino Unido y la Unión Europea están adoptando medidas agresivas para combatir a los lavadores de dinero y a los terroristas. Eso genera presión sobre las entidades offshore del Reino Unido para que no sean el eslabón débil en la cadena de cumplimiento ALD, dijo Peter Oakes, director de la consultora Compliance Ireland, en Dublín.
Oakes señaló que el Reino Unido podría tener que traer a funcionarios de otros países – como los Estados Unidos o Canadá – para reforzar la dotación de evaluación regulatoria o adoptar programas de capacitación intensivos, una solución más económica tiene una ventaja a largo plazo.
“Uno puede tener todas las leyes del mundo, pero si no las puede hacer cumplir, ¿de qué sirven?, dijo Oakes.
El informe identificó a las islas de Anguilla, Montserrat y Turks & Caicos como las áreas de mayor riesgo de lavado de dinero, indicando que algunas no cumplían con los estándares internacionales ALD en un 25 %.
Si bien esos territorios emplean a más de 1.000 personas en el sector de servicios financieros, solo cuentan con siete personas que tienen la capacidad de investigar delitos financieros, señaló el informe. Los juicios por este tipo de casos son virtualmente inexistentes en los territorios.
Anguilla y Montserrat fueron mencionadas por presentar pocos reportes de operaciones sospechosas, solamente tres en 2005.
Estos territorios “todavía no tienen la cantidad necesaria de experiencia regulatoria para hacer un seguimiento de estos reportes”, declaró Sir Peter Ricketts, secretario permanente del Ministerio Británico de Relaciones Exteriores en una audiencia realizada en diciembre, de acuerdo con lo indicado en el informe.
El Reino Unido está “tratado de aumentar la capacidad en los territorios más pequeños para poder emplear a más reguladores”, lo que podría hacerse con fondos que provengan de aranceles bancarios o decomisos producidos por casos de lavado de dinero, indicó.
Una razón posible para la ausencia de investigadores, indicó Oakes, se debe a demanda global de funcionarios con experiencia, a medida que Estados Unidos, la Unión Europea, China y otras razones refuerzan sus regulaciones ALD.
“Una agencia gubernamental puede promover a una persona varias veces, pero hay pocos lugares en la cima de la pirámide”, expresó, destacando que un experto ALD con experiencia en un trabajo gubernamental posiblemente gane “tres o cuatro veces más en el sector privado”.
El informe señaló que el Reino Unido designó a un especialista regulatorio para colaborar con las jurisdicciones offshore en la modificación de sus leyes, pero concluyó que una sola persona “no es suficiente para atender el nivel del riesgo”.
El informe también sugirió que los fondos entregados a Bermuda, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, que “tienen mucha importancia en el sistema financiero global” y otros fondos asignados para sus propios programas ALD, han sido derivados para pagar los esfuerzos ALD en los territorios más pequeños.
Las agencies investigadoras gubernamentales deben tener más participación en los casos de fraude y lavado de dinero que se originan en los territorios offshore, que se encuentran bajo la soberanía británica, pero que no son parte del Reino Unido, según destacó el informe.
Los procedimientos ALD deficientes en estas jurisdicciones las colocan en situación de estar infringiendo la Tercera Directiva Europea Sobre Lavado de Dinero, que entró en vigencia en Diciembre de 2007.
La Comisión Europea adoptó la directiva en 2005 para elevar los estándares ALD y antiterrorismo de los países miembros y equipararlos con los niveles recomendados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo global de vigilancia ALD.
La directiva requiere que los estados miembros obliguen a las instituciones financieras a adoptar un enfoque basado en el riesgo respecto del cumplimiento. También obliga a ciertos profesionales, entre ellos, los abogados, a identificar a la fuente de fondos de los dueños beneficiarios de las compañías, las figuras políticas y sus clientes.
